A partir de qué momento, en qué plazos, los resultados de las políticas públicas son asumidas en la cuenta de responsabilidades de un gobierno o un grupo político con funciones gubernamentales? Esta cuestión es pertinente a la luz del discurso del presidente en la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural. Ahí, el mandatario reiteró su convicción de que los rezagos sociales y económicos que padece el país ``no son producto de la economía de mercado, sino por el contrario, de los muchos años que pasamos obstaculizándola con políticas estatistas, populistas y paternalistas''.

Que las políticas aplicadas por diversos gobiernos hasta 1982 explican buena parte de nuestros actuales problemas socioeconómicos es algo que, a estas alturas, solamente es puesto en duda por los responsables directos de su diseño y ejecución. Pero tres lustros después de que esas políticas fueron explícitamente abandonadas ¿es válido seguir invocándolas como causa fundamental y casi única del atraso, el desempleo, la inequidad y la pobreza? Quince años equivalen a la mitad del ciclo productivo de toda una generación y es un plazo suficiente para que la política pública que ha prevalecido en este periodo, sea un factor de peso a la hora de analizar las causas de los principales problemas que hoy aquejan a la sociedad y la economía mexicanas.

Véanse, por ejemplo, los asuntos relacionados con la ocupación de la fuerza de trabajo. A finales de 1994 la población económicamente activa del país ascendía a 35 millones 253 mil personas. En el 2000 será de 41 millones 482 mil. Para absorber productivamente este crecimiento se requiere un total de 6 millones 229 mil nuevas plazas de trabajo (un promedio de 1 millón 38 mil por año). Entre 1995 y 1997 la creación neta de empleos (diferencia entre los que se cerraron por la crisis y los que se han abierto posteriormente) fue aproximadamente de 1 millón 600 mil. En consecuencia, en los primeros tres años del actual gobierno se acumuló un déficit de un millón y medio. El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, dado a conocer en junio de 1997, estableció el objetivo de crear un millón de nuevos empleos por año en el periodo 1998-2000. Esta meta es insuficiente para revertir en plazos perentorios el fuerte rezago de ocupación que existe en el país, pero dadas las características demográficas y la estructura económica, es la que se necesita para evitar que siga creciendo la magnitud del problema del empleo.

No obstante, en 1998 sólo se crearán 600 mil nuevos empleos. Así lo informó el secretario de Hacienda en una reunión con diputados de su partido (La Jornada, 26 de abril). Se trata de una mala noticia. Su confirmación marcaría una fuerte diferencia con la meta anual fijada por el propio gobierno que, proyectada hacia el año 2000, indicaría un déficit de por lo menos 2 millones de nuevos empleos en el actual periodo de gobierno. ¿En qué cuenta de responsabilidades técnicas y políticas habrá que cargar este resultado.