Se reunieron con Labastida líderes de las cinco diputaciones

José Gil Olmos Ť Después de una pausa de 17 meses para llevar a cabo la reforma del Estado, las cinco fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados -PRI, PAN, PRD, PT y PVEM- se reunieron ayer en la noche con el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, para discutir quince temas prioritarios, entre ellos el conflicto en Chiapas, las reformas fiscal y política del Estado, órganos de fiscalización y una nueva relación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo federal.

Después de cuatro horas y media, Labastida Ochoa anunció que en 15 días se reunirán con el presidente Ernesto Zedillo para acordar la agenda definitiva, que se discutirá en uno o dos periodos extraordinarios de sesiones.

Según la agenda que se discutió en esta primera reunión a puerta cerrada -en el restaurante del Campo Marte-, para la paz en Chiapas, el PRI propuso como puntos esenciales el apoyo al diálogo y la negociación, la creación de una institución que atienda a los indígenas, cambios a la ley orgánica de la administración pública federal, y un programa nacional de desarrollo para las etnias.

A su vez, la fracción del PRD señaló que para aprovechar el tiempo que transcurra entre el fin del actual periodo de sesiones y el extraordinario, para legislar sobre derechos y cultura indígenas, propuso formar un grupo de trabajo entre la Secretaría de Gobernación y la Cámara de Diputados, y discutir tres puntos esenciales: la evaluación integral del conflicto en Chiapas, desde 1994 a la fecha; establecer una nueva estrategia que permita a los partidos reiniciar el diálogo suspendido en septiembre del 96, y definir acciones concretas que puedan lograr la paz a corto plazo.

A su vez, el Partido Acción Nacional señaló la necesidad de analizar la creación de una zona especial sur-sureste de desarrollo al margen del debate sobre los derechos indígenas.

En el tema de la reforma fiscal, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso tres aspectos: innovaciones impositivas, facilidades a causantes y federalismo fiscal.

Por su parte, el PAN propuso la integración de un grupo de trabajo con representantes de las cámaras de Diputados y Senadores, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de calendarizar foros de discusión de la reforma fiscal y la política económica de Estado.

Mientras, en el caso del presupuesto, sugiere formar otro grupo de trabajo a fin de revisar el formato de aquél y ver la posibilidad de ampliar los tiempos para su discusión, así como la ley de ingresos y miscelánea fiscal.

En este mismo punto, Acción Nacional planteó si habría disposición para modificar la fecha de presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la de la cuenta pública.

Asimismo, propuso considerar la entrega de la capacidad impositiva a los estados en los impuestos al valor agregado, la renta, y tabaco, alcohol y minería.

Sobre la agenda legislativa, mientras el Revolucionario Institucional sólo fijó prioridades y tiempos para la discusión, el Partido Acción Nacional pidió escuchar con anticipación las iniciativas que tenga el Presidente para la reforma del Estado.

En particular sobre la reforma del Estado, el Revolucionario Institucional fijó diversos puntos, entre ellos federalismo, fortalecimiento municipal, seguridad pública, procuración e impartición de justicia, reforma del Poder Legislativo, relación entre los poderes de la Unión y política económica de Estado.

Al respecto, el Partido de la Revolución Democrática propuso integrar tres mesas de trabajo. La primera, una mesa central presidida por el mandatario de la República, con la participación del secretario de Gobernación, y los presidentes de los partidos políticos y de las fracciones parlamentarias. Una mesa de política interior para resolver los problemas políticos. Y otra del Congreso de la Unión, para discutir las reformas legislativas que tienen que ver con la reforma política del Estado.

En ese mismo tema, los del PRD establecieron como puntos de discusión: el incluir en la Constitución las figuras del plebiscito, referéndum, iniciativa popular y participación ciudadana.

Por su lado, el PAN planteó la necesidad del reforzamiento del federalismo, y en particular de los municipios, y fincar un nuevo equilibrio de poderes, fortaleciendo al Legislativo y el Judicial.

En cuanto al órgano de fiscalización, el PRD planteó la necesidad de integrar un grupo de trabajo que busque el consenso entre las iniciativas existentes para reformar la actual Contaduría Mayor de Hacienda. Para ello se habría de fijar un plazo máximo de 30 días para tener una reunión con el Presidente, y evaluar los avances de los grupos de trabajo.

Respecto de lo anterior, el PAN cuestionó si habría disposición de los actores involucrados de negociar la iniciativa de crear un órgano superior de fiscalización.

Al cierre de esta edición estaban reunidos Ricardo Cantú, por el PT; Porfirio Muñoz Ledo y Demetrio Sodi, PRD; Carlos Medina Plascencia, Francisco José Paoli y Juan Miguel Alcántara, PAN; Jorge Emilio González, PVEM; Arturo Núñez y Enrique Jackson, del PRI; Francisco Labastida Ochoa y Jorge Alcocer, por Gobernación, y Germán Fernández Aguirre, consejero jurídico de la Presidencia.