El gobierno, dijo el presidente Zedillo aquel 23 de enero pasado frente a los mayas de Kanasín, ``está de acuerdo con los acuerdos de San Andrés pero no con interpretaciones que atenten contra la soberanía, unidad nacional, ni que pongan en riesgo las libertades y derechos humanos''.

La posición no era nueva, pero esa fue la voz de arranque.

La decisión gubernamental de ``destrabar'' el conflicto chiapaneco estaba en marcha.

Con el paso de los días, los actores del conflicto la irían develando: el envío unilateral de una iniciativa de ley sobre derechos indígenas, una fuerte campaña de medios para acreditar la postura oficial, el intento de ``achicamiento'' de los organismos mediadores, el ataque a la ``injerencia extranjera'' y la mano dura en la zona de conflicto.

Todo, envuelto en una divisa ampliamente difundida en los medios y que se resume con claridad en el instructivo que la Secretaría de Desarrollo Social envió a las radioemisoras indígenas (Ojarasca, 20 de abril de 1998).

De un lado: ``El presidente Zedillo cumple. El secretario de Gobernación cumple. El gobierno cumple''.

Del otro: ``Ellos (el EZLN) provocan. Ellos nos siguen apuntando. Ellos actúan con el rostro encubierto''.

Tres meses y medio después esta divisa se ha traducido en: el incremento de la presencia militar en Chiapas, un buen número de operativos policiaco-militares que han dado más presos a Cerro Hueco que armas decomisadas, dos instancias de mediación magulladas y grupos paramilitares aparentemente fortalecidos.

Todo, gracias a que -como presumió Adolfo Orive en una revista de circulación nacional- el gobierno tiene por primera vez en mucho tiempo una ``ofensiva clara, política y pacífica''.

Ofensiva en la que, además, se aumentan las dosis de dinero para las comunidades chiapanecas, como nunca en los más de cuatro años del conflicto.

Ofensiva aderezada con el silencio de los zapatistas.

Veinte días antes del discurso de Kanasín, un nuevo equipo -el tercero en el sexenio- había llegado a la Secretaría de Gobernación con la ``nueva estrategia'' bajo el brazo.

Al frente, Francisco Labastida Ochoa, hasta entonces titular de Agricultura. Y en un papel fundamental, Adolfo Orive, hasta ese momento secretario técnico del gabinete en los temas de desarrollo social y Chiapas.

Desde sus primeros días en Bucareli, el nuevo equipo comienza a machacar con la necesidad de transformar los acuerdos de San Andrés en ley. Pero la iniciativa demoraría en ser presentada y hoy se encuentra en suspenso por la resistencia de los partidos de oposición e incluso de legisladores del PRI.

Si la decisión de enviar la iniciativa era nueva, no lo era el discurso presidencial que veía en el proyecto de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) riesgos para la soberanía y la unidad nacionales.

En ese sentido argumentó el presidente Zedillo a los miembros de la Cocopa desde finales de 1996.

Además de subrayar el compromiso pacifista del gobierno, y con la idea de aplicar la ley sin distingos, en Kanasín el presidente de la República introduce un ingrediente que más tarde cobraría la forma de expulsiones de ciudadanos extranjeros del territorio nacional. Hay personas de otros países, argumenta, ``directamente involucradas en el conflicto de Chiapas''.

El peso de la ley

El 22 de enero, la SG entrega a la Cocopa un documento donde reduce de 27 a cuatro las ``observaciones'' a la iniciativa del grupo legislativo.

El gobierno pide a la Cocopa evaluar sus observaciones que, advierten analistas, no fueron reducidas sino transformadas en cuatro paquetes que se apartan de los acuerdos de San Andrés en temas cruciales como los territorios, el derecho indígena y la definición de las comunidades como entidades de derecho público.

Los cocopos se dividen frente a la disyuntiva.

Da igual. Al dar a conocer las observaciones, Francisco Labastida deja entrever a los legisladores que, con o sin su evaluación, el Ejecutivo enviaría al Congreso su iniciativa. Dos semanas más tarde lo cumple.

Además de los riesgos advertidos por el presidente Zedillo, ¿qué hay de malo en la iniciativa de la Cocopa?

El problema, según explica Adolfo Orive a observadores internacionales, es otro: ``El proyecto de la Cocopa fue redactado por intelectuales''.

No es el caso, seguramente, de la iniciativa del Ejecutivo, enviada al Senado con el cálculo de que se contaría con la disciplina de los legisladores priístas y el voto del PAN.

Enviada, además, pese a que apenas el 23 de enero Labastida mandó una carta al EZLN donde aseguraba que el gobierno honraría los acuerdos de San Andrés y que ``para tales efectos deseamos encontrar una fórmula jurídica que deje satisfechas a ambas partes''.

Esa ``fórmula jurídica'' parece haberse transmutado en política con la apuesta de la iniciativa unilateral que, sin embargo, no entró sola, porque el PAN se adelanta presentando una propuesta un día antes que el gobierno.

El sábado 18 de abril, La Jornada publica una nota que informa de un acuerdo entre la SG y los panistas para aprobar las reformas indígenas. Las dos partes lo niegan rotundamente.

Pero lo que sí aceptan en Gobernación es lo obvio: el PAN es el fiel de la balanza para la aprobación de la iniciativa. ``Nosotros queremos coptarlo igual que el PRD lo desea'', dice un alto funcionario de Bucareli.

Según legisladores priístas van por buen camino, porque entre las iniciativas del PAN y del Presidente hay un 90% de coincidencias.

En las últimas semanas, las dirigencias del PAN y del PRD han sostenido contactos para discutir una ``tregua legislativa'' que abriera el camino para llegar a reformas de consenso.

El PAN quiere poner plazos y el PRD se resiste.

Al escenario se habían sumado los 18 senadores priístas del Grupo Galileo, quienes demandaron justamente una tregua legislativa para tener una discusión de más tiempo.

La estrategia gubernamental se ha enredado en un Congreso que ya no dice sí al Presidente en todos los casos.

Con la prolongación del debate y la posibilidad de un acuerdo entre PAN y PRD, la eventual aprobación de la iniciativa presidencial parece estar destinada a un periodo extraordinario del Congreso.

Aunque el Ejecutivo tenga prisa, como quedó claro con la exigencia presidencial del pasado miércoles de que el Congreso asuma su ``responsabilidad republicana'' y vote las iniciativas sobre derechos indígenas y el paquete financiero.

Mediadores incomodos

De ``factor de solución'', la Conai ha pasado a ser -en el discurso y los hechos del gobierno- una aliada del EZLN, impedida para la mediación por su ``parcialidad'' y, más aún, una instancia que promueve la injerencia extranjera en Chiapas.

Ciertamente, en una de sus primeras declaraciones como titular de Gobernación, Labastida ubicó al obispo nacido en Guanajuato como ``un factor de solución''.

La cortesía duró poco.

Por eso a nadie extrañó que el 3 de abril, un viejo conocido del obispo Ruiz, Adolfo Orive, dijera en una estación radiofónica que el prelado ``tiene intereses personales'' en Chiapas e incluso le aconsejara dedicarse a la educación y no a la política.

El tono había comenzado a ser rudo desde que, a mediados de febrero, Emilio Rabasa acusó a la Conai de ``desnaturalizar su papel''.

Una semana después, la SG pasó a los hechos al expulsar del país al párroco Michel Chanteu. No importó que unos días antes la propia dependencia, en voz del subsecretario Fernando Solís Cámara, hubiera asegurado que ninguno de los sacerdotes de la diócesis realizaba actividades no autorizadas.

Los ataques al obispo y a la Conai se sucedieron uno tras otro.

Un alto jefe militar lo acusó de estar ligado al EZLN y en los medios menudearon las declaraciones en su contra de parte de organismos empresariales e incluso eclesiásticos.

La rudeza contra el obispo estaba lejos de ser una posición oficiosa: ``Hay una obvia simpatía del señor Samuel Ruiz hacia el EZLN, en particular al señor Guillén... La Conai perdió neutralidad, no sé si en algún momento la tuvo'', dijo Francisco Labastida el 29 de marzo.

Labastida fue más allá cuando ofreció, el primero de abril, ``determinar en los próximos días si la Conai permanece''.

¿La Conai enfrenta sola el fuego de Bucareli?

El martes pasado, la Conferencia del Episcopado Mexicano, que agrupa a los obispos del país, acordó ofrecer una ``intermediación más amplia'' para el conflicto chiapaneco.

El cardenal Juan Sandoval Iñiguez explicó que no se trataba de reforzar a la Conai que preside Samuel Ruiz, sino que `` va a ser mucho más amplia porque va a estar patrocinada y auspiciada por el Episcopado''.

En algunos sectores del gobierno esta decisión puede leerse como una descalificación de la Conai y su presidente. Pero otros seguramente la ven como un cierre de filas de la jerarquía católica frente a los ataques del gobierno a uno de sus integrantes.

La segunda lectura se apoya, por ejemplo, en la defensa que el nuncio apostólico, Justo Mullor, hiciera del obispo Ruiz luego de una reunión, el 22 de marzo, con Francisco Labastida. Al siguiente día del encuentro, Mullor criticó ``la tendenciosa campaña'' en contra de Samuel Ruiz.

Otro de los saldos del maltrato a la Conai, advertido por actores como el senador priísta Pablo Salazar, es que pueda ser interpretado, en Chiapas, como ``una orden de jalar el gatillo'' contra el obispo, quien ya sufrió un atentado.

Como alternativa intermedia, en Bucareli barajan la posibilidad de ``reglamentar'' las actividades de la Conai y de ``ampliarla'' porque es ``demasiado homogénea''.

El matiz es importante: en la óptica de la SG, el obispo Ruiz tendría que seguir al frente ``porque es la única persona a la que le tienen confianza los zapatistas''.

La coadyuvancia desautorizada

Apenas una semana antes de que Gobernación pidiera a la Cocopa que evaluara las cuatro observaciones, el panista Luis H. Alvarez advirtió de un ``eventual debilitamiento de la coadyuvancia y la mediación''.

El 23 de febrero, la Cocopa pidió al EZLN una entrevista y le dijo que ``rechazar cualquier encuentro con nosotros, contribuye a ese lamentable propósito'' de debilitamiento.

A la llegada de Labastida y Orive a Bucareli se acordó con la Cocopa y la Conai fortalecer ambas instancias; a la postre los hechos demostraron lo contrario.

``Tenemos serias observaciones sobre el proyecto de ley, se desvía de los acuerdos de San Andrés'', dijo Labastida el 7 de febrero.

La Cocopa rechazó que su iniciativa se apartara de los acuerdos y entonces Labastida matizó: ``¿Qué tiene de ilegítimo que el gobierno proponga dialogar sobre los puntos que considera ambiguos en el proyecto de la Cocopa?''

A mediados de marzo, Adolfo Orive llegó a declarar que ``la Cocopa no estaba autorizada para hacerlo'' (el proyecto de iniciativa) y consideró que las observaciones del gobierno eran a ``cuatro puntos vagos'' de la iniciativa de los legisladores.

De aprobarse la iniciativa gubernamental, miembros de la Cocopa aseguran que seguiría la derogación de la Ley del Diálogo de 1995 y, en consecuencia, la disolución de la comisión legislativa.

Luego, coinciden integrantes de la Cocopa, el gobierno buscaría la aprobación de una ley de amnistía que incluiría a todos los grupos armados que operan en Chiapas. El EZLN rechazaría acogerse a ese ordenamiento y el cerco se cerraría.

Otra opción que barajan en la SG es propiciar que la Cocopa pueda tomar sus decisiones por votación y ya no por consenso, como ha sido desde su creación.

El achique: de Del Valle a Labastida

La lógica de Gobernación parecería indicar que si hay una Conai más grandota, la figura del obispo Ruiz se reducirá.

Eso fue lo que, hace más de dos años, el integrante de la delegación gubernamental Jorge del Valle definiera en su tesis del ``achicamiento''.

Del Valle declaró: ``Con el presidente Zedillo se registra una perspectiva de reducción del conflicto... en lo territorial, en lo social, en lo político local. Esta lógica estratégica consiste en darle a los actores del conflicto el tamaño que tienen: no regateárselo, pero tampoco exagerarlo.

``Eso es lo que ha pasado con el EZLN, la Conai... y con otros. Es una lógica de reducirlos hasta que tengan su tamaño real'' (El Nacional, 4 diciembre de 1995).

El nuevo equipo de Gobernación, en charlas informales, le llama ``poner a todos los actores en su justa dimensión''.

La Conai y la Cocopa han recibido lo suyo.

¿Y el EZLN?

En una entrevista por televisión, el secretario Labastida se encargó de ponerlo en su ``tamaño real'': ``Su núcleo central es de 300 a 500 gentes'', dijo.

Es decir, un grupo ``relativamente pequeño''. Pero resulta que, según el propio secretario, las bases de apoyo del EZLN son ``¡unas 60 mil personas''!

Ganar los medios

El gobierno, se diagnosticó en los escritorios de Bucareli, tiene perdida la batalla de la opinión pública. Y entonces se hizo la ofensiva de medios.

El nuevo tono incluso alcanzó al presidente Zedillo, quien declaró al periódico venezolano El Nacional que el EZLN es ``el principal grupo paramilitar'' que actúa en Chiapas.

La definición presidencial es congruente con el tono utilizado por el equipo de Gobernación, pero se encuentra muy lejos de la definición de la ley: el EZLN es ``una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó por diversas causas y se involucró en el conflicto'' (Ley para el Diálogo, la Concordia y la Paz Digna en Chiapas, 9 de marzo de 1995).

Para ganar a la opinión pública, la SG ha empleado un tono rijoso y se ha empeñado en no dejar ni un balón suelto. Desde el secretario a los directores generales, los funcionarios de Gobernación han sido prolijos en declaraciones.

Los funcionarios de Gobernación han invertido largas horas en explicar detalles de los comunicados de la misma dependencia.

Además de Labastida, Orive y Rabasa, la SG ha tenido declarantes menores, aunque no menos beligerantes. Ese papel han desempeñado servidores públicos como el director jurídico, Miguel Covián; el director del Instituto Nacional de Migración, Alejandro Carrillo, y Sergio Orozco Aceves, director de gobierno.

No han parado.

El 13 de abril, sólo como muestra, cuatro funcionarios de la SG declararon lo mismo a ocho estaciones de radio.

La batalla de los medios se ha completado con machacones anuncios de Tv donde se insiste en que ``el gobierno cumple los acuerdos de San Andrés''.

El extraño enemigo

Otro flanco de la estrategia del gobierno es desarticular al ``zapatismo extranjero'' y así aislar aún más al EZLN.

La advertencia de Kanasín comenzó a cobrar forma el 10 de febrero con la expulsión de la estadunidense María Bullitt Darlington. Las expulsiones siguieron hasta llegar a 28 casos.

A varios extranjeros se les aplicó el artículo 33 constitucional, que en el pasado reciente se usó con el capo de la droga Juan García Abrego.

En todos los frentes, el gobierno ha insistido en que México está lejos de ser un país xenófobo, pero los funcionarios andan con afanes de pulcritud: ``Hay que limpiar la casa'', dicen.

El 12 de febrero, el subsecretario Fernando Solís Cámara dijo que en Chiapas hay más de 4 mil extranjeros. Unos días después fue invitado estelar en el programa Hablemos Claro, de Lolita de la Vega. Tras observar las imágenes presentadas por la helicoptérica conductora, Solís Cámara lanzó un suspiro: ``Lolita, qué bueno que nos muestras estas imágenes''.

Chiapas en Chiapas

Las acciones que se cocinan en el centro del país se acompañan de otras, igualmente unilaterales, en Chiapas.

En este costal se encuentran diversas acciones del gobierno.

Un punto fundamental son los recursos para programas sociales. Este año habrá mucho dinero en Chiapas.

Pero según organizaciones campesinas chiapanecas, los créditos y los acuerdos agrarios están condicionados al apoyo de cada comunidad al gobierno estatal.

Se va a crear dentro de unos días el ``Fondo para el Desarrollo en las Cañadas''. Los recursos, afirman líderes campesinos, estarán destinados a apoyar al PRI, a la ARIC-Orantes (grupo afín al coordinador de asesores de Gobernación) y a la CNC.

``Están bloqueando todo el acuerdo agrario que se firmó, los apoyos de Sedesol y los proyectos productivos'', denuncia Porfirio Encino, de la ARIC Independiente.

Otro punto será la redistritación y remunicipalización del estado, que el gobierno de Julio César Ruiz Ferro intentó sin éxito y que estaría destinada a desarticular los 38 ``municipios autónomos'' del EZLN.

La estrategia supone un avance caso por caso. ``En Taniperlas la circunstancia del municipio autónomo fueron los extranjeros y se procedió a eliminarlo'', explican en Gobernación.

Aunque no aclaran que el ``municipio autónomo'' no fue erigido el 10 de abril pasado, cuando sucedió la incursión policiaco-militar, sino en una fecha tan lejana como el 19 de diciembre de 1994.

Otro punto es la promoción de la inversión privada fuera de la zona de conflicto, dando incentivos a los empresarios, como la exención de impuestos.

Y algo más: el regreso al estado de derecho a través de medidas como hacer efectivas 40 mil órdenes de aprehensión pendientes en Chiapas.

El futuro

En la semana que termina, el coordinador para el diálogo, Emilio Rabasa, demostró que lo quiere todo sin ceder nada. Así, pidió al EZLN regresar al diálogo: ``La mejor señal de voluntad que puede dar, es retirar las cinco condiciones que puso para retornar a la mesa de negociación e incorporarlas a la agenda de discusión''.

Muy sucintamente, en sus cinco punto el EZLN demandaba la libertad de presos, un negociador gubernamental con capacidad de decisión, la instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación, el cumplimiento de los acuerdos de la mesa 1 Derechos y Cultura Indígenas y el compromiso de lograr acuerdos en la mesa II, y desmantelamiento de los grupos paramilitares.

La mecha

El coordinador de asesores de Gobernación no es optimista sobre la posibilidad de que el EZLN se vuelva a sentar en la mesa del diálogo.

Como van las cosas, es probable que tenga la razón.

Algunas voces consideran que de aprobarse la iniciativa del gobierno se estaría abriendo la puerta a la guerra.

``Mi gobierno no se manchará las manos de sangre indígena'', ha respondido el presidente Zedillo.

Pablo Salazar, el senador priísta y cocopo, le da la razón a su manera: ``Si el gobierno no tiene la capacidad para hacer la paz, tampoco tiene la fuerza para hacer la guerra'' (La Jornada, 23 de abril).

Sin embargo, no habría que olvidar lo dicho por el secretario Labastida en su tercer día en Bucareli: ``Chiapas es como una caldera de bruja, la mecha es corta''.

¿Esa mecha ha sido apagada por el nuevo equipo de Gobernación?

Muchos creen que la ha hecho más corta. (Jesusa Cervantes, Jesús Ramírez y Arturo Cano).

El nuevo equipo de Gobernación

Muertos

Este año han sido asesinados 28 indígenas y campesinos en Chiapas. Entre ellos Rubicel Ruiz Gamboa y Antonio Gómez Flores, dirigentes de la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco; José Tila López y Trinidad Cruz, indígenas que denunciaron violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Civil Internacional.

Además, han muerto por lo menos 17 niños, nueve mujeres y diez hombres en los campamentos de refugiados en Chenalhó por hambre, enfermedades curables y ``tristeza''.

El último deceso de un desplazado ocurrió esta semana en Acteal.

Heridos

Han resultado heridas 25 personas en acciones de grupos paramilitares, incursiones del Ejército Mexicano y la policía estatal. Además, en emboscadas y enfrentamientos han sido heridos al menos cinco policías y soldados.

Presos

Han sido encarceladas 45 personas en operativos de soldados y policías en comunidades indígenas y poblados rurales, todas ellas consideradas presas por motivos políticos, incluidos los 16 detenidos en Taniperlas. Además, están los 89 integrantes de la Unión Nacional Lombardista que liberaron a los presos del penal de Ocosingo el 6 de marzo, y los ocho aprehendidos en La Hormiga en abril. Todo, sin contar los más de cien detenidos por la matanza de Acteal.

Desalojos

Han sido desalojados unos 20 prediosocupados por campesinos.

Expulsados

Este año han sido expulsados 28 observadores extranjeros ``por inmiscuirse en asuntos internos del país''. Entre los expulsados destacan el párroco Michel Chanteau y Tom Hansen, ex director de Pastores por la Paz. ``Son agentes oscuros externos'', dijo Roberto Albores Guillén.

``La repetida deportación de extranjeros izquierdistas no resolverá los cuatro años de conflicto que se vive en Chiapas'' (editorial de Los Angeles Times del pasado 15 de abril)

Incremento de la presencia militar

Después de la matanza de Acteal, la presencia militar ha crecido. Oficialmente la tropa del Ejército Mexicano destacada en Chiapas aumentó en 5 mil efectivos y llegó a 37 mil 500 soldados. Sin embargo, la Comisión Nacional de Intermediación calcula en 70 mil los efectivos castrenses destacados en Chiapas.

Hay unos 250 campamentos y cuarteles militares y policiacos. En 1995 había 74 y en diciembre de 1997 se contaron 209 destacamentos castrenses.

La presencia y la acción del Ejército Mexicano y de la Policía de Seguridad Pública se han modificado de acuerdo al nuevo esquema. En decenas de retenes fijos y móviles los Batallones de Operaciones Mixtas (con policías y soldados) aplican la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Acciones militares y policiacas

En estos cuatro meses se han realizado más de 300 incursiones militares en comunidades y pueblos. Un promedio de tres por día. Ha habido por lo menos unos 330 sobrevuelos de aviones y helicópteros militares sobre comunidades zapatistas y cabeceras de municipios autónomos en poco más de un mes.

En abril se han llevado a cabo cuatro grandes operativos con participación de soldados, policías estatales, judiciales, agentes de migración y hasta policías de caminos (en La Hormiga, San Cristóbal; dos en Taniperlas, Ocosingo, y en la comunidad 10 de Abril, Altamirano).

``Veo que en Chiapas hay una enorme ocupación del Ejército contra su propia gente, mucho mayor que en Bosnia'' (Ramsey Clark, ex procurador de Justicia de Estados Unidos, 31 de marzo de 1998).

Municipios autónomos

Antes de Labastida: 38.

Después: 37 (luego del desmantelamiento de uno en Taniperlas).

(Según fuentes de la SG solamente 11 de los 38 ejercen realmente acciones de municipios autónomos).

Con dinero no se arregla, pero...

Inversión federal en Chiapas en los primeros tres años del sexenio:

55 mil 777 millones de pesos.

En 1998:

28 mil millones de pesos.

Inversión en 42 municipios de la zona de conflicto:

1 millón 939 mil dólares del Fondo de Población de Naciones Unidas.

(Fuentes: Discurso del presidente Zedillo del primero de octubre de 1997, SG, Sedesol y gobierno de Chiapas).

Con retraso, mucho retraso, el gobierno se dio cuenta dónde iba perdiendo con el EZLN... en Internet.

Diecisiete meses después de que los zapatistas hicieron su aparición en el ciberespacio conectándose al mundo, el gobierno federal decidió entrarle.

Los medios ``eran espacios ocupados por el EZLN y teníamos que entrarle pero nos llevan ventaja'', dicen en Gobernación.

Ya desde 1995, José Angel Gurría, entonces secretario de Relaciones Exteriores, consideraba que el conflicto de Chiapas era ``una guerra de tinta e internet''.

El pasado 18 de abril, en declaraciones al diario chileno El Mercurio, el presidente Ernesto Zedillo dijo que ``estamos sujetos a toda esa campaña calumniosa, a la guerra de Internet'' del EZLN.

Unas semanas antes, la Secretaría de Gobernación había abierto un nuevo frente de batalla.

Las armas

Fecha de apertura de las páginas

Secretaría de Gobernación: 25 de febrero de 1998.

EZLN: 6 de octubre de 1996, en su nueva versión.

Visitantes

Gobernación: 19 mil 678.

EZLN: 292 mil 128.

Ventanas

Gobernación: siete.

EZLN: ninguna.

Ligas a otras páginas

Gobernación: SRE, PGR y Presidencia.

EZLN: Diócesis de San Cristóbal, Centro de Derechos Humanos De las Casas, FZLN, Enlace Civil, Estudiantes de Chiapas, Servicio Internacional para la Paz.

Idiomas

Gobernación: español, inglés, francés, italiano y alemán.

EZLN: español, inglés y francés, con ligas a páginas en varios idiomas más.

Características de las páginas

En la página del EZLN cuentan más las palabras. Es un sitio de textos fijos.

La SG tiene simbolitos que titilan y una ventana donde desfilan las palabras, bajo el título ``Para estar al día''. Ahí, de manera ininterrumpida, aparece la leyenda ``el gobierno cumple los acuerdos de San Andrés''.

Ahí mismo desfilan, y si se hace click se puede entrar al texto, la iniciativa presidencial sobre derechos indígenas, los discursos de Emilio Rabasa y diversos comunicados contra la Conai.

La página de Bucareli tiene también un apartado especial sobre Chiapas que no deja de centellear. Contiene todo: comunicados, los acuerdos de San Andrés, informes de la PGR sobre Acteal (con versiones en italiano y alemán).

Del otro lado, el EZLN juega con tres apartados: notas sobre Chiapas, sus comunicados y todo lo que usted desee saber sobre el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés por parte del gobierno (incluye un comparativo de la propuesta de la Cocopa, observaciones del gobierno e iniciativa presidencial).

La página de Gobernación tiene un apartado de ``Información relevante'', donde el cibernauta es remitido a artículos de Jorge Hernández Campos, Federico Reyes Heroles, Leopoldo Zea y Netzahualcóyotl de la Vega.

El sitio zapatista contiene documentos del Congreso Nacional Indígena y de innumerables organismos de derechos humanos.

Por lo demás, a través de la página del FZLN se obtienen ligas por lo menos a 32 sitios de todo el mundo agrupados bajo el nombre de Zapatistas en el ciberespacio. (Jesusa Cervantes).

``Si no eres priísta y no apoyas al gobernador Albores, sólo puedes esperar la cárcel de Cerro Hueco o desaparecer'', denuncia Juan Vázquez, integrante del Concejo Municipal de Ocosingo. El indígena tzeltal resume así el momento presente: ``El gobierno está fomentando el odio entre hermanos, reprime a la oposición y pretende llevarnos a una guerra civil''.

La ocupación militar del ejido Taniperlas, en la región Agua Azul de las cañadas, sede del municipio autónomo Ricardo Flores Magón, ha marcado el inicio de una nueva escalada en el conflicto.

``El gobierno está midiendo la capacidad de respuesta de la sociedad y de las bases de apoyo del EZLN. Si logran su objetivo de implantar el terror, se ampliará la ofensiva a otros pueblos y regiones'', denuncia Porfirio Encino, dirigente de la Asociación Rural de Interés Colectivo-Independiente (ARIC-I).

El 11 de abril el gobierno estatal declaró la guerra a los municipios autónomos zapatistas. Después de Taniperlas, los operativos se han extendido a varios municipios, además de que policías estatales y soldados ``rastrean'' a 40 extranjeros que se encuentran en una ``lista negra'' de Gobernación.

En las comunidades, con esta excusa se detiene a campesinos, se les interroga y hasta se les tortura, como en el caso del joven José Alfredo López Méndez, del ejido 10 de Abril.

Porfirio Encino argumenta: ``El gobierno del estado confunde el control priísta con el orden constitucional y la llamada aplicación de la justicia es el pretexto que utiliza para justificar la represión política a la oposición y la expulsión de observadores internacionales''.

Según Encino, ``la política de coptación del gobierno no funcionó para doblegar al movimiento democrático; ahora le está apostando a la fuerza. Por eso intervienen el Ejército federal, la Policía de Seguridad Pública y los priístas armados.

``El gobierno fortalece a los priístas con todo el peso del Estado, utiliza los recursos públicos en su favor. Aumentan las presiones para que los simpatizantes de la oposición se pasen al PRI. Les dicen a las comunidades: si quieres mejorar, tener créditos, ven con el PRI, si no aceptas, pues te vamos a chingar'', argumenta Encino.

La nueva estrategia represiva abarca a toda la oposición, desde el EZLN y el PRD, hasta las ONG y organizaciones campesinas independientes.

Gustavo Zárate, dirigente de la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco (AEDPCH), explica: ``Como el movimiento social se mantiene y sigue respaldando la lucha enarbolada por el EZLN, entonces el gobierno decidió llevar a cabo otra política: la represión, la coerción, el asesinato; es una ofensiva para controlar y si no se puede controlar, desaparecer. Es una vuelta de tuerca''. (Jesús Ramírez).