Felipe Calderón Hinojosa y Andrés Manuel López Obrador parecen haber empeñado parte de su capital en este nuevo intento de apurar el diálogo nacional para la reforma del Estado.
El tema ``paraguas'' es, por supuesto, las condiciones en que llegaremos a las elecciones del 2000. Hacia allá apunta el esfuerzo opositor. Y también las dudas: ¿terminará la historia de pactos rotos o inacabados entre el PAN y el PRD?, ¿se vencerán las resistencias que existen en ambas fuerzas?, ¿de qué tamaño será el empeño del gobierno para evitar el acuerdo?
A poco más de dos años de la elección presidencial del 2000, ni el tan ansiado ``Pacto de la Moncloa a la mexicana'', ni los intentos locales por fraguar una ``Coalición del Olivo'' acaban por concretarse.
A las naturales resistencias para pactar un acuerdo que sepulte al actual sistema político, se ha sumado la falta de consenso entre las fuerzas opositoras.
El último llamado para construir un acuerdo de gobernabilidad que restaure el camino de la negociación en el conflicto chiapaneco y posibilite un diálogo nacional sobre los temas pendientes de la reforma del Estado, hecho por Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional del PRD, es el colofón a una serie de exhortos lanzados tanto por ese partido como por el PAN en los últimos cuatro años, para concretar la culminación de la transición política.
En el camino, ha habido iniciativas unilaterales que no han cuajado.
Ahora con el tema de Chiapas como centro de confluencia, el acuerdo PAN-PRD tiene la mira puesta en la elección federal del 2000, pero podría traducirse en un pacto ``de largo alcance'', que lleve a ambos partidos a vencer las inercias oficiales y concretar la reforma del Estado pendiente.
Caminaría de la mano con la alianza no declarada de sus fracciones parlamentarias, para someter a juicio político a los gobernadores Roberto Madrazo, de Tabasco; Jorge Carrillo Olea, de Morelos, y Víctor Cervera Pacheco, de Yucatán.
Este nuevo ensayo, que se da gracias al ``clima cordial y de colaboración'' que han logrado construir en lo personal López Obrador y el presidente del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, parece estar marcado por la suerte que han corrido las iniciativas anteriores.
Y será sometido a duras pruebas. Chiapas es una. Pero también el paquete de reformas financieras tiene un papel fundamental.
Además, se ha visto amenazado por la ruptura de un acuerdo institucional, por el que debieron mantenerse en secreto las cartas que intercambiaron ambos líderes partidistas.
Con todo, este nuevo intento ha hecho resurgir con fuerza -al interior de esos partidos- el debate sobre la construcción de un acuerdo político que establezca bases firmes de convivencia política antes de la elección presidencial.
Chiapas y las indiscreciones
A finales de marzo pasado, después de su Congreso Nacional, el comité nacional del PRD fijó el tema de Chiapas como el punto prioritario de su agenda. El PAN y el Ejecutivo federal ya habían enviado sus iniciativas de ley sobre derechos y cultura indígenas.
El 27 de marzo, en Cuernavaca, el CEN perredista hizo el siguiente diagnóstico: Si continúa, la dinámica de los acontecimientos desaparecerá la Cocopa, la iniciativa presidencial será aprobada, sólo con pequeñas variaciones, se derogará la Ley del Diálogo de 1995 y se expedirá una ley de amnistía para desarmar a los grupos paramilitares, con el consiguiente cerco al EZLN. Todo, en preparación de la vía militar.
En esa ocasión, López Obrador lanzó la propuesta de contactar al PAN para pactar una salida concertada, a fin de salvar a la Cocopa y ponerse de nuevo en la ruta de los acuerdos de San Andrés. El líder perredista fue autorizado a establecer contactos formales.
El acuerdo fue tajante en dos aspectos: se dio un ``voto de confianza'' a López Obrador para que estableciera los canales de comunicación con Calderón Hinojosa y se pactó un ``voto de silencio'', para que el asunto no trascendiera públicamente.
Pero ese acuerdo se vio frustrado por sucesivas indiscreciones.
El lunes 13 de abril, luego de la sesión del CEN perredista, integrantes de ese órgano confiaron a los reporteros de la ``fuente'' que López Obrador y Calderón se entrevistarían.
En el CEN del PAN, los integrantes de ese organismo recibieron, de manos de Calderón, copia de una carta del perredista, fechada el 7 de abril. El miércoles 15, por la mañana, Calderón Hinojosa ordenó a Juan Ignacio Zavala, encargado del área de información, que elaborara un boletín de prensa para informar que había dado respuesta a la carta de López Obrador.
Horas más tarde, dio la contraorden de sustituir el boletín por copias de su carta y ``aguantó'' la misiva del líder perredista. Ese texto sería filtrado al día siguiente en la sede del PRD, dando paso a la molestia de algunos líderes perredistas que advirtieron que el PAN querría sabotear el acuerdo.
La propuesta de acuerdo que López Obrador puso a consideración del PAN contiene varias novedades, respecto de las anteriores iniciativas, como que el Congreso de la Unión se convierta en el escenario de los ``diálogos nacionales'', discusiones en todo el país, que el documento -además de establecer la agenda de la reforma del Estado- hiciera un llamado de apego a la legalidad y en defensa de la soberanía nacional y que la agenda de discusiones fuera tan amplia ``como las necesidades lo requieran''.
El sábado 18, en el Consejo Nacional del PAN, la discusión sobre el Acuerdo Nacional salió de la orden del día, para abrir espacio al debate sobre la permanencia del PAN en la Cocopa, que se ratificó luego de una argumentación del senador Juan de Dios Castro.
Pero indirectamente se tocó el tema de un pacto con el PRD, a propósito de una información divulgada por La Jornada, que daba cuenta de ``acercamientos'' entre dirigentes panistas y funcionarios de la Secretaría de Gobernación que habrían acordado acelerar la aprobación de la ley indígena.
En esa coyuntura quedó definido quiénes dentro del PAN están contra un eventual acuerdo con el PRD: fundamentalmente los grupos identificados con Carlos Castillo Peraza, Diego Fernández de Cevallos y Luis H. Alvarez, así como las delegaciones de los estados de Chihuahua y Jalisco.
Al final, de los resolutivos del Consejo panista fueron retirados dos apartados: uno, en favor de la ``prórroga legislativa'' propuesta por el PRD y la aceptación del Acuerdo de Gobernabilidad lanzado por López Obrador.
Sobre el aplazamiento del trámite legislativo, se planteó considerarlo sólo si los perredistas revocaban públicamente su decisión de no participar en la votación de las iniciativas que llegaron al Senado. Eso sí, quedó asentado un mandato expreso al CEN panista para continuar con las negociaciones con su contraparte.
Conocido el ``no'' panista, el lunes 19, el CEN del PRD decidió ir adelante con su iniciativa política y ordenó a López Obrador enviar una misiva al presidente Zedillo -la séptima del año-, para convocarlo a participar en el Acuerdo Nacional.
En su carta al presidente Zedillo, López Obrador detalla la propuesta del PRD para reanudar el diálogo entre el gobierno federal y el EZLN. Algunos puntos básicos son la aprobación de la propuesta de la Cocopa y el cese de acciones armadas.
A cambio, el PRD se compromete a hacer un ``serio llamado'' al EZLN para que retorne a los diálogos.
Relaciones peligrosas
En abril de 1996, Felipe Calderón Hinojosa visitó a López Obrador en el PRD. Semanas antes el perredista había documentado el dispendio de recursos en la campaña de Roberto Madrazo. Felipe y Andrés Manuel platicaron más de dos horas.
El panista prometió apoyar la demanda del PRD contra Madrazo y hacer gestiones ante el entonces procurador, Antonio Lozano Gracia, para que la PGR diera curso a la denuncia penal.
Tres meses después, el perredista ganó la elección interna y se convirtió en el cuarto dirigente nacional de su partido. López Obrador y Calderón prosiguieron con sus contactos, aun en los periodos de ruptura.
En esta etapa, el primer altercado entre panistas y perredistas ocurrió a mediados de agosto de 1996, cuando López Obrador echó por tierra el compromiso para designar al fiscal especial del caso Colosio.
Al mes siguiente vino un ríspido escarceo epistolar entre Diego Fernández de Cevallos y López Obrador, propiciado por las acusaciones del perredista al ex candidato presidencial de ser cómplice del salinismo y de haberse enriquecido gracias a sus relaciones políticas.
En 1997, las descalificaciones se dieron en el contexto de la campaña electoral en el Distrito Federal.
Acuerdos de café
La primera entrevista pública que sostuvieron Calderón Hinojosa y López Obrador, siendo ya ambos presidentes de sus partidos, fue el 21 de octubre de 1997. El fin de semana anterior se habían celebrado elecciones en Veracruz y Tabasco y los dos dirigentes intercambiaron información sobre esos comicios.
Coincidieron en su preocupación por el comportamiento ``antidemocrático'' del gobernador Roberto Madrazo y pactaron la defensa mutua de sus sufragios.
En un café de la colonia Condesa hablaron de establecer un acuerdo común, que permitiera la culminación de la reforma electoral y de establecer un diálogo nacional, ``no excluyente'', con representantes de otras fuerzas y del gobierno.
Diez días después, López Obrador y Calderón Hinojosa se reunieron otra vez, ahora en una cafetería de la sala C del aeropuerto Benito Juárez. Ahí, López Obrador recibió la noticia de que el comité nacional del PAN emplazaría a los actores políticos a sostener encuentros para resolver los temas pendientes de la reforma del Estado.
Esa vez, Felipe y Andrés Manuel acordaron dar su respaldo al acuerdo de las fracciones parlamentarias de sus respectivos partidos, que habían pactado votar en un solo sentido en la discusión del presupuesto federal para 1998.
En los últimos tres meses, Andrés Manuel y Felipe han sostenido citas públicas por lo menos en dos ocasiones más.
Una fue en un Samborns de Insurgentes, donde ambos tomaron café y platicaron por casi 90 minutos a la vista de los parroquianos. La otra, cuando Calderón Hinojosa, al volante de su camonieta Cherokke verde, pasó por López Obrador a la sede del PRD para ir a comer a un restaurante de la colonia Condesa.
Luego de la iniciativa del CEN del PRD, las reuniones entre ambos líderes han sido intermitentes.
En las primeras semanas de abril, la agenda de López Obrador da cuenta de al menos cinco reuniones con el panista.
Los desencuentros
Al iniciar 1997, el PAN llamó a los demás partidos a suscribir un ``Acuerdo político para la alternancia de poderes con estabilidad'' y a través de Calderón Hinojosa contactó a líderes de otras organizaciones y con el Ejecutivo federal para fijar la agenda del cambio, sin llegar a ningún resultado concreto.
En el mismo sentido, en el pasado reciente, el PRD ha llamado a los actores políticos a establecer ``Compromisos para la gobernabilidad democrática, la reforma del Estado y la reforma económica y social'', a fin de reemprender el diálogo nacional con innovaciones de fondo y el consenso panista.
En las anteriores ocasiones, cuando los partidos han pugnado por un acuerdo nacional que regule la transición, afloraron disputas que los han alejado.
El 2 de noviembre del año pasado, el PAN llamó a los actores políticos a un diálogo nacional. Tres días después, su dirigente se entrevistó con el presidente Zedillo y más tarde con el líder priísta Mariano Palacios.
López Obrador estuvo en Los Pinos el 18 de noviembre, luego de que una comisión de la directiva estableciera una ``agenda'' de la reforma del Estado, que fue presentada al Ejecutivo federal... y nada más.
Vino entonces la ruptura entre el PAN y el PRD, luego de que los legisladores del blanquiazul en la Cámara de Diputados votaran, junto con el PRI, en favor de la iniciativa de presupuesto del Ejecutivo. Se fragmentó el ``bloque'' opositor.
Atrás quedó la promesa de lograr un presupuesto distinto al enviado por el Ejecutivo y también la propuesta ``consensada'' entre las fracciones de PRD, PAN, PT y PVEM para introducir cambios sustanciales en el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos.
También caían el pacto que había dado vida al llamado ``Grupo de los cuatro'' y los ocho puntos de acuerdo para el funcionamiento de la Cámara, que desde mediados de julio habían hilado panistas, perredistas, petistas y ecologistas.
El PRD, por conducto de Porfirio Muñoz Ledo, llamó ``traidores'' a los legisladores panistas, por haber invalidado los acuerdos y los acusó nuevamente de ser aliados del gobierno.
El coordinador de la bancada panista, Carlos Medina Plascencia, se la cobró poco después y denunció que Muñoz Ledo había ido a Europa utilizando recursos de la Cámara.
Desconfianzas mutuas
La desconfianza persiste.
En el cuarto Congreso Nacional del PRD, López Obrador habló de los ``pragmáticos neopanistas'' que entraron en componendas con el gobierno ``para ganar terreno electoral''.
Sin embargo, dejó abierta una rendija para avanzar en la construcción de un acuerdo opositor: ``Mal haríamos si ante el inminente derrumbe del partido de Estado nos situáramos al margen de los acontecimientos, sin sopesar la realidad y sin tomar las decisiones políticas que ameritan las circunstancias''.
Del lado del PAN, se escuchan voces como la de Cecilia Romero, ex diputada, quien ha comentado abiertamente: ``Hay que exigirle al PRD que se defina claramente, porque son muy dogmáticos, tienden a tomar posturas irreductibles y son incapaces de sostener un diálogo serio''.
¿Hay futuro?
En el CEN perredista se consideran exitosos los procedimientos aplicados por López Obrador en su acercamiento con el PAN, pues evitaron un fast track en la discusión de las iniciativas sobre derechos y cultura indígenas, además de contribuir a que el PAN se mantuviera en la Cocopa.
Más allá de la coyuntura de Chiapas, la iniciativa de López Obrador ha abierto la discusión de un tema pendiente en la agenda nacional: la reglamentación de la etapa final de la transición mexicana, juzgan en el CEN del PRD.
Sin embargo, en la directiva perredista también hay voces que se oponen a un acuerdo político con el PAN. Muchos no creen que fructifiquen las negociaciones entre López Obrador y Calderón Hinojosa.
El martes 21, el senador Mario Saucedo advirtió sobre los riesgos de que el PAN ``traicionara'' al PRD, pactando un acuerdo entre oposiciones y manteniendo una relación simbiótica con el gobierno, a cambio del reconocimiento de triunfos electorales, de detener los procesos penales que se han abierto en contra de Antonio Lozano y de salvar la cabeza del gobernador Fernando Canales Clariond.
En la parte panista hay sectores que se oponen a cualquier concertación con el PRD y que no han ocultado sus intenciones de impedir los acuerdos, reconoce Luis López Hermosa, miembro de la Fundación Rafael Preciado del PAN.
E identifica: ``Hay grupos, como el de las militantes de la Ancifem, lidereado por Cecilia Romero, o los ex militantes del DHIAC, que nunca aceptarán que el PAN llegue a un pacto político con el PRD.
``Pero sobre todo, Castillo Peraza se alza ahora como un defensor de la naturaleza panista y ha dicho no al acuerdo.''
Entre los panistas opuestos al acuerdo -señalan otras fuentes- también figuran el senador Luis H. Alvarez y Fernández de Cevallos.
La semana que terminó López Obrador y Calderón Hinojosa no pudieron entrevistarse.
El panista estuvo de gira por Michoacán los primeros cuatro días de la semana, mientras el perredista viajó, el jueves 23, a Chiapas y Tabasco. No obstante, estuvieron en constante comunicación telefónica y pactaron una reunión para esta semana -``antes del miércoles''-, que estaría acompañada de una declaración pública conjunta.
Si el PAN ha negociado ya con el gobierno, ``quedará muy claro quién está de cada uno de los lados, quién está convalidando una salida de fuerza y quién quiere una salida negociada y pacífica al conflicto'', dijo López Obrador el miércoles 21, antes de partir a Chiapas.
magros resultados
Con el lema de ``Juntos contra el PRI'', el PAN y el PRD han pactado alianzas electorales en el pasado reciente.
Pero los resultados han sido pobres y en los escasos lugares donde sí han obtenido triunfos, el saldo final ha sido de riñas, recriminaciones mutuas y rencores personales.
Desde 1990 a la fecha, en México ha habido medio centenar de elecciones para gobernador. Sólo en cuatro de ellas el PAN y el PRD han presentado candidaturas comunes. Ninguna ha sido un éxito electoral.
En 1991, ambos partidos lanzaron la candidatura de Salvador Nava Martínez al gobierno de San Luis Potosí.
En 1992, respaldaron a Rodolfo Elizondo Torres en Durango y a Jorge Cárdenas González en Tamaulipas.
En 1993, se coaligaron para impulsar a Antonio Alan Nah en Quintana Roo, donde una semana antes de los comicios éste renunció a la candidatura panista y compitió sólo por el PRD.
Ambos partidos sólo han podido llevar dos candidatos comunes a gobiernos municipales, ambos en 1992:
En Ciudad Madero, Tamaulipas, Alfredo Pliego Aldana -un ex dirigente local del sindicato petrolero- fue postulado como candidato ``ciudadano''.
Una vez electo, se afilió al PRD y en el equipo de gobierno hubo un claro predominio de elementos vinculados a ese partido. En un momento de crisis, Pliego renunció a su militancia perredista y se afilió al PAN, pero eso no le bastó para enfrentar un proceso judicial por peculado.
En Castaños, Coahuila, PAN y PRD llevaron a la alcaldía al empresario Elías Ortiz Flores. Las dificultades fueron tantas que Ortiz acabó renunciando. Los dos partidos tuvieron que rogar que reasumiera el cargo.
Recientemente, ambos partidos iniciaron negociaciones de coalición en por lo menos dos casos, sin llegar a concretarlas.
En diciembre de 1997, las dirigencias locales de ambos partidos pactaron el lanzamiento de una candidatura común en Oaxaca. Jesús Ortega y Antonio Lozano Gracia fueron los comisionados para negociar el acuerdo.
Este naufragó luego de que el CEN del PRD rechazara la petición panista de lanzar un candidato ``externo'', por considerar que se favorecía a Pablo Arnaud Carreño, el empresario que llegó a la alcaldía de Oaxaca en 1995 bajo las siglas del PAN.
En el caso de Veracruz, la posibilidad de una alianza PAN-PRD había sido construida bajo el simiente de que Ignacio Morales Lechuga participaría en la elección.
Como es sabido, cuentas pendientes de cada partido hacia el ex procurador lo apartaron del camino electoral. (Alberto Aguirre M.).
Desde 1994, intermitentes han sido los esfuerzos por tender puentes entre el PAN y el PRD para apurar la transición política.
Las dos principales fuerzas políticas habían participado en el Acuerdo Nacional celebrado en Los Pinos el 27 de enero de 1995, y firmado por el presidente Zedillo como testigo.
Por esas fechas, José Agustín Ortiz Pinchetti y Santiago Creel Miranda llamaron a representantes del PAN, del PRD y del gobierno federal a participar en un seminario en el Castillo de Chapultepec.
Allí, durante casi siete meses, panistas y perredistas encabezados entonces por Carlos Castillo Peraza y Porfirio Muñoz Ledo, llegaron a acuerdos sobre la reforma electoral. Más tarde se incorporarían dirigentes del PRI.
En agosto de 1995, las dirigencias nacionales del PAN y del PRD presentaron una propuesta de reforma electoral conjunta.
Luego vinieron negociaciones formales entre las dirigencias de los partidos y las autoridades federales en la llamada Mesa de Barcelona, que persiguió la construcción de una iniciativa de ley consensuada y validada por todas las fuerzas.
Pero la última fase, que fue de Bucareli a San Lázaro, llegó con los consensos rotos.
Por separado, PAN y PRD cuestionaron el monto del financiamiento a los partidos y la reforma electoral fue aprobada por el PRI en solitario.
Al arrancar 1997, un grupo de destacados políticos e intelectuales expidieron un manifiesto en el que llamaron al PAN y al PRD a establecer ``una alianza a favor de la República''.
Para ello, el PAN y el PRD debían comprometerse a luchar por los mismos objetivos y lanzar candidatos comunes al Congreso.
Pese a sus ricas biografías, los convocantes no pudieron concitar la buena fe de las partes.
En el proceso mismo de negociación, los contactos entre las dirigencias nacionales fueron directos -y formales, sólo después de la publicación del exhorto-, pero intermitentes.
La dirigencia perredista aceptó la propuesta ciudadana y emplazó al PAN a manifestar una respuesta.
En ese partido se desató una ríspida discusión, que confrontó -entre otros- a Carlos Castillo Peraza con Vicente Fox. El primero estimó que una alianza con el PRD sería ``una torpeza política y un error histórico''.
Dentro del PRD, dirigentes como Porfirio Muñoz Ledo y Amalia García validaron la propuesta, pero otros como Mario Saucedo y Armando Quintero recordaron ``el pasado de concertacesiones'' panista y se declararon en contra.
Al final, dentro del PAN prevaleció el instinto de conservación, se evitó el riesgo de divisiones internas y se decidió ir y ganar solos la elección del DF.
Estos ejercicios de ``transversalidad democrática'' tienen su origen en iniciativas ciudadanas como los 20 Compromisos por la Democracia y el Grupo San Angel, que tuvieron auge en 1994.
También han encontrado forma en los talleres latinoamericanos de reflexión política organizados desde 1996 por Roberto Mangabeira y Jorge G. Castañeda, donde además de iniciar la construcción de un modelo económico ``alternativo'' al neoliberal, se ha examinado la construcción de alianzas entre partidos de centro-izquierda y centro-derechas, que estrictamente no serían sólo electorales, sino cimentadas en tareas de reconstrucción nacional.
En esos talleres han participado figuras políticas de varios países latinoamericanos y, por México, personajes como Adolfo Aguilar Zinser, Castañeda, David Ibarra, Fernando Solana, Víctor Flores Olea y los ``presidenciables'' Fox, Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. (Alberto Aguirre M.).