Con las leyes actuales contra el lavado habría sido ``otra cosa'', indican funcionarios

Juan Manuel Venegas Ť En la investigación por los gastos de campaña de Roberto Madrazo Pintado en Tabasco, las autoridades hacendarias se vieron imposibilitadas para seguir adelante, debido a las diversas lagunas legales que existían en 1994.

Del expediente del caso -al cual tuvo acceso La Jornada- se desprende que efectivamente en la campaña del hoy gobernador tabasqueño se gastaron en 1994 más de 220 millones de pesos, recursos que en su mayoría fueron recibidos y erogados mediante operaciones ``en efectivo, por lo que no se pudieron rastrear''.

Funcionarios de primer nivel de la Secretaría de Hacienda explicaron al respecto: ``ese tipo de operaciones son muy difíciles de seguir o de investigar, ese ha sido uno de los problemas generales para el combate al lavado de dinero... por eso ahora ya están en vigor disposiciones que obligan a reportar operaciones relevantes y sospechosas, que son aquellas inusuales dentro del comportamiento de un cuentahabiente''.

Pero en aquel entonces, precisan los funcionarios, no existían estas nuevas disposiciones. ``Ahora cualquier institución bancaria está obligada a informar de los estados financieros y hasta de los saldos de los cuentahabientes, y eso va a dar al banco de datos que estamos formando y que nos sirve para tener información y jalar hilos. Si ya hubiéramos tenido el banco de datos en aquel entonces, hubiéramos podido rastrear la información y seguir la pista hacia atrás, pero no la teníamos. Las nuevas disposiciones legales las tenemos a partir del año pasado. En Tabasco llegamos a la investigación hasta donde pudimos''.

En el expediente queda claro que con las pruebas que el Partido de la Revolución Democrática presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR), y que ésta a su vez hizo llegar a la Procuraduría Fiscal de la Federación, no se pudieron comprobar delitos del orden fiscal en la campaña de Madrazo Pintado. Mucho menos, siempre de acuerdo con el expediente, se pudo determinar el lavado de dinero.

Esa fue la respuesta que, en oficio, el 15 de julio de 1994 turnó la Procuraduría Fiscal a la Dirección General de Averiguaciones Previas de la PGR.

El 6 de junio del mismo año, la PGR hizo un requerimiento expreso. Con base en las aportaciones que por 13.4 millones de pesos hicieron las empresas Lomas Mil, SA de CV y San Carlos World Trade México al fideicomiso del PRI, apoyadas en un crédito de Arrendadora Unión, solicitó que se investigara la posibilidad de ``algún delito de la ley de organizaciones y actividades auxiliares de crédito''. La contestación fue contundente: ``No encontramos ningún ilícito fiscal... en las operaciones de crédito que dieron lugar a la aportación de dos empresas controladas por el señor Carlos Cabal Peniche al fideicomiso PRI-F-2939-1 para apoyo de la campaña del señor Roberto Madrazo; no se encuentra ningún quebranto al patrimonio de la Arrendadora Unión''.

Los funcionarios consultados por este diario explicaron que la única forma para que se hubiera generado un delito, ``implicaba que a través del crédito otorgado a estas empresas se le hubiera causado un quebranto al arrendador, pero no fue así, porque la operación estuvo garantizada con un inmueble ubicado en Paseo de la Reforma, que valía tres veces más que el crédito que se estaba otorgando''.

Respecto al informe que en su momento dio a conocer el entonces procurador General de la República, el panista Antonio Lozano Gracia, dando cuenta de que las dos empresas mencionadas estaban involucradas en operaciones de lavado de dinero, los funcionarios -que pidieron no ser citados- advirtieron que ambas sociedades anónimas también fueron sujetas de una indagatoria que dio el mismo resultado: en las operaciones que realizaron para aportar recursos al PRI de Tabasco, no hubo delito ni tampoco quebranto a la institución encargada de facilitar los créditos.

Recordaron incluso que cuando la PGR dio a conocer su informe, ellos fueron los primeros sorprendidos, ya que mientras Hacienda no encontraba pruebas para acusar a Madrazo Pintado, la PGR decía lo contrario. ``Incluso le llegamos a comentar a Fernando Córdova Lobo (ex director de Averiguaciones Previas) nuestra extrañeza, ya que la PGR nos pedía una cosa y afuera cacareaba otra. ¡Nosotros, en Hacienda, cuando oíamos o veíamos la información en los medios, éramos los primeros que nos salíamos de balance! ¡Parecía que la PGR nos daba más de lo que nos había dado!'', relataron.

Uno de ellos trató de argumentar: ``Lo que creo que pasó es que ahí, como buenos burócratas, en la PGR quisieron ser muy celosos de su cacho. No dudo que ellos hayan seguido la investigación y que, como sigue diciendo Antonio Lozano Gracia, haya pruebas de lavado de dinero, pero a nosotros nunca, jamás, nos las aportaron y con los elementos que nos dieron no se puede presumir ningún ilícito''.