Estamos a menos de dos meses para que sea aprobada por la Asamblea Legislativa una nueva Ley de Participación Ciudadana, y por más esfuerzos que los legisladores y las delegaciones han hecho, la visibilidad de esta temática ha sido más bien baja. Es que hay demasiadas preocupaciones políticas e incluso militares, como en Chiapas, para atraer a la opinión pública hacia la cuestión inocentemente social de la ``participación ciudadana''.

Tenemos poca tradición y estamos mal organizados para hacernos cargo de los asuntos domésticos del barrio, la colonia, el poblado o la unidad habitacional. Es más, en muchos casos quienes se interesan por estos espacios restringidos lo hacen con la expectativa de que tal actividad les redunde en futuras y mejores posiciones en la escala política o directamente en sus ingresos personales a través de la gestión de los servicios urbanos.

El gobierno de la ciudad y muchos legisladores están de acuerdo en que el espacio privilegiado para la participación ciudadana es el de las unidades vecinales con identidad consistente, social y culturalmente hablando (el barrio, la colonia, la unidad habitacional, el poblado), en donde pueden expresarse con fuerza tanto los ciudadanos individualmente como los movimientos y organizaciones sociales, las ONG, las asociaciones políticas, empresariales, religiosas, deportivas, etcétera. Dependiendo del tamaño de las delegaciones, el número de estas unidades vecinales oscilaría entre 200 y 500. Pero un número semejante de representantes vecinales en los consejos delegacionales haría inmanejable y muy poco ágiles los trabajos y la toma de acuerdos.

Porto Alegre, en el Brasil, con poco más de un millón de habitantes (como una delegación del DF), fue dividida en cerca de 16 zonas, buscando que el número de consejeros no excediera a las cuatro decenas y que el trabajo resultara lo más eficaz posible. Además, solamente en una época del año los consejeros se reúnen en ese plano más centralizado del concejo municipal; la mayoría del tiempo esos consejeros, incluso antes de ser elegidos, permanecen discutiendo los problemas en espacios muy descentralizados, muy enraizados en el nivel vecinal, en la pequeña región, en la colonia o conjunto de colonias con problemáticas homogéneas.

Ahora bien, cuando se plantean estos modelos como ejemplos a seguir en nuestro país, por lo regular lo político se sobrepone a lo social y la representación a la participación ciudadana. Y es que los partidos y la Asamblea Legislativa insisten en que las unidades vecinales están bien, pero debe existir un órgano superior, que represente a los vecinos en el plano de cada delegación, un consejo delegacional, por decirlo así, que debe ser elegido de manera indirecta entre los (200 o 400) consejeros vecinales de cada demarcación delegacional, o bien que debe ser votado por los electores en el mismo momento en que eligen a los consejeros de su unidad vecinal (se votaría entonces en esta última modalidad por una fórmula vecinal y por una delegacional). Los comités delegacionales, según el diputado perredista Ernesto Chávez (La Jornada, 21-IV-98), podrían tener participación directa en los planes operativos anuales de las delegaciones, vigilar la adecuada aplicación del erario público, solicitar informes a las autoridades delegacionales sobre sus actividades, y participar en la elaboración del presupuesto.

No cabe duda de que todas estas actividades son muy sanas y parte de la acción ciudadana, pero la primera obligación de los consejeros y de los comités vecinales es lograr que la gente participe públicamente y asista a las asambleas de su barrio o su colonia, que en ese nivel se logre recrear, con el tiempo, una continuidad identitaria y cultural. Si eso no se logra, toda la actividad de los representantes en el nivel de un comité delegacional lo único que haría sería reproducir el espacio parlamentario ya existente. Quien quiera ser diputado que lo sea, quien quiera formar parte del gobierno, que lo haga, pero quien quiera participar organizando y ``empoderando'' a la ciudadanía tiene que trabajar en el nivel social: cada chango a su mecate. Por esto creemos que la nueva ley de participación ciudadana debe buscar una descentralización que consolide las áreas subdelegacionales: este es el espacio natural de la ciudadanía.