Nuestro país convocó en 1940, en Pátzcuaro, al primer Congreso Indigenista Interamericano asumiendo, desde esa fecha, la sede permanente del Instituto Indigenista Interamericano.

En 1948 se fundó en nuestro país su filial nacional, el Instituto Nacional Indigenista (INI), estructura institucional de atención a los pueblos indígenas más importante del continente, con más de 100 centros regionales, más de 20 estaciones de radio que trasmiten cada una en varias lenguas y más de mil albergues escolares.

Complementariamente, México cuenta con un sistema de educación bilingüe bicultural, único en América, atendido por más de 35 mil maestros.

Sin explicación alguna y de manera irresponsable, este gigantesco capital humano, institucional y conceptual fue puesto a un lado desde el primero de enero de 1994.

Con igual ligereza se puso a un lado el conjunto de compromisos irrenunciables que nuestro país había signado en los foros internacionales.

Parece que olvidamos nuestra firma en la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación racial y en la Convención para la protección de las minorías...

De igual manera espera cumplimiento nuestra firma del Convenio 169 de la OIT y qué decir de la reforma al artículo 4o. de nuestra Constitución.

Algunos parecen no darse cuenta, pero estos compromisos e instituciones del Estado son el fundamento y la garantía del ejercicio de nuestra soberanía nacional en las cuestiones indígenas.

El haberlos ``olvidado'' nos ha hecho merecedores del escrutinio y del juicio internacional y vulnerables a propuestas de mediación internacional. Si esto sucede, será responsabilidad absoluta del gobierno.

La soberanía nacional no es una entelequia, se materializa en el ejercicio de las instituciones y en el cumplimiento de compromisos que nuestra historia y nuestra firma obligan.

No obstante, las negociaciones, los diálogos y las propuestas desde el primer momento fueron puestas en manos de ``funcionarios'' que, sin la menor información y conocimiento, han encontrado en la guerra de los indios una oportunidad para escalar posiciones y que, sin el menor respeto por la historia de México, sus instituciones y sus compromisos han ido enconando el conflicto hasta hacerlo insoluble.

Los resultados están a la vista: cuatro años de infructuosas negociaciones, más de mil muertos, un clima político crispado, el involucramiento de las fuerzas armadas sin antecedente en la historia de México y una sociedad confundida, dividida y encabronada.

El creciente abuso de la fuerza del Estado nos introduce, día a día, en un peligroso Estado de fuerza.

El torpe y erróneo acorralamiento del EZLN y la temeraria descalificación de las fuerzas mediadoras imposibilita cualquier iniciativa de su parte.

Este ominoso panorama exige aguzar la prudencia y la flexibilidad, debe reconocerse con entereza y valor que el último equipo de estrategas gubernamentales no sólo volvió a fallar por su torpeza y prepotencia, sino que están a punto de provocar una nueva tragedia y fracturas sociales incalculables.

Con rapidez y energía deben ponerse en práctica las medidas de distensión que la sociedad reiteradamente exige, desmontando el imprudente arsenal de provocaciones de los últimos meses, semanas y días.

Una alternativa complementaria implica asumir nuestras responsabilidades soberanas hacia los pueblos indígenas, devolviendo a las instituciones responsables el protagonismo robado y cumplir con nuestros compromisos jurídicos, nacionales e internacionales.

Aún sin nuevas leyes para los indios, nuestro país es deudor neto en el cumplimiento de leyes aprobadas y vigentes. Son derechos constitucionales y, por tanto, no están sujetos a ``precisiones'' o negociaciones; sin embargo, no hemos creado las estructuras institucionales adecuadas para garantizar su ejercicio, vigilar su aplicación y sancionar su incumplimiento.

El INI, como la mayoría de las áreas de atención indígena en los países americanos, no cuenta con las atribuciones jurídicas necesarias; hay que otorgárselas. Debe dejar de ser una instancia operativa y dependiente del Ejecutivo transformándose en la Procuraduría de los Derechos de los Pueblos Indígenas, con autonomía constitucional y capacidad jurídica para obligar al cumplimiento de la ley.

La creación de la figura ``defensor de los pueblos indígenas'' es absolutamente congruente con nuestra historia y expresa las tendencias más modernas de reforma de las instituciones de atención a los pueblos indígenas.

Está en manos del Ejecutivo o de los partidos proponer una iniciativa en este sentido, instaurando, ¡por fin!, el estado de derecho en las regiones indígenas.

¿Qué implicaciones tiene tal transformación...?