En su comparecencia ante la I Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el doctor Luis de la Barreda afirmó que en los últimos cuatro años y medio los sectores vulnerables, antaño indefensos ante los abusos del poder, encontraron en el CDHDF un refugio probado para defenderse. Así lo avalan el volumen de las cifras y lo significativo de los hechos que presentó. Al final aclaró, sin embargo, con oportunidad y valentía, que la lucha por los derechos humanos es siempre inacabada y tenemos que iniciarla de nuevo cada mañana sin desalentarnos. ``Los derechos humanos --dijo también con la erudición que lo caracteriza-- son uno de los productos más apreciados de nuestra civilización, y nosotros, las mujeres y los hombres de hoy, somos a nuestra vez producto de esos derechos, que nos han enriquecido cultural y espiritualmente. No son una conquista irreversible, pues ni en la vida pública ni en la privada hay conquistas irreversibles, ya que vivir siempre implica estar en riesgo. Como la salud y el amor, son frágiles y quebradizos si no los cuidamos y, además, tienen enemigos identificados o identificables, en ocasiones poderosos, aunque siempre menores moralmente''.

Entre estos enemigos mencionó a todos aquellos servidores públicos abusivos, corruptos y negligentes, que desvían el servicio público con su ineptitud, corrupción y atropellos. A las mentalidades preilustradas, fanáticas o autoritarias, que propugnan erróneamente la implantación de la pena de muerte; a toda clase de farsantes y pillos, y a los litigantes falsarios e inescrupulosos, que sin esmerarse en llevar a buen puerto y en tiempo razonable los litigios o gestiones, cobran a sus clientes sumas considerables. Ratificó que la CDHDF seguirá siendo molesta para todos ellos, dentro de los límites de la moral, y de la Ley y de la vigencia de un verdadero Estado democrático de derecho.

Como signo de mejor augurio, expresó que con el nuevo gobierno del Distrito Federal, surgido del voto popular, se ha entablado una relación diferente y fructífera, en el entendido de que las buenas relaciones interinstitucionales permiten una mejor atención a quienes demandan un servicio público o defienden sus legítimos intereses. ``Del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas --afirmó--, jefe de gobierno, hemos tenido apoyo a nuestras tareas y pleno respeto a nuestra autonomía''. Es más, señaló el hecho, que quisiéramos interpretar de manera positiva, de que en los primeros tres meses de este año se ha observado una reducción del 13.8 por ciento de las quejas presentadas ante la Comisión, en comparación con el primer trimestre de 1997.

Pero les salió una vez más al paso a todos aquellos que desde la PGJDF han afirmado, de manera infundada y temeraria, y por demás confusa, falsa e imprudente, que las Comisiones de Derechos Humanos han inhibido a las procuradurías en su trascendente obligación de perseguir el delito. Ratificó de nuevo entre otras cosas que en el 75 por ciento de los casos que se presentan en la CDHDF, se trata de víctimas del delito, y no de delincuentes, y ello precisamente debido a la dilación, negligencia o irregularidades del Ministerio Público, las quejas más numerosas en toda la historia de la Comisión. ``Cuando recibimos quejas de presuntos delincuentes --dijo con toda verdad-- no intervenimos en relación con el delito por el que están siendo objeto de procedimiento penal, sino respecto de los abusos que hayan sufrido con motivo de o durante la detención [...]. Al contrario, si recibimos queja de que el Ministerio Público o sus auxiliares están actuando en beneficio indebido del presunto delincuente, nuestra intervención, una vez comprobada la irregularidad, corrige ésta y exige procedimiento de responsabilidad contra los servidores públicos transgresores''.

Por lo demás, enfatizó con razón, no les toca a las Comisiones de Derechos Humanos, ni muchísimo menos, sustituir a la arbitrariedad y a la tortura como medio de investigación básica, por las herramientas de investigación que deben existir en todo Estado democrático de derecho, frente al desarrollo del crimen organizado, sino precisamente a las procuradurías, quienes son las encargadas por la Constitución y las leyes de perseguir el delito, detener al delincuente y fundamentar los cargos contra ellos. Para mejorar su actuación, la CDHDF hizo importantes propuestas. Esperamos que se lleven a la práctica.