Colombia: líderes sociales, en la lista de ejecuciones paramilitares

Reuters, Ap, Dpa y Afp, Santafé de Bogotá, 23 de abril Ť Activistas de los derechos humanos, líderes políticos y sindicales de izquierda y quienes impulsan una solución negociada al conflicto armado interno, figuran en una lista de personas amenazadas de muerte por grupos paramilitares de derecha.

El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía política) se refirió a esa lista y a las medidas de seguridad a- doptadas por las autoridades, en tanto que el ministro del Interior, Alfonso López Caballero, admitió que hay una situación tensa por esto, y que ciertamente las amenazas provendrían de la extrema derecha.

El director del DAS, general Luis Montenegro, indicó que el plan quedó de manifiesto al intensificarse las amenazas contra personas de diversos sectores del país tras los asesinatos de la ex dirigente comunista María Arango y del defensor de los derechos humanos Eduardo Umaña, entre otros crímenes ocurridos la semana pasada.

Entre los amenazados destacan el secretario general del Partido Comunista, Jaime Caicedo, el sociólogo Jaime Molano, los líderes sindicales Wilson Borja y Hernando Hernández, el periodista Francisco Santos, la senadora Piedad Córdoba, el negociador gubernamental para la paz José Noé Ríos y la también pacifista Ana Teresa Bernal, entre otros.

La mayoría de las personas amenazadas dijeron que no saldrán del país, por lo que las autoridades les han designado a quienes enfrentan mayores riesgos vehículos blindados y guardaespaldas, en el marco de la adopción de diversas medidas de protección, la cual se extiende a los candidatos presidenciales y otros políticos.

Montenegro estimó que es posible que las amenazas provengan de una organización de extrema derecha que busca desestabilizar al país ante la elecciones de mayo próximo, pero que también podrían ser obra de un sector opuesto a una solución negociada al conflicto armado entre gobierno, guerrilla y sectores de la sociedad civil.

Mientras continuaban llegando mensajes de solidaridad para activistas y diversos sectores amenazados se informó que, de hecho, más de una veintena de defensores de los derechos humanos abandonaron Colombia desde el mes pasado, tras recibir las primeras amenazas.

En tanto que la filial española de Amnistía Internacional ofrecía recibir a los dirigentes colombianos amenazados, líderes políticos y sindicales denunciaron la existencia de un plan de grupos paramilitares de derecha para ``aniquilar'' a la izquierda.

En París, la asociación internacional Reporteros sin Fronteras denunció que Colombia ostenta desde 1991 el récord latinoamericano de periodistas asesinados, por lo que pidió al gobierno de Ernesto Samper informar sobre el desarrollo de las investigaciones.

Por otro lado, la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunció que en breve, posiblemente este viernes, liberará a uno de los tres estadunidenses que tienen en su poder desde el 23 de marzo; se trataría de Louise Agustine.

A su vez, el ejército de Colombia rechazó un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en Londres, según el cual las fuerzas armadas del país sudamericano están perdiendo la guerra frente a la insurgencia.

El comandante del ejército, general Mario Hugo Galán, afirmó que el informe no es objetivo, porque se basa ante todo en informes que llegan a Europa muchas veces ``tergiversados''.

Aunado a lo anterior el comandante de las fuerzas militares, general Manuel Bonett, admitió que se registró en las fuerzas militares la deserción de unos 20 soldados profesionales tras el desastre de Caguán, como se conoció al peor revés sufrido por el ejército, cuando a principios de marzo pasado sufrió más de 60 bajas, numerosos heridos, además de que otros soldados fueron atrapados por la guerrilla.

Por último, los tres principales candidatos presidenciales colombianos, Andrés Pastrana, Horacio Serpa y Noemí Sanín, coincidieron en señalar que en caso de llegar a la primera magistratura, no permitirían el ingreso de tropas estadunidenses al país en misión humanitaria, por considerar que ello traería más inconvenientes que beneficios.