SG: crear una policía nacional no es definitivo

Jesús Aranda Ť El subsecretario de Seguridad Pública y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, Roberto Zavala Echavarría, reconoció ayer que prevalece en el país un alto nivel de impunidad, ya que sólo una de cada 10 personas que delinquen son consignadas y procesadas ante la justicia.

Al inaugurar los trabajos del Coloquio Franco Mexicano sobre Seguridad Pública que se realiza en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el funcionario dijo que el proyecto de una Policía Nacional no es definitivo, y que incluso entre las alternativas que se estudian al respecto hay una serie de esquemas ``que pueden llegar a no ser una Policía Nacional, sino una rama más de la Procuraduía General de Justicia.

En tanto, el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Eduardo Ibarrola Nicolín, precisó que el tema de una política nacional ``tiene que analizarse y discutirse'' y tendrá necesariamente que adaptarse a la realidad del sistema federal que hay en el país.

Zavala Echavarría reconoció, por otra parte, que en el marco de la batalla ``que hemos perdido en contra de la delincuencia'' -indicó que los índices delictivos han avanzado desproporcionadamente-, se ha acentuado un sentimiento de inseguridad entre los mexicanos''.

Por tal razón, dijo, la decisión del gobierno federal de incrementar la asignación presupuestal en el combate a la delincuencia, así como la constitución del Sistema Nacional de Seguridad Pública y una serie de medidas encaminadas a enfrentar el problema.

Indicó que la lucha contra la delincuencia requiere necesariamente el establecimiento de un nuevo elemento policiaco que sea respetado y respetable entre la sociedad, además de que dichos elementos reciban la capacitación y el equipo suficientes para cumplir con su cometido.

Asimismo, mencionó la necesidad de fortalecer la institución del Ministerio Público -tanto federal como del fuero local-, no sólo con mayor capacitación de sus elementos, sino también con el incremento en el número de agentes porque la carga de trabajo que tienen ``es enorme''.

Seguridad pública, dentro del derecho

El director general del Instituto de Altos Estudios para la Seguridad del Interior, del Ministerio del Interior de Francia, Phillipe Melchoir, dijo que ``no hay seguridad pública si no hay cohesión social''.

Destacó también que la seguridad pública debe incluir la organización de los poderes judiciales y policiacos, capacitación, uso de tecnología, ficheros y archivos para localizar a los delincuentes, así como un sistema de modernización de equipos y técnicas de investigación criminalística.

El funcionario francés ofreció todo el apoyo del Ministerio del Interior para colaborar con el gobierno mexicano en materia de seguridad pública.

Bruno Delaye, embajador galo en México, comentó que el asunto de la seguridad pública ``no es solamente un problema social, sino también tiene que ver con medios técnicos''. Precisó que el problema de la inseguridad no es privativo de México, e incluso en su país ``ya está en el número dos o tres entre las preocupaciones de los ciudadanos''.

Por su lado, Luis García Cárdenas, del INAP, cuestionó la estructura del sistema de procuración de justicia nacional y alertó sobre el riesgo que implica la proliferación de policías privadas.

Durante su intervención en el coloquio, el especialista dijo que, a diferencia de Francia, en México quedan muchos aspectos por definirse en cuestiones de seguridad pública. Puso como ejemplo el caso de Chiapas, ``donde no existe una definición clara respecto a los límites de la actuación del Ejército y las policías civiles''.

Cuestionó la estructura de procuración de justicia, en la que el Ministerio Público juega un doble papel al ser también un empleado del Poder Ejecutivo, y planteó que, como en el país galo, la Policía Judicial dependa efectivamente del Poder Judicial y no del Ministerio Público-Procuraduría-Ejecutivo.

Indicó que el Estado debe garantizar la seguridad pública, y cuestionó la proliferación de policías privadas, las cuales ``podrían convertirse en un punto más de impunidad o corrupción''.