Pablo Gómez
Decadencia del poder

El clima de intimidación creado por el PRI en la Cámara de Diputados y el persistente intento de evitar que una mayoría tome resoluciones contrarias al interés del oficialismo son síntomas de la decadencia del poder.

La responsabilidad política es el principio republicano de que los más importantes servidores públicos deben dar cuenta de sus actos y omisiones. Quienes juzgan a esos servidores públicos son los representantes del pueblo, los legisladores. Si hoy en la Cámara una mayoría de diputados desea someter a juicio político a dos gobernadores -Cervera y Madrazo- no hay poder legítimo y legal capaz de impedirlo. Todo intento de intimidar a los representantes de la nación y todo esfuerzo para impedir el inicio del juicio político son un ataque a la Constitución.

Antes, el PRI logró siempre impedir que los servidores públicos fueran sometidos al juicio político, es decir, fuera reclamada su responsabilidad política por actos u omisiones contrarios a la Constitución y las leyes. El supremo impartidor de justicia política era el Presidente de la República, mediante vías inconstitucionales, pero éste ha sido en fechas recientes impedido en parte para ejercer esas funciones. Madrazo Pintado, por ejemplo, se mantuvo como gobernador de Tabasco a pesar de que gastó más de 70 millones de dólares en actividades electorales y de que el Presidente le pidió su renuncia, luego de lo cual Zedillo no tuvo más remedio que declarar que aquél le acompañaría hasta el año 2000. Dícese que el jefe de gobierno le preguntó a Madrazo cómo había estado su elección y que éste le respondió: ``Igual que la de usted, señor Presidente''.

Este mismo Madrazo ha llegado a la Cámara, a la oficina del diputado Santiago Creel, para intentar intimidarlo. Arturo Núñez, legislador tabasqueño y coordinador del grupo priísta, no era solamente un acompañante protocolario del gobernador, sino el porroen jefe de la operación intimidatoria. La vieja fachada institucional ha descendido a los más bajos procedimientos de la amenaza: es el PRI verdadero, el que siempre fue, pero ahora sin ropajes.

El juicio político es una institución fundamental de la República. Basta con que el denunciado sea sujeto de dicho juicio, la conducta atribuible esté prevista por la ley y se presenten elementos de prueba, para que la Cámara inicie el procedimiento. Si los diputados finalmente resuelven que existe, en efecto, alguna responsabilidad política que reclamar, esto no significaría más que la presentación de una acusación ante el Senado, el cual se constituiría en jurado de sentencia. En el caso de los gobernadores, todavía existe una instancia más: el Congreso del estado, para remover de su cargo al sentenciado e inhabilitarlo para ocupar puestos públicos.

En la Cámara de Diputados, el procedimiento se encuentra apenas en su fase inicial, cuando una subcomisión, llamada ``de examen previo'', remite a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Justicia una resolución en la cual se recomienda que se abra el juicio y se constituya la Comisión Jurisdiccional que se hará cargo de la fase inicial, en la que deberán presentarse las pruebas, tanto por parte de los denunciantes como del servidor público. Dichas comisiones unidas aún no se han reunido para resolver sobre el asunto, por lo que todavía ni siquiera se ha abierto el juicio.

Pero los priístas ya recurren a la intimidación, al tumulto amenazante, al ensordecedor ruido de un grupo desesperado que trata de impedir el examen y acusaciones que deben ser probadas para considerarse como ciertas. Madrazo no debe ser tocado, es uno de los líderes actuales del PRI, es decir, de la decadencia de ese partido de intocables... de impunes.

Algunos comentaristas consideran que no tiene sentido abrir el juicio político en la Cámara de Diputados cuando el PRI tiene mayoría en el Senado y rechazará la acusación. Pero la lucha contra la impunidad y en defensa de las instituciones republicanas, que fueron eliminadas en los hechos por el PRI durante los años de la hegemonía antidemocrática de éste -los años del oscurantismo político mexicano-, no puede cancelarse mediante el frío cálculo de que la mayoría senatorial priísta seguirá actuando como facción. La lucha parlamentaria debe darse aun cuando el partido oficial mantenga el reducto del Senado. Si antes, cuando el PRI tenía mayoría en ambas cámaras, las oposiciones presentaban sus denuncias, ahora, cuando el priísmo no controla la asamblea de los diputados, con mayor razón es preciso reivindicar aquellas instituciones diseñadas para perseguir las violaciones de la Constitución y las leyes.

A cada avance, por pequeño que éste sea, del programa democrático, corresponde sin falta una reacción del viejo poder basado en la antidemocracia y el atropello político. Es larga ya la pendiente del poder decadente, pero el final es cierto.