A pesar de que el gobierno federal afirmó en reiteradas ocasiones que los recortes presupuestales -motivados por la caída de los precios del petróleo- no afectarían el gasto social, lo cierto es que los recursos destinados a este rubro, como lo demostró hace unos días un análisis de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, resultaron severamente afectados: muchos de los programas de apoyo a los mexicanos en situación de pobreza deberán ser modificados o diferidos, circunstancia que, sin duda, agravará el desamparo y la carencia de los elementos básicos de subsistencia que agobian a millones de compatriotas.

El propio secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas, reconoció que por causa de los recortes presupuestales la meta de construcción de vivienda se reducirá este año en una tercera parte, pues sólo se edificarán 20 mil de los 30 mil inmuebles originalmente previstos. Otros recortes han tenido resultados igualmente dramáticos: el programa de superación de la pobreza contará con 200 millones de pesos menos, una disminución equivalente a 39 por ciento, e instancias dedicadas al abasto social, como Liconsa y Fidelist. perderán, cada una de ellas, 106 millones. En general, según informó la diputada Clara Brugada, el gasto social se redujo en 3 mil 340 millones de pesos.

Ayer, el presidente Zedillo responsabilizó a las políticas estatistas y populistas aplicadas en el pasado de los rezagos sociales del país, y señaló que éstos no son atribuibles al modelo de economía de mercado que prevalece en el país. Sin embargo, es evidente que los recortes presupuestales emprendidos por su administración no contribuirán a solucionar la situación de pobreza y marginación de millones de mexicanos y, en cambio, sí reducirán el número de personas que se beneficiaban de los programas de asistencia y abasto social.

Por otro lado, si se tiene en cuenta que desde 1982 la economía nacional ha sido conducida con base en un modelo neoliberal y acatando los lineamientos de organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, es evidente que, o bien el Presidente hace referencia a políticas de la década de los 70 y, con ello, soslaya la responsabilidad que los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y el suyo propio tuvieron en las crisis que han afectado al país en los últimos 15 años o, por el contrario, reconoce de manera indirecta que durante ese periodo han tenido lugar las medidas populistas y estatistas que critica y a las que hace referencia.

Por añadidura, si se tiene en cuenta que sólo el Fobaproa -fideicomiso utilizado para emprender el rescate bancario- posee activos equivalentes a 42 mil millones de dólares, las fuertes mermas en el gasto social resultan inaceptables -máxime si se considera que el compromiso oficial de no afectar este rubro e incumplió- y son un indicio de que el gobierno federal no otorga a los programas para atender y revertir la pobreza, la prioridad que les corresponde.