En memoria de Octavio Paz

1. Las elecciones de 1997 generaron una composición en la Cámara de Diputados sin mayoría absoluta para ningún partido; el PRI perdió esa posición que había conservado durante décadas. El gobierno interno y las comisiones legislativas tuvieron un reparto acorde a los nuevos resultados, con lo cual se perdió también la mayoría priísta en las comisiones. Una de las más relevantes es la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que hoy preside el diputado del PAN, Santiago Creel Miranda.

2. A esta Comisión llegaron varias peticiones de juicio político, de las cuales procedieron dos, por estar fundadas jurídicamente: una en contra del gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, por supuesta violación a los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución (obstrucción de la justicia para investigar gastos de campaña y hacer mal uso de recursos federales); y otra, en contra del gobernador de Yucatán, por presunta violación al artículo 116 de la Constitución (haber ocupado el cargo durante más de seis años).

3. El artículo 110 de la Constitución señala que el juicio político en el caso de los gobernadores de los estados procede por violaciones graves a la Carta Magna y que las resoluciones se comunicarán a las legislaturas locales ``para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda''. También dice el texto que para aplicar la sanción de destitución del cargo, la Cámara de Diputados ``procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores'', y esta última, erigida en jurado, ``aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes''.

4. El diputado Creel, que ya fue amenazado, insultado y descalificado por varios priístas, señaló que los juicios son legítimos y legales, por lo tanto procedió el trámite correspondiente (La Jornada, 16/04/98). La sanción de juicio político es un arma poderosa del Congreso, pero dadas las características del régimen de partido de Estado, en el cual había siempre una mayoría del partido político gobernante, la oposición nunca pudo sacar adelante ningún procedimiento. La novedad hoy es que esa mayoría ha pasado a la historia. Sin embargo, las siguientes fases del procedimiento no van a pasar y ya han sido cantadas. El senador priísta Dionisio Pérez Jácome ya dijo que el dictamen no pasará y que ellos tienen no sólo la última palabra, sino la mayoría; en la Cámara de Diputados se necesitan dos terceras partes, para lo cual hay que incluir al PRI; y en las legislaturas locales, los priístas tienen mayoría y también señalaron que el expediente será archivado. Con todos estos candados esta experiencia política será sólo un precedente importante, pero la correlación de fuerzas es adversa para que el juicio político, en caso de proceder, pudiera destituir de sus cargos a estos dos gobernadores.

5. Esta experiencia política es positiva para el país. En términos jurídicos abre un expediente que estaba completamente archivado, le restituye al Poder Legislativo una capacidad que estaba impedida y que sólo funcionaba políticamente de acuerdo a la voluntad presidencial, única figura con poder real para aplicar una especie de ``juicio'' político a gobernadores en apuros (para muestra están los últimos casos de Guerrero y Chiapas). Ahora, con estos expedientes, el factor jurídico en la vida pública cobrará una dimensión real que hasta el momento no ha tenido. Una variable de la cultura política mexicana es que el respeto a la ley siempre tiene excepciones y recovecos, y más cuando se trata de ``los políticos''.

6. Uno de los factores más negativos de un sistema político autoritario como el mexicano, ha sido la expansión enorme de la impunidad de los gobernantes, a tal grado de que pase lo que pase, no existe la rendición de cuentas real y menos con la justicia, salvo cuando cada sexenio conviene al mismo sistema hacer algunas purgas y encerrar a unos cuantos chivos expiatorios. En México la alternancia y la competencia política reciente han empezado a establecer límites al poder público. En la medida en que el poder tenga divisiones reales se podrá controlar y vigilar a los gobernantes. Tal vez será hasta el año 2000, dependiendo de la integración del Congreso, cuando veremos casos de juicio político con todas sus consecuencias. Por lo pronto, hoy es un inicio de nuevos tiempos en contra de la impunidad.