Como ensayo preparatorio de lo que podría ser la elección de candidato presidencial para las elecciones del año 2000, y teniendo como referencia el reciente experimento exitoso de Chihuahua, el Partido Revolucionario Institucional ha dado en el terreno teórico el paso más adelantado de su historia en cuanto a democracia, al anunciar que en Puebla, Tamaulipas, Sinaloa y Tlaxcala (entidades todas gobernadas por priístas) no habrá candidaturas de las llamadas de unidad a gobernadores sino electos por votación abierta (tomando como base el padrón electoral federal).

La importante decisión rompe con un capítulo esencial del entramado de intereses y complicidades que durante décadas mantuvo la aplastante mayoría de los gobiernos estatales en manos de priístas, pues al renunciar el dedo presidencial (por vocación histórica o por simple desinterés político) al ejercicio cesarista de designar personalmente candidatos, abre una guerra interna en los priísmos estatales, en la que se infringirán muchas de las reglas secretas (casi mafiosas) del oficio político y saldrán a relucir debilidades y pecados de muchos de quienes, antes callados por sometimiento a una instancia central rectora, ahora entrarán a una batalla cruda por el poder.

Las resistencias internas: gobernadores, secretarios...

Con tal ejercicio de apertura democrática no se garantiza, sin embargo, que los mejores o los más capaces de los militantes del PRI lleguen a ser candidatos, e incluso se corre el riesgo de que por encima de la voluntad presidencial democratizadora (anunciada con anticipación: recuérdense las declaraciones del presidente Ernesto Zedillo al diario venezolano El Nacional, la semana pasada) se impongan los vicios e inercias de un aparato partidista especializado en la adulteración de resultados electorales, e incluso los intereses de los grupos dominantes de las políticas regionales, entre ellos los encabezados por los propios gobernadores o los funcionarios federales importantes.

Carente de cultura democrática, históricamente dependiente de la línea superior, y altamente susceptible de ser influenciado por ofertas económicas o presiones de las autoridades, el electorado proveniente de la estructura priísta tendrá por primera vez (en terreno dominado por quienes suelen ser considerados como los primeros priístas de cada estado, los gobernadores) la oportunidad de participar en un proceso democrático, lo cual ya de por sí será importante.

Pero, además del peso que llegue a tener el priísmo estructural, la decisión final podría ser fuertemente influenciada por los priístas que no hacen vida sistemática en su organización, o por ciudadanos alejados -y hasta adversos- del priísmo, como ya sucedió en Chihuahua, donde el triunfo del heterodoxo Patricio Martínez sobre el súper-ortodoxo Artemio Iglesias se dio gracias a, entre otras causas, el voto de panistas que decidieron (según confesaron después algunos de ellos) participar en el proceso abierto del partido tricolor para ``ayudarle'' a tener buenos candidatos.

Nuevos delegados del CEN

El problema previsible desde ahora (y por ello al principio de Astillero se habla del anuncio hecho por Mariano Palacios como un paso avanzado ``en el terreno teórico'') es el de las feroces resistencias internas. Por ello, el comité nacional priísta ha comenzado a tomar medidas de control en cada una de las cuatro entidades donde se ensayará la democracia interna. De otra manera, los gobernadores tomarán para sí la voluntad de designio que el Presidente ha cedido, y se lastimaría de peor manera a los precandidatos que llegasen a participar en el proceso y al final se encontrasen con que los dados estaban cargados (metáfora usada por Juan S. Millán en Sinaloa, la tierra de Francisco Labastida Ochoa) de antemano en favor de determinado aspirante.

En ese sentido, Mariano Palacios envió a Puebla a un delegado de máxima experiencia y capacidad como es Ignacio Lira Mora, mexiquense que fue secretario de acción electoral en el comité nacional priísta durante la campaña presidencial de Ernesto Zedillo, y que ahora ha asumido la delegación regional del CEN del PRI en Puebla, la tierra donde serán más fuertes y hábiles las pretensiones de un gobernador para influir en la designación de su sucesor. Lira Mora sustituye a otro mexiquense, Arturo Ruiz de Chávez, a quien algunos grupos priístas acusaban de parcialidad en favor de determinados personajes.

Otro mexiquense, el senador Héctor Ximénez González, quien fue secretario de gobierno con Emilio Chuayffet, y dirigente estatal del PRI, ha sido designado representante del comité nacional priísta en Tamaulipas, donde el gobernador Manuel Cavazos Lerma tratará de aprovechar la apertura democrática para obstaculizar en primer lugar a Marco Bernal, ex comisionado para la paz en Chiapas, y en segundo a Diódoro Guerra, director del Instituto Politécnico Nacional. Las resistencias de Cavazos Lerma, sin embargo, no tendrán tanta fuerza, entre otras cosas, porque está de capa caída su base de apoyo, el salinismo, y porque su entrega de cuentas ante los ciudadanos no es satisfactoria.

Con amplísima experiencia, Guillermo Fonseca Alvarez, ex gobernador de San Luis Potosí, irá ni más ni menos que a la tierra del secretario de Gobernación. Fonseca Alvarez (quien ya ha cumplido cuando menos otra encomienda delicada de Mariano Palacios, al fungir como enviado especial a Zacatecas luego que Ricardo Monreal inició la rebeldía que le llevó a renunciar al PRI) encontrará una silenciosa batalla en curso, pues a las declaraciones con las que hace una semana el senador cetemista Millán adelantó el tenor de las convocatorias ayer emitidas, correspondió el endurecimiento de los segmentos priístas favorables a los precandidatos relacionados con el secretario Labastida Ochoa. En aquella entidad del noroeste los riesgos de manipulación no provendrán de Culiacán, donde el gobernador Renato Vega Alvarado está políticamente fuera de la jugada, si no de Bucareli.

En Tlaxcala también se tomaron medidas precautorias: el veracruzano Carlos Brito, que llevaba casi seis años como delegado (con todo lo que ello significaba de cercanía con el gobernador Antonio Alvarez Lima, y de sospechas de que no podría ser imparcial en el proceso venidero), fue relevado por el senador aguascalentense Fernando Palomino Topete. De cualquier manera, la política tlaxcalteca es todavía suficientemente plácida para el PRI como para que sea en esta entidad donde menos riesgos se esperen.

Los riesgos

Otros ensayos priístas de democracia (aproximaciones menores, salvo Chihuahua) han mostrado que se convierten en fuente de deserciones y divisiones si no hay una conducción cuidadosa de estos procesos, y si se permite que los participantes se sientan engañados y utilizados en un libreto de finales previamente escritos.

La simulación no ayudará a la transición democrática mexicana en curso ni al propio partido experimentador. En todo caso, liberará fuerzas hasta ahora sometidas a la voluntad presidencial, pero con el riesgo de que si no hay un proyecto claro, y una operatividad política correcta, el todavía importantísimo conjunto de las fuerzas priístas comience a romperse y disgregarse, causando daño no sólo a sus intereses específicos, sino a los del proceso democratizador en general.

Por ello, puede adelantarse que el éxito del experimento dependerá en buena parte del comportamiento de dos Manueles (Bartlett en Puebla y Cavazos en Tamaulipas) y de un palacio (el de Covián), y del cuidado y el oficio político de un Ernesto y un Mariano.

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