Un buen cirujano es aquel que interviene oportunamente a un paciente, pero que también corta donde debe y extirpa la parte afectada del cuerpo con el menor daño posible, tanto en la herida misma como en el funcionamiento integral del organismo. Hoy, cuando es evidente el enorme costo financiero de la crisis bancaria de 1995 se dice, como hace pocos días lo hizo el director gerente del Fondo Monetario Internacional, que el gobierno mexicano actuó con rapidez y oportunidad para evitar una situación peor en la economía. ¿Será así?
El hecho es que hasta ahora el costo de las intervenciones del Fondo Bancario para la Protección del Ahorro (Fobaproa) asciende a una cifra colosal de 552 mil millones de pesos que, conforme a la iniciativa de ley enviada por el Presidente al Congreso, habría de consolidarse en la deuda pública. Para muchos tecnócratas del sector financiero la cuestión aparece como un mero problema de registro; argumentan que puesto que el daño ya estaba hecho, esto sólo equivale a registrarlo como deuda. Muy fácil, si todo en esta economía es un asunto contable, y si para que la partida doble se cumpla tiene que sacrificarse el crecimiento, el salario o el empleo, pues no hay de otra. En una más de las geniales declaraciones de los funcionarios del gobierno, el subsecretario de Egresos de Hacienda dijo ante los diputados que era una lástima que hubiera que hacer recortes al gasto público debido a la caída del precio del petróleo. Cierto, desde esa óptica son tantas las penas de la Nación, pero los funcionarios no están para lamentarse.
El gobierno se va a quedar con los activos del Fobaproa, las propiedades que fueron recogidas de los bancos ante la incapacidad de pago de los deudores, y de su venta sólo espera recuperar 30 centavos por cada peso. El costo que esto entraña puede ser compatible con la rapidez, mas no con la supuesta eficacia de la intervención que hoy se alaba. La sociedad se queda con los pasivos y con una deuda que tendrá que ser pagada durante largos años. Esa es la cuenta gruesa, en términos simples, de la oportuna intervención ante la crisis. La cuenta más específica, de detalle, no se conoce con precisión. ¿Cómo se usaron los fondos del rescate bancario, con qué criterios se asignaron, a qué institución se destinaron los recursos y en qué cantidades? La ausencia de esta información no sólo hace conflictiva la legislación sobre el paquete financiero que está ya en manos del Congreso y que sólo un iluso puede pretender que con alguna responsabilidad mínima los diputados puedan dictaminar en el tiempo que resta al actual periodo de sesiones. El asunto se complica, además, con el hecho reconocido abiertamente por las autoridades que los bancos no están en capacidad de cumplir con su función económica de financiar la inversión y que requieren de modo urgente de una transfusión de sangre-capital, que tiene que ser importada, para fortalecerse. Es éste otro signo de inefectividad de la rápida intervención ante la crisis de 1995.
Ante el estado de cuentas que presentan las autoridades financieras y la forma como se está llevando a cabo la gestión de la crisis bancaria, llegan a la superficie más datos de casos particulares de escándalos como el de Banca Confía. Desde la cárcel, Jorge Lankenau acusa a los altos mandos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de forma tal que levanta muchas sospechas. Una tiene que ver con la capacidad de esa institución para supervisar a la banca, no hay explicación satisfactoria al porqué la Comisión omitió durante tanto tiempo los malos manejos por los que ahora culpa al ex banquero, no queda clara la relación de los consejeros de ese banco en los negocios violatorios de la ley, incluido el actual gobernador de Nuevo León, ni la razón por la cual el subdirector jurídico tenía que comentar con el dueño del banco sobre el abogado que lo representaría en un posible juicio. Más que autoridad supervisora e independiente, la Comisión aparece como una de las partes del delito. Es necesaria una explicación ténica y sobre todo política de las acciones de las autoridades de Hacienda en el manejo de la crisis bancaria para aclarar su responsabilidad. Mientras haya sospechas de su actuación no se legitima la propuesta de que la Comisión tenga más facultades y que su autonomía se vincule a la del Banco de México.
El caso Confía tiene un costo del orden de 26 mil millones de pesos (más de 3 mil millones de dólares), el banco será vendido a Citibank y no está clara la justificación del precio de venta. En este caso la metáfora del cirujano financiero la verdad es que se queda corta. Para trtar la situación de una institución financiera como el Grupo Confía se debió haber recurrido al Dr. Kavorkian y facilitar una máquina para su desaparición, a un costo mucho menor para la sociedad.