A Santiago Creel, con admiración y profundo afecto

No sé si en otros tiempos era lo mismo. Supongo que no. Y no me refiero sólo a la historia de México sino, en general, a la historia del mundo. Porque en otras etapas de la historia, los valores en juego eran la ética (Grecia), el derecho (Roma) o la religión (Edad Media), aunque a partir del humanismo y del Renacimiento, el hombre se haya convertido en el centro del mundo y el comercio haya asumido --sobre todo a partir de las Cruzadas y del descubrimiento de América-- un valor fundamental.

La política nunca ha estado fuera del juego, aunque sus vertientes antes de Maquiavelo prácticamente hayan ignorado al Estado, preocupadas con la formación de las naciones. La inquietud económica sólo de manera rudimentaria se expresó en los siglos anteriores al actual. El problema social, gestado en la dureza de los conflictos del siglo XIX, y expresado con rotundidad a partir de nuestra Constitución de 1917 y del Tratado de Versalles (1919), con altibajos impresionantes en los últimos años, no tuvo presencia antes de los utopistas, o del Manifiesto Comunista o de la creación de las Internacionales obreras o de la Comuna de París (1871).

Hoy, en cambio, la economía, la política y el problema social protagonizan la vida de las personas. Probablemente en el momento actual, en ese orden que expresaría, por lo mismo, una jerarquía de soluciones.

Pero esas tres patas de la mesa tienen que tener, de manera indispensable, el ambiente jurídico que las haga posibles. El derecho es el oxígeno del Estado. En Kelsen, Estado y derecho se confunden.

La economía, la política y el problema social deben ser conducidos a buen puerto por las leyes. Pero las normas no valen sólo por su vigencia: requieren también de eficacia, que sean cumplidas, y si no lo son que el Estado aplique los instrumentos coactivos necesarios, pero con absoluto respeto a las normas del debido proceso legal, para hacer efectivo eso que llamamos el Estado de derecho. Evitando que el mismo Estado, Razón de Estado de por medio, sea el primer violador de las normas.

Hagamos un balance: ¿cuáles de estos objetivos se realizan en nuestro país, en este momento?

La macroeconomía sigue siendo el centro de la atención estatal. Un día sus datos son optimistas y al día siguiente el mercado petrolero a la baja nos pone de cabeza. Pero, además, las decisiones nos llegan de fuera para provocar las miserias de dentro. La economía vive al servicio de las pudientes. Para los otros, desempleo y miseria.

La política tuvo su momento de esplendor y de esperanza en las elecciones de julio. Pero en este instante, la situación de Chiapas, la descarada violación de los derechos humanos de mexicanos y extranjeros por el gobierno o por paramilitares; las soluciones de fuerza donde debería existir la búsqueda de la concordia y las angustias priístas ante las elecciones que vienen, han provocado una decadencia del trato político que hace pedazos la confianza en que la democracia se asiente en nuestro país. No es el menor de los problemas el que sea cada vez más notable la diferencia entre el discurso y la conducta gubernamental.

El problema social vive en un permanente agobio; 40 millones de mexicanos en la pobreza, alrededor de 20 millones en la extrema necesidad; un desempleo que se viste de economía informal y una infancia numerosa y sin expectativas, expresan que ese tercer valor de la tranquilidad pública se encuentre hoy en la peor de las condiciones.

¿Hay Estado de derecho? Me parece que la respuesta no puede ser más que negativa. Un Ejército que anda suelto, fuera de los castillos, fortalezas y almacenes a que se refiere el artículo 129 constitucional, invadiendo esferas de actuación de la policía; convertido en autoridad ejecutora de decisiones migratorias infundadas y notablemente imprudentes, y un fenómeno de total impunidad respecto de las fuerzas políticas que se utilizan para la represión, no puede ser el ambiente del Estado de derecho.

Sin una economía equitativa y tranquila; con una política incompatible con la democracia, que no es sólo un proceso electoral; con una sociedad en la miseria y sin respeto a las normas jurídicas, la única y dramática conclusión es que el Estado mexicano anda a la deriva. Igual que el PRI.