Grupo de mil 350 mineros reclama 80 mdd en acciones; adoptarán tácticas en común

Emilse Valencia, corresponsal, Hermosillo, Son., 17 de abril Ť Los mil 350 miembros del Grupo Defensor del 5 por Ciento de la Mina Mexicana de Cananea se aliaron con los 38 ejidatarios de Pilares, virtuales dueños de la mina La Caridad, para hacer un frente común de apoyo en los conflictos legales que enfrentan contra el Grupo Mexicano de Jorge Larrea, los cuales implican en conjunto pagos por 280 millones de dólares por incumplimiento de pago.

Una de las primeras acciones del frente común será congregarse el próximo miércoles 22 en Nacozari, para hacer que se cumpla la sentencia del juzgado primero de distrito, pues en esa fecha vence el plazo judicial para que se le restituyan al ejido Pilares las mil 500 hectáreas donde se asienta La Caridad o, de lo contrario, para que Compañía Mexicana del Cobre pague una indemnización de 200 millones de dólares a los 38 ejidatarios por concepto de regalías de explotación de 1974 a la fecha.

Ambos grupos declinaron detallar las acciones de presión ``para evitar que se tomen represalias antes''.

La segunda acción consistirá en conjuntar esfuerzos para ganar el juicio de amparo (71/78) interpuesto por el grupo defensor de 5 por ciento contra Mexicana de Cananea, en el que exigen el pago de 80 millones de dólares correspondientes a las acciones de la planta laboral, de acuerdo con el convenio de compraventa de la mina celebrado el 24 de agosto de 1990 entre el gobierno federal y el Grupo México. La empresa de Larrea se ha negado a cubrir el adeudo, que originalmente era de 19.5 millones de dólares.

El grupo defensor de 5 por ciento lo integran mil trabajadores activos de Mexicana de Cananea, 300 retirados y 50 empleados de confianza, en total mil 350 miembros, que pretenden recuperar el porcentaje de acciones que corresponde a la planta laboral, de los 475 millones de dólares que ofreció en subasta el grupo de Larrea.

Hace siete años se determinó en el convenio que el capital accionario de los trabajadores era de 19.5 millones de dólares; ahora los denunciantes piden 80 millones, de acuerdo con los niveles actuales de explotación de la mina y el tiempo transcurrido sin que reciban lo que por ley les corresponde.