Cerrar o pagar 200 mdd, dilema de la empresa; exigen demasiado, dice el gobernador de Sonora

Roberto Garduño E., enviado /I, Nacozari de García, Son. Ť Tras casi siete años de litigio un grupo de ejidatarios rescató, de manos del hombre que posee la tercera fortuna más cuantiosa del país, la superficie en la que se asienta una de las vetas de cobre más grandes de América Latina.

La propiedad se ubica en la comunidad de Pilares, enclavada en la sierra de Sonora, y fue objeto de una disputa judicial entre su actual propietario, Jorge Larrea Ortega, cuya fortuna asciende a mil 700 millones de dólares, y 38 campesinos a quienes fue arrebatada esa posesión mdiante un decreto de expropiación que firmó Luis Echeverría en 1974, y que a la postre resultó estar mal planteado porque omitió que la verdadera causal de dicho acto era la extracción de minerales.

En junio de 1991 los campesinos afectados por la resolución del gobierno echeverrista interpusieron un amparo en el primer juzgado de distrito en Sonora, y en octubre de 1993 el juez encargado del caso emitió el fallo para que los terrenos en disputa se restituyeran a los ejidatarios.

Años más tarde, al agotarse todos los recursos legales que allegó la empresa minera a los tribunales para evitar la restitución, la delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en la entidad determinó el 13 de marzo de 1998 -en fundamento del amparo referido-, ofrecer un plazo de 30 días hábiles para que la Compañía Mexicana de Cobre desaloje toda la maquinaria que se ubica en la mina, para que los ejidatarios entren en posesión de las mil 500 hectáreas, o de lo contrario la empresa acceda a pagarles una indemnización de 200 millones de dólares.

Una historia del sexenio echeverrista

De dos décadas a la fecha, día tras día, los ejidatarios de Pilares han visto salir de ese terreno de mil 500 hectáreas que fue suyo, camiones cargados de cobre y ácido sulfúrico extraídos de la mina La Caridad, que Larrea y la empresa Mexicana de Cobre recibieron de Banobras para su explotación en 1974, con lo que se invalidó la resolución presidencial que firmó el general Lázaro Cárdenas en 1937 en favor de esos campesinos.

Igual que otras historias sorprendentes en el campo mexicano, ésta comenzó, también, en el sexenio echeverrista, tal como aquella expropiación de 614 mil hectáreas de la selva Lacandona, que benefició a 66 familias de la zona, pero afectó a 40 mil indígenas que ya estaban asentados en la región.

La disposición para afectar el ejido Pilares establecía que la propiedad de mil 500 hectáreas sería de utilidad pública, que se edificaría una planta de beneficio (tratamiento y purificación) de metales, pero en ese decreto no se asentaba que se instalaría una mina de tajo abierto. Además, se prometieron regalías a los ejidatarios, lo que nunca ocurrió.

Ahora, con el fallo judicial a su favor, los dueños del ejido piden 200 millones de dólares de indemnización a cuenta de las prometidas regalías y del costo real del terreno. La Compañía Mexicana de Cobre se niega a aceptar la demanda por considerarla ``desproporcionada''. Faltan algunos días para que se cumpla la restitución, y no han ocurrido acercamientos entre la compañía minera y los ejidatarios.

La opción sólo es negociar, dice el gobernador de Sonora, Armando López Nogales, pero no con base en lo que piden los ejidatarios, porque ``con 200 millones de dólares, cualquier empresa, ¡si los tuviera no necesitaría explotar nada!... ¿imagínese qué empresa puede resistir 200 millones de dólares?''

En este conflicto el dilema es la aplicación de la ley o su omisión.

Armando Salas Piza, experto geólogo y director de Fomento Minero del gobierno de Sonora, expone:

``Es un terreno muy rico, hay una mina muy rica ahí. Ahora habría que ver qué es más importante, que la empresa permanezca ahí con la consiguiente generación de empleos, o que los ejidatarios utilicen sus terrenos para agostadero. Pero la utilidad pública no puede suplantar a la justicia. Se supone que la justicia es antes que otra cosa.''

En Nacozari de García, tierra de mineros, las posturas se polarizan a unos días de concluir el plazo para que sea devuelto el terreno. El presidente municipal, Gerardo Báez, y el cronista del pueblo, Ricardo Uribe, descalifican a los 38 ejidatarios, ``que ni siquiera viven aquí'' y emiten su veredicto mediante panfletos:

``Podría venir un paro de labores por una temporada, que nos perjudicaría a todos los habitantes de Nacozari (empleados, proveedores y contratistas de la empresa) beneficiando a sólo 38 ejidatarios y a los cuervos que están detrás de ellos. El pueblo tiene la última palabra para un juicio popular''.

Manfredo Morghen, ejidatario que nació en el villorio de Pilares, responde: ``es la lucha de toda una vida, no intentamos afectar a los trabajadores ni cerrar la mina, queremos que nos ofrezcan algo decoroso, porque sólo se han burlado de nosotros''.

Prosperidad y decadencia

A finales del siglo pasado el gobierno de Porfirio Díaz autorizó a la empresa minera de Estados Unidos Moctezuma Copper Company la explotación de la veta de cobre en la comunidad serrana de Pilares, distante 5 kilómetros de Nacozari.

Eran tan ricas las venas del subsuelo y fue tanta la extracción del metal que Pilares floreció, se convirtió en pocos años en un poblado próspero: en él vivían más de 5 mil personas, porque comenzaron a llegar mineros europeos, había un cinematógrafo, se edificó el primer gimnasio con piso de duela en el estado de Sonora y funcionaba una escuela con maestros de base. El tiro de la mina llegó hasta los mil 200 metros de profundidad, pero una vez concluida la Revolución Mexicana la veta comenzó a agotarse y el trabajo escaseó.

Desde el 2 de marzo de 1923, los mineros que perdieron el empleo solicitaron al gobierno de Alvaro Obregón que les dotara de ejidos ``por no disponer de tierras para satisfacer sus necesidades''. Trece años más tarde, en el Diario Oficial de la Federación apareció un decreto de dotación que firmó el general Lázaro Cárdenas a favor de los ejitadarios de Pilares, por 3 mil 700 hectáreas tomadas de la propiedad de la Moctezuma Copper Company, que en total poseía una extensión de 62 mil hectáreas en la región.

Pero la prosperidad en Pilares se fue acabando. Los volúmenes de extracción de cobre se redujeron. La mayoría de los mineros abandonó el caserío y se establecieron en Nacozari y Cananea. En 1943, el general Manuel Avila Camacho amplió el ejido -mediante un decreto publicado el 7 de marzo de 1943 en el Diario Oficial de la Federación- con 3 mil 300 hectá- reas más tomadas también de la superficie de la Moctezuma Copper Company.

En 1959 ya no hubo más cobre en Pilares. Sólo se quedaron en el pueblo los ejidatarios que comenzaron a criar ganado Herford en sus terrenos de agostadero. La mayoría de sus animales se utilizaba para el autoconsumo, y los pocos que restaban se mercaban en Nacozari o Moctezuma.

Así sobrevivieron más de una década los ejidatarios de Pilares. Entre el paulatino abandono del caserío y la falta de apoyo a su incipiente actividad. Diez años más tarde, en 1968 llegó a su ejido un grupo de geólogos de la Dirección de Recursos Naturales no Renovables del gobierno federal, los cuales inspeccionaron la zona del cerro Santa Rosa -distante 3 kilómetros de la comunidad- y tras varios días de estancia regresaron a la ciudad de México sin dar explicación a los ejidatarios, pero con la certeza de que en esa cumbre se encontraba una rica veta de cobre

Seis años después, en 1974, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que firmó Luis Echeverría en respuesta a una solicitud del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), disposición que declaró expropiadas las mil 500 hectáreas.

Las anomalías de la expropiación

El proceso para arrebatar a los ejidatarios de su posesión comenzó una vez que se supo del valor del subsuelo en el cerro Santa Rosa. El gobierno de Sonora solicitó el 3 de julio de 1970 al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, que dirigía Augusto Gómez Villanueva, la expropiación de las tierras al ejido Pilares para destinarlas a la ``creación, fomento y conservación de una planta de beneficio, cuya materia principal es el cobre''.

No se mencionó entonces que en los terrenos se asentaría una mina de tajo abierto. Se omitió la verdadera causal que era explotar los minerales existentes. El presidente Luis Echeverría autorizó la expropiación, en enero de 1974, por ``utilidad pública''. Y ordenó que Banobras pagara a los ejidatarios una indemnización de 2 millones 843 mil pesos.

Ese dinero no salió de las arcas del banco sino de las de la Compañía Mexicana de Cobre, porque tres años antes del decreto, en junio de 1971, Banobras ya había negociado el monto de la indemnización entre la empresa minera y el comisariado ejidal de Pilares.