La acción de Taniperlas es una torpeza política que en nada ayuda a disipar la niebla que oscurece la solución del conflicto. Alimenta la desconfianza internacional en los procedimientos judiciales y migratorios mexicanos, pero sobre todo arroja una sombra de duda sobre la estrategia gubernamental respecto a Chiapas y sus causas, justo en el momento que se discute el futuro de la reforma sobre los derechos indígenas.

La hipótesis gubernamental es simple: en Chiapas se ha violado el Estado de derecho y hay que restaurarlo a toda costa, devolviendo a las autoridades estatales el mando sobre el curso de los acontecimientos. Sin embargo, ese encomiable propósito de actuar conforme a derecho, concebido estrechamente, topa con la naturaleza política del conflicto, cuya solución exige a todos los involucrados poner por delante la búsqueda de la paz mediante procedimientos políticos. Sin ese convencimiento hubieran sido incomprensibles la Ley de Concordia o los acuerdos de San Andrés. Habría bastado en cada momento del conflicto con aplicar a los inconformes toda la fuerza del Estado. Pero esa no es la salida que la sociedad mexicana vislumbra para el conflicto chiapaneco.

Es una obviedad decir que en Chiapas, o por lo menos en amplias regiones del estado, hace mucho tiempo que no existe el tal ``Estado de derecho''. Hay lugares donde la autoridad política o judicial carece de presencia; a duras penas hay allí representantes comunitarios, ejidales o eclesiásticos pero no estatales, salvo los cuerpos de seguridad, claro. Por algo se dieron allí las condiciones para el levantamiento armado del 1o. de enero. Suena, entonces, un poco hipócrita decir que se quiere restaurar lo que nunca existió más que en el papel. Sin embargo, esa situación no autoriza a nadie a suplantar la Ley, muchos menos a inventar demagógicamente un nuevo orden político al margen de la Constitución, desconociendo los avances democráticos tan dificultosamente conseguidos. Es cierto que los llamados municipios autónomos carecen de sustento legal y que los extranjeros están impedidos de intervenir directamente en actos reservados a mexicanos. No vale la pena insistir demasiado en este punto. La pregunta es si la acción del Estado ha servido o no a su propósito declarado de propiciar la paz.

En rigor, el gobierno no ha desmantelado nada, salvo un cobertizo de madera y cosas así. Pero nada más. Los llamados municipios autónomos no existen por ley sino de facto; a su manera son una especie de ``soviets zapatistas'', erigidos como un doble poder desafiando al orden constituido. Aprovechan para su conformación el vacío creado por el retraso para remunicipalizar el estado, pero también la división interna de las comunidades, que así resulta peligrosamente avivada. Concebidos para fortalecer la presencia civil de sus ``bases de apoyo'', los municipios autónomos creados por el zapatismo corresponden, en un código diferente, a las ``zonas liberadas'' de otros tiempos. Puesto que no representan a todos los miembros de una comunidad sino sólo a sus partidarios, son verdaderos organismos políticos rebeldes en el sentido estricto del término, inscrito en una estrategia capaz de polarizar las diferencias, aprovechando las debilidades del adversario, pero sin ofrecer reales alternativas institucionales al vacío de representación política que está en el fondo de la crisis que vive Chiapas.

El nuevo orden jurídico, si cabe la expresión, tiene que surgir en Chiapas de varias fuentes: una es la reforma que incluya la remunicipalización del estado y la redistritación electoral, pero sobre todo para alcanzarlo es imprescindible el acuerdo político entre todas las fuerzas locales, regionales y nacionales que de una manera u otra están implicadas en el conflicto. No reconocer la necesidad de poner fin al empantanamiento en el diálogo puede ser un espejismo o una peligrosa provocación. No es fácil revertir las inercias del momento, pero algo podrá hacerse. Por lo pronto, el Congreso chiapaneco debería buscar su imagen en el espejo de los oaxaqueños que, sin esperar a la reforma constitucional, abrieron las compuertas a nuevas formas de representación.