A la memoria de Lilia Matías,
mujer mixe que ha fallecido en
tierras rarámuris

Con otra señal de guerra hemos amanecido un nuevo domingo de gloria. Para el poder no basta con lo acaecido en Acteal. Lo que importa es mantener a costa de todo el esquema de guerra puesto en marcha para sofocar las demandas justas y legítimas de los pueblos indígenas del sureste mexicano.

La estrategia gubernamental ha agregado otra pieza a su esquema de juego: la confrontación directa con los municipios autónomos establecidos por el EZLN. Roberto Albores y Ernesto Zedillo han detenido y capturado a los indígenas zapatistas --así como a 12 observadores internacionales-- que el 10 de abril hicieron pública la creación del municipio autónomo ``Ricardo Flores Magón'', integrado por 106 comunidades indígenas.

El argumento central para esta nueva ofensiva, según Albores Guillén, es ``restablecer el estado de derecho y evitar, con estricto apego a la ley, el desconocimiento de las autoridades constitucionales y la usurpación de funciones públicas, que atentan contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado''.

Pero preguntémonos: ¿Qué es el estado de derecho para los pueblos indígenas? ¿Quién determina las autoridades en nuestros pueblos? ¿Quién o quiénes usurpan las funciones públicas y atentan contra la paz? Según nos han dicho los juristas, el estado de derecho ``es aquél cuyo poder se encuentra determinado por preceptos legales'' (Diccionario de Derecho, Rafael de Pina). Ahora bien, estas normas legales son válidas y eficaces si son estatuidas mediante un consenso con los destinatarios de las mismas. Valdría preguntarse si en el orden jurídico mexicano, y en especial el del estado de Chiapas, fueron tomadas en consideración las demandas y aspiraciones de los indígenas que desde tiempos inmemoriales ahí han vivido, o si fue establecido a espaldas de ellos y aun en contra de sus intereses.

La experiencia nos indica que el tan aludido ``estado de derecho'' fue construido sin tomar en cuenta a los pueblos indígenas. Que el orden legal mexicano, y en especial el chiapaneco, tiene su base y fundamento en una concepción monoétnica e individualizante que ha fracturado gravemente la dignidad e integridad de nuestros pueblos. ¿De qué estado de derecho está hablando Albores Guillén? ¿Los pueblos indígenas de Chiapas pueden seguir aceptando un orden legal que les es impuesto y no consensado? ¿La paz que reclamamos los mexicanos vendrá por consenso o mediante una imposición?

Más allá de la argumentación, nadie puede ignorar los hechos. La realidad nos indica que aun cuando las demarcaciones municipales han sido impuestas a las comunidades indígenas de ese estado, esto no ha significado que tales pueblos hayan olvidado sus formas propias de gobierno. Por el contrario, los municipios en esas zonas han sido tan sólo máscaras que los gobiernos estatal y federal buscan mantener a toda costa. Pero olvidan que esos mismos pueblos han decidido apropiarse de nuevos instrumentos que permitan su reconstitución.

El gobierno de Chiapas se comprometió, en los acuerdos de San Andrés, para que a los pueblos indígenas se les reconozca ``...el derecho a que se respeten sus formas propias y autónomas de gobierno, en las comunidades y municipios en las que están asentados. Las elecciones de las autoridades indígenas se efectuarán de conformidad con las tradiciones propias de cada pueblo...''. Vistas así las cosas, ¿puede decirse, con sensatez y justicia, que los indígenas rebeldes están usurpando funciones, o el que comete tal delito es el señor Albores Guillén? ¿Cuál es la autoridad legítimamente establecida: aquélla que dan las leyes y las instituciones ajenas a los pueblos indígenas o las determinadas por la población interesada?

En vez de entender la voz ancestral de los pueblos indígenas, el gobierno ha recurrido a la mentira y al engaño. Hoy quiere coronar su triunfo anunciando por todos lados que ``el gobierno federal cumple con los acuerdos de San Andrés''. Sin embargo, al hacer esta campaña está utilizando imágenes de indígenas a quienes ni siquiera ha consultado. Resulta ilustrativo lo que el jefe mayo Simón Ruiz Lerma ha dicho: ``No estoy de acuerdo; no sé si a los demás indígenas que salen les hayan dicho algo, pero a mi persona no''.

Pero al fin habrá de triunfar la palabra verdadera, que según nuestros ancestros es la que refleja fielmente los hechos. No triunfará la guerra, sino la paz verdadera. Entre las palabras del gobierno y sus acciones hay un gran abismo.