Rodolfo F. Peña
Jugar con fuego

Parece que hay una fuerte y saludable presión sobre el Senado no sólo para que se abstenga de emitir un dictamen al vapor en materia de derechos y cultura indígenas, sino para que se posponga la discusión de las inicitivas hasta en tanto no se restablezca la bilateralidad del proyecto y se recuperen algunos puntos sustanciales. Lo menos que puede decirse de esas iniciativas, la del Ejecutivo y la del PAN, es que con su eventual fusión y aprobación la ley resultante pecaría de inanidad jurídica, lo que la volvería irresponsable, porque los tiempos no están para simulaciones y lo que se está demandando es una legislación seria sobre las minorías étnicas; lo más, y lo altamente alarmante, es que con ella se está propiciando un estado de guerra de intensidad y alcances imprevisibles.

Quizá todavía es tiempo de pensar en los verdaderos intereses del país y de olvidar alianzas efímeras y abastardadas. Desde fines de noviembre de l996, la Cocopa, órgano de coadyuvancia y mediación, envió al gobierno la propuesta en que se recogían los acuerdos de San Andrés, cuya virtud, a más de que recogen lo esencial de las pláticas, es que fueron aceptados y firmados por las partes beligerantes. ¿Por qué la retractación gubernamental? Aparentemente, por ignorancia y por miedo. Se ha creído y temido que los derechos que consagra esa iniciativa se traduzcan en una balcanización del país, en fueros y privilegios para los indígenas, en generadores de reservaciones, en la desintegración del pacto nacional. Por eso campeó por Los Pinos la sombra ominosa pero ya ridícula de Santa Anna.

No se ha visto, porque no quiere verse, que la verdadera unidad nacional implica el respeto al pluralismo y la diversidad étnica, como tampoco quiere verse que la sociedad no indígena ha abierto los ojos --un tanto tardíamente: sólo 500 años-- y no quiere ni un día más de marginación y discriminación, quiere mexicanos con igualdad de derechos ante la Constitución y las leyes derivativas, sin que a nadie le importe el origen étnico de los compatriotas.

En cuanto a las cartas municipales del PAN, verdaderas reliquias, si es que no son una simple ocurrencia, tienen al PRI por verdadero destinatario. Aprovechando la circunstancia priísta de voto insuficiente para legislar, implican una forma autonómica de acotar el autoritarismo, los abusos y extralimitaciones del partido oficial, como si se tratara de un poder monárquico. Pero nada tienen que ver con la autonomía indígena ni con las demandas de los insurrectos. Los panistas han vivido atosigados por el PRI como su gemelo enemigo y quieren abrirse espacios nuevos gracias al conflicto chiapaneco. Pero la lucha contra el régimen de partido único está librándose desde hace rato, incluso con la participación del PAN, y lo que se necesita para acabar con las arbitrariedades y corruptelas es extender y perfeccionar la democracia, entre otras cosas precisamente con la libre participación de los pueblos indígenas, sus tradiciones y su cultura.

Pero la razón fundamental por la que no debiera discutirse siquiera en el Senado, y menos aprobarse, una ley renga y claudicante, es que, independientemente de su contenido, obedece a una imposición y olvida que fue, en su origen, parte de un acuerdo para la paz en tiempos de cese de hostilidades.

El EZLN se ha comprometido a reanudar las pláticas si se cumplen cinco requisitos que no son nada del otro mundo y que, se diría, corresponden a la experiencia de muchos meses: instalar una Comisión de Seguimiento y Verificación, nombrar una comisión gubernamental con facultades para resolver y obligarse, liberación de los zapatistas presos, fin de la guerra sucia y cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Para hacer todo esto, el gobierno no habría necesitado de sugerencias o excitativas: estaba obligado a hacerlo por la lógica del conflicto y de su comportamiento hasta la suspensión unilateral de las pláticas. Insistamos: quizá no sea todavía demasiado tarde, a condición de que cuanto antes se deje de jugar con fuego en temporada de incendios.