Hay quienes piensan que las discrepancias entre el Consejo General y el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) han provocado una pérdida de ``cohesión, eficacia ejecutiva e imagen externa'' (Miguel de la Vega, Proceso, núm. 1119, 12/04/98, p. 24). Sin embargo, una consideración más amplia del problema podría llevar a sostener una tesis distinta. Lo que se ha estado discutiendo en el fondo, no es sólo el personaje que debería ocupar ese cargo, sino un conjunto de reglas que permitan un funcionamiento más integrado de la institución.

El IFE fue producto de la primera reforma electoral salinista que entró en vigor en las elecciones de 1991, su creación significó un paso muy importante hacia la institucionalización de las elecciones mexicanas. Sólo que en la práctica la ciudadanización y la autonomía, no fueron reales porque el secretario de Gobernación fungía como presidente del IFE y tenía bajo su mando al secretario ejecutivo, quien a su vez era responsable de toda la estructura ejecutiva. De tal suerte que el Consejo General y todos los demás consejos locales y distritales, tenían una función ornamental. El Consejo General se fortaleció con la reforma electoral de 1994; fue hasta 1996 cuando el IFE alcanzó una autonomía significativa, con la salida de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Consejo General y un método nuevo para la designación de los consejeros electorales.

En 1996, como una medida de ``transición'', se decidió confirmar en su puesto al entonces secretario general, Felipe Solís Acero, quien había ocupado varios cargos de alta responsabilidad en el IFE desde 1991. La prueba de fuego de la nueva organización estuvo en las elecciones federales de 1997 porque en lo general ganaron la credibilidad y el respeto de los partidos y de los ciudadanos.

Pero la forma en que debería funcionar la nueva organización, a fin de que el Consejo General, como cuerpo colegiado, realmente asuma la responsabilidad de la direción del IFE en todas sus facetas, es un problema que no ha sido resuelto ni en la ley de 1996, ni en la práctica. La estructura ejecutiva ha seguido descansando casi exclusivamente en el secretario ejecutivo. Basta revisar al Cofipe para darse cuenta de la magnitud de las responsabilidades depositadas en este cargo: elegido por siete años, representante legal de la institución, secretario técnico del Consejo General, con capacidad de aprobar la estructura de las direcciones ejecutivas, las juntas locales y distritales, evaluar programas, elaborar el presupuesto, disponer de toda la información sobre el funcionamiento de las seis direcciones ejecutivas y sobre los partidos, someter al Consejo General, para su aprobación, los asuntos de su competencia y llevar a cabo todas las decisiones del Consejo (Cofipe, artículos 88 y 89).

Es fácil advertir que los consejeros electorales necesitan tener recursos propios para allegarse información, no ya para sustituir, sino solamente para evaluar el funcionamiento de la estructura ejecutiva y poder tomar sus propias decisiones. De otra forma sería el secretario ejecutivo quien asume la función tanto ejecutiva, como de evaluarse a sí mismo. Ahora los nuevos consejeros electorales han desarrollado un método de trabajo en ``comisiones'' que los responsabilizan directamente por áreas geográficas y de trabajo; en gran medida el arreglo al que se ha llegado ahora establece puentes y compromisos, calendariza reuniones entre la organización ejecutiva y el trabajo de los consejeros, define la obligación del secretario ejecutivo frente al Consejo y las ``comisiones de trabajo'' para mantenerlas informadas sobre el trabajo en las seis direcciones técnicas del IFE, pero deja el papel central de la organización al secretario ejecutivo, probablemente con el fin de no crear líneas de mando paralelas.

El resultado de la discusión que ha tenido lugar en el seno del IFE desde el 30 de enero hasta el 7 de abril del presente año, no alcanzó el consenso deseado, cuando menos en la expresión concreta que tuvo el acuerdo al nombrar al nuevo secretario ejecutivo del IFE, Fernando Zertuche Muñoz (siete votos a favor y dos abstenciones). Este hecho no puede verse como un problema trivial, se ha dado un paso para la consolidación de la nueva institución que tendrá en sus manos la legitimidad de un proceso electoral que podrá decidir, quizás por primera vez, el futuro del país en el año 2000, pero habrá que poner a prueba, tanto la nueva forma de organización, como el desempeño del nuevo secretario.