A pesar de los muchos propósitos moralizadores y disciplinarios formulados por autoridades de los tres niveles de gobierno en diversos puntos del territorio nacional, y a pesar de los escándalos desatados en meses recientes por revelaciones sobre actividades flagrantemente delictivas de funcionarios policiales judiciales y preventivos, federales, estatales o municipales, persiste el alarmante deslizamiento de las corporaciones policiacas del país hacia la ilegalidad.

Tres ejemplos diversos e inmediatos de este fenómeno son los asesinatos de cinco campesinos poblanos por agentes de las corporaciones judiciales Federal (PJF) y Estatal de Morelos; las denuncias sobre la utilización de hoteles y domicilios particulares confiscados como cárceles y sitios de arraigo de dudosa legalidad, práctica que parece ser cada vez más utilizada por parte de la Procuraduría General de la República y la PJF, y el exceso represivo en el que elementos de la policía preventiva del Distrito Federal incurrieron antier contra un grupo de niños de la calle.

El primero de los hechos mencionados es, sin lugar a dudas, el más grave e indignante, no sólo porque se inscribe en el patrón de conductas y actos criminales por parte de servidores públicos, cuya función debiera ser precisamente el combate al crimen, y porque se atentó contra el derecho a la vida, sino también porque en esos asesinatos participaron, además de los agentes federales, policías judiciales de Morelos, pertenecientes a una corporación contra la cual existe un clamor popular inocultable, que ha llegado incluso a poner en cuestión la permanencia en el cargo del gobernador Jorge Carrillo Olea. Los homicidios de Hueyapan confirman que las fuerzas policiales estatales han llegado a tal grado de descomposición que constituyen, hoy, el principal factor de la violencia, la inseguridad y la criminalidad que padece el estado.

En cuanto a los informes sobre la habilitación de hoteles y casas confiscadas a delincuentes como cárceles o centros de detención, utilizados por la PJF, ha de señalarse que la legalidad y la pertinencia de tal práctica son, por lo menos, dudosas: esta situación irregular se constituye en terreno fértil para toda suerte de violaciones a las garantías individuales de los detenidos en esos peculiares sitios de reclusión, en los cuales, al parecer, algunos sospechosos son retenidos por mucho más del término legal de 72 horas establecido para su acusación formal y su presentación ante los jueces.

Finalmente, por lo que se refiere al enfrentamiento ocurrido antier en la Alameda Central de esta capital entre niños de la calle y policías preventivos, es preciso investigar las divergencias entre la versión oficial y la de los menores, pues en tanto que la primera asegura que éstos fueron los agresores, los niños de la calle y la ONG Casa Alianza sostienen que fueron los guardianes del orden quienes los atacaron en forma injustificada y sin que existiera flagrancia alguna. Tal alegato es verosímil si se recuerda el negro e indignante historial de agresiones policiales de que han sido víctimas tradicionales esos menores inermes y desposeídos. Por ello, es obligado investigar a fondo la actuación de los uniformados y, en su caso, sancionar los excesos que pudieron haber cometido.