En las democracias modernas, representativas, fundadas en el principio de la soberanía popular, delegada en poderes legalmente constituidos, se puede discrepar de todo, menos en el respeto al orden legal, constitucional, las reglas emanadas de la voluntad general.

Nunca en México hubo tanto respeto al sufragio, al voto ciudadano y crédito en las instituciones políticas y electorales. La responsabilidad pública de autoridades, en tanto la propia ley así lo establece, corresponde a quien ha obtenido un voto de confianza de la sociedad mediante los mecanismos democráticos vigentes. Y la autoridad, postulada por un partido o por otro, es la misma para todos.

La actuación de la autoridad ante la pretensión de erigir un llamado ``municipio autónomo'', en realidad ``municipio paralelo'', en una porción del territorio de Ocosingo no puede ser analizado fuera de este contexto.

No es posible conceder a quienes no poseen las atribuciones respectivas, que pretenden ejercer actos de autoridad o invadir facultades exclusivas de la Legislatura local de Chiapas.

Nadie puede invocar por ello fuente alguna de legitimidad de ``autoridades paralelas''. Hacerlo es situarse al margen del estado de derecho. Y no porque sean gobiernos autónomos, sino porque ninguna disposición legal ha sancionado los mecanismos para constituirlos.

La autoridad, como ya se vio en Oaxaca, puede obtener su legitimidad del voto ciudadano y de los usos y costumbres, pero en uno y otro caso es la ley la que así lo establece.

La clave está en que la voluntad general, expresada como representación nacional, pacto federal y legislaturas de los estados, es la inistancia que fija las reglas del juego.

Sería grave negar que México es un país de instituciones y de leyes. Un país donde sólo es legítima la autoridad que es erigida conforme a la ley y no por decisión de grupos Algunos discrepan de esta realidad democrática y no les agrada que ante hechos como el ocurrido en Ocosingo, se esclarezca ante la opinión pública la naturaleza y fondo de actos que atentan contra el estado de derecho.

Algunos en estas mismas páginas plurales de La Jornada han intentado llegar más lejos e incluso han tratado de demeritar temerariamente, sólo a partir de conjeturas e insinuaciones sin fundamento, el esfuerzo que se ha realizado para solucionar el conflicto desde sus inicios mediante el diálogo, esfuerzo de muchos, encabezado por el propio gobierno federal y, en particular, respaldado hoy por el titular de la Secretaría de Gobernación.

Todos podemos discrepar o disentir, pero todos estamos llamados a ponderar con buen juicio, con mesura, la actuación de quienes con responsabilidad, y porque tienen la competencia y atribuciones correspondientes, participan en la búsqueda de soluciones al conflicto.

Lo importante debe estar hoy en buscar más puntos de consenso, no de división, más puntos que nos unan y no en profundizar o abrir discrepancias personales innecesarias. Ni ello ni la creación de los llamados ``municipios paralelos'' contribuye a la paz. Una paz que no se concibe fuera de la civilidad y el estado de derecho.

* Senador de la República