El conflicto de los juicios políticos entró ayer en un receso, pero eso no significa que ya esté superado. Por el contrario, en los días venideros habrá nuevos e intensos enfrentamientos entre el PRI y la oposición.

La reunión de trabajo de la subcomisión de Examen Previo, de la que hablamos ayer en este espacio, terminó con un acuerdo firmado por sus siete integrantes --de PAN, PRD y PT; quedaron fuera los priístas y Jorge Emilio González, por su condición de presidente de la Cámara--, quienes consideran procedente iniciar el juicio político contra los gobernadores de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, y de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado.

Persiste la protesta del PRI, que considera ilegal la reunión, primero porque la convocatoria no se hizo de la manera que ellos consideran adecuada, y segundo, porque esos siete legisladores no hacen mayoría, sino que se necesitaba uno más.

Debido a esas inconformidades, la diputación priísta había anunciado acciones para anular el acuerdo, sobre todo en contra del diputado panista Santiago Creel Miranda, pues consideran que debe ser removido del cargo de presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Las protestas contra Creel Miranda no tuvieron lugar en la sesión de ayer, pero en medios priístas se prevé que podrían ocurrir en la asamblea citada para hoy, luego de un estudio más detenido de los cargos y los fundamentos jurídicos en su contra.

En resumen, éste es un conflicto que va para largo, ya sea que se deseche o se confirme la decisión de instaurar juicio político en contra de los dos mandatarios estatales.

Si continuara el proceso, los gobernadores Cervera Pacheco y Madrazo Pintado tienen derecho a defenderse, pero entonces habrá que ver si deciden hacerlo por cuenta propia, si enviarán a sus abogados o serán representados por sus compañeros diputados del PRI.

En el caso aún más remoto de que la oposición triunfara y se dictaminara en contra de los acusados, entonces vendría la segunda parte, que es la acusación ante el Senado. Allí será prácticamente imposible que prospere la denuncia porque el PRI tiene mayoría.

Por último, como ya lo habíamos mencionado, si por alguna razón desconocida los legisladores de oposición llegaran a salvar la aduana del Senado, entonces las decisiones del Congreso de la Unión deberán turnarse a los congresos de los respectivos estados con calidad de recomendación, pues el Congreso de la Unión no tiene facultades para decidir en materia de juicios políticos a gobernadores de las entidades federativas.

En conclusión: mucho trabajo para terminar en un simple jalón de orejas, pues los congresos locales difícilmente actuarán contra sus gobernadores en funciones.

La cosecha

Como si no tuvieran otros asuntos urgentes por resolver, los dirigentes del sindicalismo oficial afrontan un grave problema por la presidencia del Congreso del Trabajo, cuyo titular es el ex dirigente de la FSTSE, Héctor Valdés Romo. Fue elegido para un periodo de un año, pero a sus compañeros del CT se les olvidó que antes de cumplirlo dejaría su cargo en la burocracia, y ahora tratan de que se cumpla a rajatabla que el titular de esa central tenga la representación de alguno de los sindicatos afiliados... Más allá de personalidades, lo que importa es la decisión del CT de efectuar o no marcha el primero de mayo. Al parecer todo quedará en un mitin encabezado por el presidente Ernesto Zedillo.