A diferencia de varias respetables opiniones, yo no creo que el gobierno de Ernesto Zedillo pretenda una salida militar en Chiapas --que causaría un baño de sangre, pero no resolvería el conflicto sino sólo lo dispersaría--, porque me resisto a aceptar que el Presidente y su secretario de Gobernación, Francisco Labastida, sean capaces de una torpeza suprema cuyo riesgo inminente sería la pérdida de la Presidencia para uno y de la posibilidad de obtenerla para el otro.

No hay hipérbole al mencionar ese riesgo. Las masivas manifestaciones que se producirían en la ciudad de México y los previsibles actos de resistencia civil, las seguras turbulencias financieras que surgirían, el mar encrespado que habría en la Cámara de Diputados --donde la oposición es mayoría--, las repercusiones en veintenas de ciudades del extranjero, entre otras consecuencias, constituirían un conjunto de adversidades superior a lo que el gobierno zedillista podría resistir. Por ahí, además, se fugarían las aspiraciones presidenciales de Labastida, quien afronta ya la posibilidad de que, si la situación chiapaneca no avanza hacia una solución negociada, difícilmente podrá obtener la candidatura priísta e incluso conservar su puesto actual.

No obstante, lo que no encaja en este análisis es que los actos del gobierno acercan el peligro de guerra, como lo acreditan las recientes operaciones policiaco-militares en Chiapas, el intento por hacer aprobar una iniciativa de reformas constitucionales que se sabe no será aceptada por el EZLN y los continuos ataques de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), sobre todo a su presidente, el obispo Samuel Ruiz.

Con la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) debilitada, la eventual desaparición de la Conai --que conviene recordar está constituida por varios distinguidos mexicanos y no sólo por don Samuel-- abriría la puerta a la mediación extranjera que tanto detesta el gobierno.

Los absurdos saltan a la vista: el gobierno no quiere la guerra, pero actúa como si la deseara con vehemencia. No quiere la mediación extranjera, pero intenta destruir a las instancias nacionales de intermediación. ¿Dónde está la coherencia?

Tampoco hay coherencia, al menos no con el pacifismo cristiano, en la actitud de un sector de la Iglesia católica que se ha alineado con Gobernación y contra el presidente de la Conai. En ese sector se ubica el periódico Nuevo Criterio, publicación quincenal de la Arquidiócesis de México, que en su más reciente editorial sostiene, en obvia alusión al obispo de San Cristóbal de las Casas, que ``quienes en un principio se ofrecieron a sí mismos como mediadores'' han dejado de serlo y se han convertido en ``jueces y parte del conflicto mismo, aunque sea intelectualmente'', por lo cual ``lo deseable sería que no hubiera mediadores, que las partes hablaran entre sí'' (José Antonio Román, La Jornada, jueves 9 de abril, p. 5).

¿Se ha planteado José Castellanos López, director de ese periódico, que si desapareciera la Conai o se apartara a don Samuel de la mediación, la posibilidad de paz se debilitaría y, por tanto, la de guerra se fortalecería? ¿Es ésta una posición coherente con la doctrina del Príncipe de la Paz? ¿Cómo podría el gobierno entenderse directamente con su contraparte si no ha podido hacerlo con la Conai ni con la Cocopa?

A diferencia de la postura editorial de Nuevo Criterio, el episcopado mexicano --representado por los obispos Luis Morales Reyes, José Martín Rábago y Abelardo Alvarado-- expresó en una declaración oficial su rechazo a ``los ataques recientemente aparecidos en contra del señor obispo D. Samuel Ruiz García, pues, además de considerarlos injustos, en nada contribuyen al clima de diálogo y de respeto debido a los distintos actores que participan en las negociaciones en torno al conflicto de Chiapas sino que, por el contrario, aumentan el clima de violencia y confusión''.

Esta declaración episcopal fue publicada en el número del mencionado periódico correspondiente a la primera quincena de abril y la ya citada opinión editorial lo fue posteriormente. ¿Hay una intención de Nuevo Criterio de contradecir a los obispos? ¿Comparte esta intención el cardenal Norberto Rivera Carrera?

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