Mal y de malas. Cada paso al frente que el gobierno federal da en su estrategia hacia Chiapas se convierte en un paso hacia atrás. En casi cuatro meses el nuevo secretario de Gobernación ha logrado toda una hazaña: enredar aún más el asunto de lo que se encontraba, y labrarse una imagen de rijoso e intolerante. Nunca como ahora, la solución del conflicto había estado tan lejos.

Francisco Labastida se ha enfrentado, uno tras otro, amenazante y escandaloso, a los zapatistas, a la Cocopa, a la Conai, al PRD, a la solidaridad internacional, a las iglesias Católica y Evangélica. ¿Podrá un hombre con esa capacidad para echarse pleitos encima garantizar la política interna de un país tan crecientemente polarizado como el nuestro? El nuevo trato gubernamental hacia los opositores instrumentado desde Bucareli parece condensarse en el famoso gesto de Roque en la Cámara de Diputados.

La ofensiva policiaco-militar en contra del municipio autónomo Ricardo Flores Magón, no es sino el último eslabón de una estrategia que habla de paz pero hace la guerra. Los costos inmediatos de la operación están a la vista de todos. De entrada, los doce extranjeros expulsados del país vienen a confirmar que la campaña xenófoba sigue en marcha, y la imagen del gobierno mexicano en el exterior seguirá deteriorándose aceleradamente. La detención de nueve mexicanos sin órdenes de aprehensión, sin flagrancia e integrando un expediente posteriormente a las aprehensiones realizadas en nombre del ``estado de derecho'' viola la Ley para la Concordia y la Pacificación del 11 de marzo de 1995 y muestra el uso político del derecho. Al tratar de convertir a los detenidos en rehenes de la negociación con el EZLN, el gobierno se mete un autogol: los nuevos presos políticos se convertirán en un verdadero dolor de cabeza del Ejecutivo federal.

La acción pone al gobierno ante un grave predicamento: ¿qué hacer con los 32 municipios autónomos restantes? ¿Mandar al Ejército a detener a sus autoridades y escalar el conflicto aún más? ¿Por qué sí aprehender a unos y no a todos? ¿Cómo enfrentará la creación de 20 nuevos ayuntamientos autónomos en Oaxaca, Guerrero y Veracruz anunciada por el Congreso Nacional Indígena? ¿Cómo puede seguir hablando de que busca salidas pacíficas al conflicto si todas las evidencias muestran que prepara la guerra? El presunto gobernador interino del estado, deseoso de protagonismo y docilidad hacia los dictados del centro, ha asumido la responsabilidad del operativo. ¿Desde cuándo Albores Guillén tiene autoridad para ordenar al Ejército, la Policía Judicial Federal y al Instituto Nacional de Migración un operativo de esta naturaleza destinado a perseguir delitos del fuero común? Malo si el nuevo virrey dio la cara para justificar decisiones tomadas en otras esferas, peor si estas instituciones obedecieron las instrucciones del nuevo desgobernador.

La ofensiva gubernamental evidencia que el terreno principal de su plan de acción es el político-militar. Muestra, además, que para lograrlo está dispuesto a estrechar su alianza con los grupos de poder locales más reaccionarios y a estimular el odio de clases. Por si fuera poco, se pretende ``fabricar'' en el estado una guerra religiosa, que deforme la naturaleza del conflicto.

Taniperlas y el resto de las comunidades que integraron el municipio autónomo están en una región donde la presencia zapatista era, hasta entonces, relativamente difusa. La constitución del ayuntamiento Flores Magón muestra que, a pesar de la masiva presencia militar, el zapatismo continúa expandiéndose. Los municipios autónomos son la salida política que el EZLN ha construido para encauzar una profunda rebelión indígena que nace de sus mentes y sus corazones. Son, simultá-neamente, la respuesta al impasse gubernamental en el proceso de negociaciones y la aplicación de facto de los acuerdos de San Andrés. La detención de siete indígenas, la destrucción de un cobertizo de madera y la presencia militar no acaba con el municipio autónomo, pues éste existe por la voluntad y el acuerdo de las comunidades a darse su propio gobierno. Sin embargo, la acción de fuerza gubernamental aviva la llama de la guerra.

Mal y de malas, las acciones gubernamentales hacia Chiapas muestran que el encono y el rencor se han instalado como políticas de Estado. De mal en peor, cada nueva medida tomada no hace sino escalar más el conflicto y alejar las posibilidades de una solución pacífica, y evidencian que la meta que se ha trazado el Ejecutivo, a despecho de sus palabras, es una: el abismo de la guerra.