Hoy todos los mexicanos sabemos por medio de las propias autoridades que los bancos no están preparados para cumplir con sus funciones de intermediación, que no contamos con instituciones que puedan financiar la inversión y que así será imposible sostener el crecimiento, más allá de lo que ocurra en el este de Asia o con el precio del petróleo.

Sabemos ya que después de todo el dinero destinado a salvaguardar a la banca, la mayor parte de esos recursos se va a perder, y que con la creación de la flamante Comisión para la Recuperación de Bienes sólo se podrán recuperar escasos 30 centavos de cada peso usado para el rescate bancario. Sabemos ya que la nación se quedará con una enorme deuda interna, de más de 550 mil millones de pesos, producto de lo que el mismo gobierno considera como una exitosa gestión de la crisis de 1995. La hipoteca nacional es de un tamaño tal que habrá que hacer Fobaproa tipo TLC para empezar siquiera a financiarlo.

El Banco de México no ha sido capaz de probar a la sociedad que su independencia del Ejecutivo haya sido efectiva, y mucho menos puede hoy justificar que esa condición deba ser ampliada, dándole un control de la política cambiaria y también la supervisión de las instituciones financieras. No se requiere de una gran intuición novelesca, ni pensar a la manera de John Le Carré para intuir que la premura por pasar el paquete de leyes financieras está inserta en el ciclo sexenal de reordenamiento del poder, que tiene que ver con la preparación para la sucesión del 2000, en la que el PRI puede perder la Presidencia. Tampoco requiere de ninguna teoría de la conspiración para ver que de la Subsecretaría de Hacienda Ortiz pasó a la Secretaría, y de ahí llegó al banco central, y que desde esa nueva posición puede determinar al responsable de la supervisión de la banca que fallidamente privatizó, mantuvo sin control y luego salvó con recursos públicos.

El diputado Sada del PAN tuvo toda la razón cuando preguntó al gobernador si entre las nuevas obligaciones del Banco de México no habrá alguna que lo someta al escrutinio público; esto expresa la necesidad de que haya formas de exigir responsabilidad de los funcionarios del gobierno, por más independientes que sean las instituciones sobre las que rigen y, también, un mecanismo eficaz de rendición de cuentas a la sociedad.

A Lapuente un fracaso mundialista le costará la chamba y quedará dentro del horror que es la Federación Mexicana de Futbol. Ortiz puede ser, queriéndolo o no, el artífice de un esquema de largo alcance de impunidad pública en uno de los sectores más frágiles y a la vez más poderosos de la economía, el financiero. En el futbol se cometerá otro acto contra la afición; en la economía se afectan las condiciones de vida de generaciones enteras de mexicanos.