ASTILLERO Ť Julio Hernández López

Cuando Roberto Albores Guillén fue nombrado segundo gobernador sustituto del estado de Chiapas, esta columna conoció la incredulidad y la preocupación de priístas encumbrados que no entendían las razones exactas por las cuales se escogía a un político cuyos antecedentes no ayudaban a la distensión ni al diálogo en aquella entidad de convulsiones.

De inmediato, en cuanto comenzó a instalarse en el poder chiapaneco, Albores Guillén fue dando muestras de demagogia, despilfarro y provocación. A todo ese cuadro habría que agregar la preocupación de algunos personajes que tuvieron oportunidad de dialogar en algunas ocasiones, ya entrada la noche, con el gobernador Albores Guillén en Tuxtla Gutiérrez, de que algunas decisiones trascendentes se tomasen, y fuesen agravadas, en circunstancias demasiado laxas.

Hoy, la respuesta a las preguntas sobre Albores Guillén están a la vista: fue escogido, e instalado en el poder formal de Chiapas, no para resolver problemas sino para agravarlos, es decir, para crear las condiciones extremas que son necesarias para el Plan Labastida. Ni se necesitaba, ni se buscó, una opción negociadora, con sensibilidad política y ganas de intentar el destrabamiento de la complicada madeja chiapaneca, sino un político duro, siempre obediente, y dispuesto a inscribir su nombre, sin ninguna reticencia, en las páginas de la represión política.

No es, sin embargo, ni única ni mayor su culpa. El no es sino el instrumento de una decisión superior que ha optado por el rompimiento y la fuerza, es decir, por la guerra. Sus maniobras forman parte del escenario diseñado y ordenado desde la capital del país, donde los estrategas continúan aserrando la rama del árbol en la que están montados.

El fuero de guerra

Condenado y vuelto a condenar por la justicia castrense (a contracorriente de la unánime protección de la justicia federal en los casos presentados en este ámbito civil, y de las múltiples e importantes declaraciones de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos que lo consideran prisionero de conciencia y perseguido político), el general José Francisco Gallardo sigue escribiendo desde su prisión, y ahora lo ha hecho para exigir la desaparición del fuero de guerra.

En el número reciente de la revista Forum, que dirige Eduardo Ibarra, el general Gallardo explica que tal fuero de guerra pareció durante mucho tiempo un resquicio histórico del militarismo de otras épocas, dando ``la impresión de que la clase militar es un sector privilegiado, distinto del resto de los habitantes del suelo patrio''.

Pero, aunque a primera vista tal fuero no mostraba graves peligros ni amenazas, en realidad ``ha sido el telón de fondo del desquiciamiento social que hoy padecemos. El manto de impunidad que genera el fuero de guerra no sólo ha permeado el ámbito administrativo, disciplinario y social del Ejército, sino que se ha desbordado e inmiscuido en actos del ámbito civil y se ha manifestado en la permanente y sistemática violación de los derechos humanos''.

El general Gallardo enumera varios momentos históricos en los que tal fuero de guerra dañó a la nación: ``en 1871, el fusilamiento sumario de La Ciudadela; en 1879, los conjurados de Veracruz; en 1912, la reclusión de Bernardo Reyes; en 1913, el asesinato de Madero; en 1927, el fusilamiento del general Serrano y los civiles que lo acompañaban; en 1929, los sacrificados vasconcelistas en Topilejo; en 1946, la matanza de León; en 1959, el sometimiento de los ferrocarrileros; en 1962, sin juicio y sin ninguna consideración, el ajusticiamiento de Rubén Jaramillo y su familia; en 1968, la matanza de estudiantes en Tlatelolco; en 1971, la incursión del grupo Halcones, y finalmente, los cruentos acontecimientos en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, hasta la matanza de Acteal''.

Astillas: Lo más impresionante no es tan sólo que un experto en asuntos de inteligencia civil y militar se declare ignorante de los actos criminales que cometieron sus hombres de confianza (como habrían sido el procurador de Justicia y el jefe de la policía estatal), sino que ese experto (que por añadidura es general del Ejército, y fue el máximo jefe de la estructura gubernamental de lucha contra el narcotráfico) siga ejerciendo las funciones de gobernador del estado de Morelos. Monstruosa muestra pública de los niveles de impunidad que la clase política priísta es capaz de otorgar a su membresía, el caso de Jorge Carrillo Olea agrega el agravante de la burla contra la población, que no sólo fue sujeta a la barbarie de una banda delictiva gubernamental sino que, ahora, es ignorada en sus exigencias de destitución del cargo y de castigo a los criminales, tanto a los ya consignados ante autoridades judiciales como a los aún libres y cómodamente sentados en su tambaleante sillitaÉ Lo malo de esa complicidad que hace sostener al general en su morelense laberinto, es que cada día que pasa se corre el riesgo de que sus coletazos de violencia y muerte alcancen a otros ciudadanos, como sucedió en el caso de los cinco jóvenes leñadores de Santa Catalina Cuilotepec, estado de Puebla, en las faldas del Popocatépetl, que fueron asesinados por policías de Morelos como castigo por talar árboles en Hueyapan, una reserva boscosa perteneciente al feudo de Carrillo Olea. Los jóvenes ya no tenían a la mano, en su tierra, árboles para hacer polines que a la vez les eran comprados en siete pesos cada uno. Por ello, se internaron en los dominios donde los policías estatales ayer secuestraban ciudadanos y ahora los asesinan. ¿Tanto peca el que mata a la vaca como el que le sostiene en el cargo?É Ahora que los panistas hidrocálidos tienen al empresario Felipe González como candidato a gobernador, han empezado a circular los juegos de palabras referidos a la historia europea. Dicen que el 2 de agosto venidero los ciudadanos de Aguascalientes deberán decidir si quieren una transición política con Felipe González o la continuidad del sistema con un Héctor Hugo I. De lo que sí están seguros es de que ya quieren dejar atrás el imperio de Otto Salinas de GranadariÉ En Sinaloa y en Puebla ha comenzado a circular con fuerza la versión de que el comité nacional priísta convocará a elecciones abiertas, como en Chihuahua, para elegir sus candidatos a gobernadores. Sinaloa, la tierra de Francisco Labastida Ochoa, donde el cetemista Juan S. Millán aparecía en el esquema tradicional como un fuerte prospecto, y la Puebla de Manuel Bartlett en la que nada más faltaría que el sistema (político) ordenara la caída del otro sistema (el computacional) para impedir que el favorito del gobernador, que es el diputado federal y secretario de finanzas del CEN del PRI, José Luis Flores, resultase ganadorÉ En Tijuana continúan los problemas por la postulación de Jesús Ruiz Barraza como candidato del PRD a presidente municipal. Según los opositores al controvertido ex priísta (a quien acusan de toda suerte de corruptelas económicas y mañas políticas), la candidatura fue una imposición del CEN del partido del sol azteca. Tal postulación dañará las posibilidades de Amador Rodríguez Lozano, del PRI, de recuperar la plaza, y ayudará al PAN a mantenerse en el poder. Además, habrá inyectado en el perredismo el virus de la división, a causa de una pieza dinosáurica de nula vocación democrática.

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