Hace tres décadas, varios estudiosos de la realidad agraria ofrecieron datos precisos sobre un fenómeno que mostraba la complejidad de la tenencia de la tierra en México: el arrendamiento de tierras ejidales y comunales. Durante años, una propaganda dirigida a satanizar la reforma agraria, hizo aparecer dicho arrendamiento como fruto de la indolencia y la irresponsabilidad de los campesinos favorecidos con la entrega de la tierra, especialmente en los distritos de riego. Diversos estudios de campo realizados en El Bajío y en los valles de Apatzingán, El Yaqui, el Mayo y Culiacán, mostraron otra realidad.

En efecto, los ejidatarios se veían en la necesidad de arrendar sus parcelas no porque fueran flojos sino por falta de crédito suficiente y oportuno, por los vicios derivados del sistema bancario oficial, notablemente burocratizado y teñido de resabios y corrupción. El mismo aparato oficial se encargó de crear las condiciones para que los propietarios privados con suficiente capital y maquinaria rentaran las parcelas ejidales, dando de paso trabajo al ejidatario. Parecería que todos los involucrados en este sistema salen beneficiados. No es así: el gran capital se queda con la tajada mayor del pastel al contar con insumos modernos, disponer de crédito y controlar las cosechas y la comercialización.

Con la complacencia y complicidad oficial, el arrendamiento de tierras ejidales y comunales se impuso en muchas partes del país evitando la capitalización de los ejidatarios y comuneros. También tuvo sus efectos en el medio ambiente y los recursos naturales: en las tierras arrendadas, el gran capital impulsó líneas de cultivo con alto valor comercial, como el algodón, el trigo, el melón y las verduras de exportación, que exigen la aplicación creciente de plaguicidas. Al grado que en pocos años resultó incosteable sembrar, por ejemplo, algodón, en ciertas áreas debido a que las plagas se hicieron resistentes a las fórmulas químicas elaboradas por las trasnacionales para combatirlas. Los daños al medio y a la salud son innegables.

En el arrendamiento de los bosques y otras áreas pertenecientes a las comunidades indígenas, ocurrió algo parecido. Estas no podían utilizarlas racionalmente por falta de crédito y de apoyos técnicos adecuados para transformar, por ejemplo, la riqueza silvícola en otros productos con mayor precio en el mercado nacional. Y por los mismos motivos, usar en su beneficio las tierras con pastos.

Fueron también los grandes capitales los que adquirieron el derecho a desmontar irracionalmente áreas forestales, y a que sus hatos ganaderos pastaran en las tierras comunales. Aquí también floreció la corrupción oficial y la de no pocos dirigentes campesinos. En Chiapas, Veracruz, Tabasco, Durango, Michoacán y Chihuahua, las ganancias se concentraron en los hombres del dinero, mientras las comunidades se quedaron con la pobreza, aumentada por la degradación de su entorno.

En los últimos sexenios, y muy especialmente en el anterior, se insistió en la necesidad de reformar la legislación agraria (en concreto el artículo 27 constitucional) para modernizar el ejido y las comunidades, y terminar con los vicios que distinguían a esos sistemas de tenencia. Sin embargo, la gran reforma de 1992 que hizo posible la venta de tierras ejidales acentuó el rentismo, obligando a miles de campesinos con parcelas en las mejores áreas de cultivo, pero sin crédito ni ayuda técnica, a convertirse en peones de su propia tierra, a migrar en busca de empleo. Se ahondó con ello la concentración del ingreso y los medios de producción. Varias organizaciones campesinas y estudiosos de la realidad agraria, pusieron la semana pasada nuevamente el dedo en la llaga al señalar cómo el rentismo impera, vigoroso, en Sinaloa y Sonora, en Morelos y Guererro, en Michoacán y Tamaulipas. Se ha llegado a configurar un neolatifundismo alentado desde el gobierno con el agravante de que buena parte de la tierra tomada en arriendo, hoy beneficia a las trasnacionales alimenticias y agroexportadoras.

Al conmemorar un aniversario más del asesinato de Emiliano Zapata, el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, Arturo Warman, sostuvo que ``el latifundio excluyente y ofensivo ya no existe: nunca volverá''. Sin embargo, hay prácticas modernas de explotación de los campesinos y de sus tierras y recursos, que persisten y se asemejan a lo que oficialmente desapareció. Que generan más concentración del ingreso y la riqueza; y propician un trato injusto hacia millones de indígenas y campesinos, los más pobres de México.