Expulsan del país los 12 extranjeros detenidos en Chiapas
David Aponte Ť El gobierno federal determinó ayer la aplicación del artículo 33 de la Constitución --la expulsión inmediata de territorio nacional-- a los 12 extranjeros detenidos en el ejido Taniperlas, municipio de Ocosingo, bajo la acusación de haber incurrido en ``delitos multitudinarios'' y apoyar el establecimiento de autoridades ``espurias'', informó la Secretaría de Gobernación.
Las autoridades mexicanas están en posibilidad de fincar cargos legales en contra de los ciudadanos extranjeros, quienes saldrán de México en cuanto haya disponibilidad en vuelos comerciales, conforme a los tratados internacionales de extradición, en caso de considerarlo necesario, indicó la dependencia.
``Se juzgó inconveniente su presencia, pero esto no implica que si más adelante las autoridades competentes del estado de Chiapas determinasen que hay responsabilidades también de orden penal que atribuirles y que ejercitar en su contra, a través de los convenios internacionales que existen en esta materia se procurase su enjuiciamiento ulterior.
``Por el momento, la determinación que se tomó con base en las facultades discrecionales que se tienen en esta materia fue la de la expulsión, pero eso no los libera de ulteriores responsabilidades que pudieran surgir en el curso de la averiguación correspondiente'', afirmó el director de Asuntos Jurídicos de la dependencia, Miguel Covián Pérez.
Cuatro españoles, tres estadunidenses dos canadienses, dos belgas y una alemana
Los 12 extranjeros y 20 mexicanos fueron detenidos la madrugada del sábado en el ejido Taniperlas, durante el establecimiento del municipio autónomo Ricardo Flores Magón. De acuerdo con el listado de Gobernación, son cuatro españoles (Pilar Ana López Castillejas, Julen Cobos Errasti, Olga Clavería Isanzo y María Sánchez Zaragoza), tres estadunidenses (John Savato Michael, Loller Travi Blaize y Conant Jeffrey Wright), dos canadienses (Markete Julie y Baillargeon Sarah Mireille), dos belgas (Bergere Dominique Jean y Lambot Gautier Charles Marie) y una alemana (Marion Silke Ladich).
Los ciudadanos extranjeros trasladados a la sección migratoria del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no podrán regresar jamás a territorio nacional, según Gobernación.
En conferencia de prensa, los directores de Gobierno, Sergio Orozco Aceves; de Asuntos Jurídicos, Covián Pérez, y del Instituto Nacional de Migración (INM), Alejandro Carrillo Castro, dieron a conocer la determinación del gobierno federal, las causas legales y las violaciones constitucionales cometidas por los ciudadanos extranjeros, 11 de los cuales tenían visa de turista y una de ellos forma migratoria FM-3 de estudiante.
``Los actos en que participaron esas 20 personas son violatorios del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como facultad exclusiva de las legislaturas de los estados determinar la división municipal de sus respectivos territorios, erigir ayuntamientos, desaparecerlos o crear otros nuevos'', expuso Orozco Aceves.
Todos los detenidos incurrieron en usurpación de funciones. Además, los extranjeros incitaban a los pobladores del lugar para que no permitieran que las autoridades legítimas restablecieran la legalidad y restituyeran a los representantes municipales en el ejercicio de sus funciones, continuó el funcionario.
``Las 12 personas de nacionalidad extranjera incurrieron en la misma violación imputable a las de nacionalidad mexicana, y en su caso la transgresión reviste mayor gravedad pues implica intervenir en acciones que corresponden exclusivamente a las autoridades de un país en el que tienen calidad de extranjeros.
``No solamente participaron en asuntos políticos, sino también pretendieron ejercer actos de autoridad conjuntamente con los ciudadanos mexicanos, cuando ni unos ni otros poseen las atribuciones respectivas'', dijo.
Una y otra vez, los funcionarios insistieron en que los detenidos tuvieron la posibilidad de asistencia legal y comunicación con sus representantes consulares. La autoridad mexicana también les informó los cargos en su contra y les dio la oportunidad de declarar ante representantes federales. Cuatro de los detenidos rechazaron la posibilidad de hacer una declaración, indicaron.
Después de analizar la situación legal de los detenidos, ``la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 14 del Reglamento Interno de la propia secretaría, resolvió que es procedente que los 12 extranjeros mencionados abandonen el país por haber violado flagrantemente el artículo 115 constitucional, lo que hace notoriamente inconveniente su presencia en territorio nacional, en los términos previstos por el artículo 33 de la Constitución General de la República'', agregó Orozco Aceves.
El abogado de la Secretaría de Gobernación afirmó que los extranjeros cometieron ``ilícitos multitudinarios'' y no tienen posibilidades legales de permanecer por más tiempo en territorio nacional ni mediante juicio de amparo.
Existe una jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determina improcedente la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado --evitar la expulsión del país-- una vez aplicado el artículo 33 de Carta Magna, argumentó.
Los funcionarios de Gobernación rechazaron que la expulsión de los extranjeros represente un ``ultimátum'' para otros ciudadanos que viajan a México. En todo caso, ``es una advertencia muy clara'' para que todas las personas que vienen a nuestro país respeten las normas jurídicas mexicanas. ``El ultimátum generalmente se produce en casos de conflicto. El gobierno de México no tiene ningún conflicto con los extranjeros en sentido general. Lo que se trata es de un claro señalamiento de que toda persona de nacionalidad extranjera que se interna en territorio nacional, protegido por nuestras leyes, asume la obligación correlativa de respetar también esas leyes'', dijo Covián Pérez.
Carrillo Castro aseguró que las autoridades migratorias del país no han actuado en contra de los extranjeros expulsados por razones políticas o debido a que los ciudadanos tengan simpatías con corrientes políticas. Los casos anteriores han sido por violaciones a la calidad migratoria.
Durante 1997, la Secretaría de Gobernación expulsó del país a 12 extranjeros bajo la acusación de realizar actividades ajenas a su calidad migratoria o violaciones a la Ley General de Población. En lo que va de 1998, ha hecho lo mismo con cuatro ciudadanos de otros países, más estos 12, con la aplicación del artículo 33 de la Constitución. La última vez que el gobierno de México aplicó ese precepto constitucional, antes de los anteriores, fue con el caso del narcotraficante Juan García Abrego, el 14 de enero de 1996.
Elio Henríquez, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 12 de abril Ť Casi 18 horas estuvieron ``encerrados e incomunicados'' en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en esta ciudad los 12 observadores extranjeros detenidos ayer, ``con lujo de violencia'', en el ejido de Taniperlas, municipio de Ocosingo.
Esta mañana, al ser trasladados a la capital chiapaneca, los observadores fueron subidos a los vehículos a la fuerza por la policía, pues se resistían a dejar la ciudad. Incluso, varios de ellos debieron ser arrastrados hasta el autobús, entre llantos y gritos, mientras se escuchaban las protestas de una decena de integrantes de organismos no gubernamentales que desde anoche se apostaron frente al edificio para exigir respeto a los derechos de los extranjeros.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) informó esta noche que los internacionalistas, de nacionalidad española, estadunidense, canadiense, alemana y belga, fueron trasladados a la ciudad de México ``en contra de su voluntad'', al tiempo que reprobó la ``violación de los derechos humanos de que fueron víctimas por parte de las autoridades migratorias''.
En un comunicado de prensa, el organismo aseguró haber ``constatado que las acusaciones contra los 12 observadores eran dolosas y no se respetaba su derecho en las declaraciones, es decir, que éstas no coincidían con lo que estaban registrando las autoridades''.
El CDHFBC, dependiente de la diócesis de San Cristóbal, informó que ante esta situación y en señal de protesta, el sacerdote Pablo Romo y el abogado Miguel de los Santos se retiraron poco después de habérseles permitido el acceso a las oficinas del INM, anoche mismo, para entrevistarse con los observadores y verificar el estado de su integridad física.
``Dado que con la presencia de defensores de derechos humanos en la audiencia que se practicaba, se prestaba a justificar las violaciones practicadas, se tomó la decisión de retirarse'', precisó el referido centro.
Asimismo, exigió a las autoridades mexicanas que se ``detenga la campaña xenófoba en contra de los observadores internacionales comprometidos con el respeto a los derechos humanos''.
Estaban en Taniperlas como turistas
Los 12 internacionalistas explicaron que ayer a las cinco de la mañana, cuando ``por casualidad'' estaban en Taniperlas por motivos ``turísticos'', fueron sorprendidos por policías y soldados federales.
``Nosotros fuimos acorralados por judiciales fuertemente armados, que nos retuvieron hasta que llegó Migración, y éstos solicitaron nuestros documentos entre amenazas de lo que nos pasaría si nuestros papeles no estaban en regla, y si estaban bien nos dejarían ir'', narraron en un inconcluso manuscrito entregado a la prensa esta mañana cuando eran trasladados a Tuxtla Gutiérrez.
``Todos nuestros permisos migratorios estaban en regla, pero aún después de haberlos solicitado varias veces y firmado unas declaraciones, nos entregaron citatorios para que nos presentáramos a San Cristóbal en 48 horas, pero continuábamos detenidos y a las 10 horas nos comunicaban que íbamos a ser trasladados a San Cristóbal, quisiéramos o no'', abundaron.
Sin darles más explicaciones y después de ser amenazados de que si se resistían, serían esposados, fueron traídos a esta ciudad, dijeron, ``escoltados por 15 vehículos oficiales fuertemente armados y a gran velocidad''. A las 14.30 ``llegamos a esta ciudad cansados y mareados sin saber a qué se debía todo''.
Desde esa hora, los observadores permanecieron incomunicados en las oficinas migratorias, de las cuales fueron sacados hoy a las 7.45 de la mañana para ser trasladados a Tuxtla Gutiérrez y luego a la ciudad de México.
En el documento de tres cuartillas, los internacionalistas informaron que, a pesar de que insistentemente pidieron a las autoridades migratorias que se presentara un abogado y les permitieran llamar a sus embajadas, la única respuesta que recibieron fue: ``Ahorita''.
Además, agregaron, ``nunca nos dijeron por qué estábamos detenidos y de qué se nos acusaba; nos dijeron que no estábamos detenidos, que era sólo un trámite administrativo, pero nos tenían encerrados e incomunicados. Nosotros queríamos declarar pero con un abogado delante''.
Agreden policías a fotógrafos de las agencias Ap y Afp
Los fotógrafos Oriana Elicabe, de la agencia Ap, y Pascual Gorriz, de Afp, fueron agredidos por policías estatales cuando intentaban tomar gráficas de los 12 extranjeros detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración ayer en Taniperlas.
Elicabe y Gorriz explicaron que los hechos ocurrieron esta mañana en el aeropuerto de Terán, en Tuxtla Gutiérrez, poco antes de que los 12 internacionalistas fueran trasladados a la ciudad de México.
``Llegamos detrás del camión con los detenidos y cuando abrieron las puertas de los hangares entramos caminando junto al autobús, pero al empezar a tomar fotos un agente de Migración trató de taparme la cámara y me dio varios golpes con una bolsa que llevaba'', Narró Gorriz, de origen español, que presenta una cortada de dos centímetros cerca del ojo derecho.
Agregó que al continuar tomando fotografías, se le fueron encima varios policías de Seguridad Pública. ``Me agarraron del pelo y golpearon en la espalda, y luego me arrastraron para afuera; intenté agarrarme de la puerta de entrada de los hangares, pero tres o cuatro policías me sujetaron y me tiraron contra una carreta de equipajes, donde me abrí la sien''. Después, ``corrí porque nos querían quitar los rollos, pero en eso me di cuenta de que otros policías habían agarrado a Oriana y la tenían en el suelo, intenté ayudarla para salir, y de allí corrimos para las oficinas del aeropuerto'', comentó.
De origen argentino, Elicabe señaló que a ella tres policías estatales la inmovilizaron, y ``me querían quitar el equipo, pero llegó Pascual y salimos corriendo a las oficinas de Aviacsa, donde nos atendieron y desinfectaron la herida de Pascual''.
La fotógrafa de la Afp aseveró que mientras era golpeada por los policías, pidió auxilio al delegado regional del INM en San Cristóbal, Marco Antonio Rodríguez, y éste le contestó: ``No pueden estar aquí''. Agregó que en ningún momento se les dijo que no podían entrar al hangar, sino que ``utilizaron la fuerza para impedir que tomáramos fotos''.
Informaron que los directores de ambas agencias en México analizan la posibilidad de poner una demanda penal contra los policías, y una queja ante la CNDH, pues la agresión ``no sólo es un ataque a la libertad de expresión, sino un atentado grave contra los derechos humanos''.