``Delitos multitudinarios'' y apoyo a ``autoridades espurias'', los cargos

Juan Balboa y Angeles Mariscal, corresponsales, San Cristóbal de las Casas, Chis., 12 de abril Ť Sin orden de arresto, con una averiguación previa que se integró entre la noche del sábado y la madrugada del domingo y acusados de ``derribar arbolitos de naranja y limón'', los nueve indígenas detenidos en el operativo realizado por el Ejército Mexicano y los cuerpos policiacos del estado en la comunidad de Taniperlas negaron hoy los cargos ante el agente del Ministerio Público de esta ciudad, Juan Luis Nuño Bravo.

Por su parte, las autoridades constitucionales del ejido Taniperlas, municipio de Ocosingo, admitieron que sin solicitud formal previa, los casi mil elementos -entre poli- cías y efectivos militares- intervinieron para desocupar las instalaciones del municipio autónomo de Ricardo Flores Magón, aun cuando horas después de la operación acudieron ante el Ministerio Público para ratificar una demanda sólo por la ocupación del terreno de la escuela del ejido.

Tomás Sánchez Gómez, Nicolás Mazariego Pérez, Antonio López Vázquez, Nicolás López Vázquez, Sebastián Chulín González, Mateo González López y Justino Sánchez López, todos miembros de organizaciones independientes de la zona de conflicto; el promotor de los derechos humanos Luis Menéndez Medina y el profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Sergio Valdez Ruvalcaba, rechazaron haber participado en la destrucción de un predio de una hectárea sembrado de cítricos y haber usurpado funciones municipales.

En su declaración frente al agente del Ministerio Público, Luis Menéndez Medina, miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, rechazó haber participado en la destrucción de árboles, y precisó que él se encontraba en el poblado de Taniperlas pasando sus vacaciones.

Tanto Luis Menéndez como las otras ocho personas rechazaron haber participado en la destrucción de árboles y haber usurpado funciones municipales. Destacaron que la policía, en contubernio con priístas de Taniperlas, inventaron los cargos y nunca presentaron las órdenes de aprehensión.

Denunciaron que en ningún momento se les informó sobre las acusaciones que tenían en su contra, los mantuvieron incomunicados y no permitieron que un abogado estuviera presente en los interrogatorios a que fueron objeto por las autoridades del estado.

``Cuando llegaron policías y militares les preguntamos por qué estaban en Taniperlas y nos respondieron con insultos, nos quitaron cámaras fotográficas, grabadoras y equipo que teníamos para documentar su manera de proceder.

``Cuando reclamábamos que nos devolvieran las cámaras nos respondían con más insultos: `Tú cállate, pinche güero, aquí nosotros somos los que mandamos'.''

Juan Carlos Martínez Martínez, uno de los tres abogados de los nueve detenidos, dejó plasmada su inconformidad por el proceso ``ilegal y amañado'' que se realiza en contra de sus defendidos.

De este modo, las acusaciones hechas por un grupo de militantes del PRI, apenas el sábado por la noche, señalan que los zapatistas ``empezaron a despojarlos de sus tierras'', mismas que abandonaron por temor a ser agredidos físicamente, ``dentro de la hectárea de terrenos que nos despojaron se encontraban aproximadamente mil 200 árboles'' que producían naranja, lima y limón.

``A todos los ejidatarios de Taniperlas nos corrieron y los autodenominados simpatizantes zapatistas ocuparon la tierra'', aseguraron los priístas.

El informe del comandante de la Policía Judicial del Estado (PJE) Rito Ulloa Magariño, y de los agentes Tomás Luna Hernández y Romeo Vázquez Andrade, confirma que en el operativo de Taniperlas participó el Ejército Mexicano, y que los nueve detenidos fueron señalados uno a uno por los priístas.

El reporte policiaco indica que cuando llegaron al ejido Taniperlas, un grupo de personas, entre las que se encontraban representantes del Consejo de Vigilancia, todos priístas, les dijeron que en el ejido ``se encontraban todavía'' varios individuos que habían cometido y ``seguían cometiendo delitos'', supuestamente derribando árboles de cítricos.

De todo esto tomó conocimiento el notario público enviado por el gobierno Fernando Reyes, ex director de los penales del estado.

Contradicen a Albores

El gobernador Roberto Albores Guillén dijo el sábado que las autoridades de los ejidos Taniperlas, San José y San Caralampio presentaron ante el agente del Ministerio Público (MP) de Ocosingo una demanda por los delitos de despojo y daños en propiedad ajena, lo que originó el operativo policiaco-militar mediante el cual se desalojó y detuvo a algunos de los integrantes del municipio autónomo.

Sin embargo, el comisariado ejidal de Taniperlas informó hoy en Tuxtla Gutiérrez que acudió ante el MP hasta las 12 horas del día 11 de abril -siete horas después de la acción- y que en ningún momento presentó alguna demanda en conjunto con las autoridades constitucionales de los ejidos circunvecinos.

En conferencia de prensa efectuada en las oficinas de Comunicación Social del gobierno del estado -misma que estuvo ``asesorada'' por el diputado federal suplente del tercer distrito, el priísta Juan Félix Villafuerte Monterrosa-, el comisariado ejidal de Taniperlas, Alejandro López Gómez; el agente de Vigilancia, José Sánchez López; el presidente del Consejo de Vigilancia, Jerónimo Pérez Méndez, y otros campesinos de la comunidad, consideraron que ``los indígenas no tienen preparación y no saben gobernar''.

Pedro Chulim Jiménez, representante de la segunda ampliación del ejido, expresó: ``hasta ahorita no hemos iniciado ninguna demanda (en contra de los zapatistas), pero la vamos a interponer''.

-¿Acudieron antes del operativo a las oficinas del Ministerio Público de Ocosingo a solicitar el desalojo de los zapatistas?

-No (...), bueno, fuimos ayer (a las 12 del día) a Ocosingo.

-¿Cuál es el número de la averiguación previa que se integró?

-Se nos olvidó.

Al intervenir el diputado federal suplente ``desmintió'' a las autoridades de Taniperlas, señalando que sí había una demanda anterior: ``Ellos desconocen (...) fueron a Ocosingo a ratificarla. Ellos querían recuperar los terrenos de la escuela donde el EZLN había instalado una oficina''.

Así, reconoció que el despliegue policiaco-militar fue a fin de que la comunidad recupera los 300 metros cuadrados que corresponden a la escuela ejidal. Sin embargo, ``el objetivo fundamental es dar a conocer que ellos no reconocen al municipio autónomo y que solicitan al gobierno que se restablezca el estado de derecho''.