La autonomía del IFE, a prueba en los 14 comicios del 98: consejeros
Jesús Aranda /I Ť Las 14 elecciones locales que se realizarán este año -de las cuales 10 son para gobernador- representan una prueba fundamental para determinar de qué manera la intención del Ejecutivo por impulsar la autonomía e independencia del Instituto Federal Electoral (IFE) ha permeado las estructuras locales electorales, con miras a las elecciones federales y presidenciales del 2000.
La consejera del IFE, Jacqueline Peschard, afirma lo anterior y agrega que a diferencia de los comicios federales de 1997, para el 2000 las disposiciones presidenciales tendrán ``un peso menor'', lo cual, aunado a la falta de reglas dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la sucesión del jefe del Ejecutivo, plantea la necesidad de reforzar la institucionalidad de los organismos electorales locales y su relación con el IFE.
Se debe asegurar, dijo, que en un escenario en el que ``un gobierno que llega al final de su administración y cuya capacidad decae para asegurar que todos se alineen respecto a la autoridad electoral'', se logre afirmar la confianza en las autoridades locales -federal y estatales- en ese proceso electoral, para contar así con una estructura capaz de impedir ``cualquier tipo de interferencia de poderes locales en el 2000''.
Precisamente, subraya, en los comicios que se desarrollarán en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, estará a prueba la aplicación de disposiciones legales por parte de las instancias locales.
En entrevista, Peschard insiste en que la sola voluntad demostrada por el presidente Ernesto Zedillo de garantizar la transparencia electoral en los comicios de 1997 ``debe encontrar una disciplina o un eco muy claro de parte de los gobiernos de los estados''. Esto va más allá de gobiernos llamados de priísmo duro, o gobiernos más abiertos a la pluralidad.
-¿Será un ensayo con miras a los comicios del año 2000?
-Sí. El IFE logró su autonomía en 1996 y para 1997 ya fue protagonista central en el proceso, sin interferencia del gobierno. Pero no sólo eso, hubo un enorme apoyo al gobierno federal para que en las elecciones en todos los estados tuviéramos la garantía de la no intervención de los gobiernos estatales en la organización del proceso.
Por su parte, Juan Molinar, también consejero electoral, advierte que entre los institutos electorales locales hay niveles muy diferentes de autonomía y señala que los estados ``más atrasados'' en materia de autonomía electoral son Chiapas, Oaxaca y Yucatán.
En tanto, David Zetina, magistrado de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Jalapa, señala que la Legislatura electoral de Yucatán ``no tuvo los ajustes suficientes'' en relación con las modificaciones constitucionales electorales de 1996, por lo que no establece los plazos necesarios para imponer impugnaciones, particularmente respecto al juicio de revisión constitucional.
Homologación a reformas constitucionales
En la legislación de Yucatán, que el próximo 24 de mayo realizará sus comicios locales para diputados y presidencias municipales, los plazos no están ajustados para que se agoten los recursos de inconformidad ante las instancias jurisdiccionales, ``lo que va a obligar a los tribunales a resolver a la brevedad posible todas las impugnaciones para que se respete el derecho de los partidos a hacer valer sus medios de impugnación''.
Molinar indica que el resto de los estados que tendrán comicios este año han homologado su legislación electoral local a las reformas constitucionales que pretenden dotar de plena autonomía e independencia a los institutos electorales de los estados.
Sin embargo, a manera de ejemplo, señala que mientras la legislación de Baja California ``es superior a la del IFE mismo'', porque el consejo local tiene derecho de iniciativa legal, la designación de sus miembros es escalonada, lo que habla de su independencia. En estados como Oaxaca, Chiapas y Yucatán la legislación ``no es tan independiente'', ya que las legislaturas locales precisan que la designación de consejeros se da por mayoría calificada y en caso de no darse ésta, el Congreso decide por mayoría simple.
Destaca que en Tamaulipas los consejeros son nombrados por tres años y son elegidos para una sola vez, mientras que hay estados como el de Querétaro, en donde la Constitución establece que los consejeros locales pueden ser removidos por ``causa grave'', aunque ésta no está determinada ni en la Constitución ni por la ley.
En Zacatecas y Durango, añade, los consejeros ganan la mitad de lo que percibe un juez de primera instancia según la ley. Este tipo de consideraciones deben tomarse en cuenta cuando se habla de autonomía, dice.
La manera de alcanzar la plena autonomía e independencia, insiste, es a través de la inmovilidad en el cargo, ``porque si está ceñido a la permanencia de un gobernador o del Congreso local tendrá muy poca autonomía''. Si el consejero tiene una permanencia mayor y sabe que va a trascender al gobierno, que es inamovible y que sólo podrá ser removido a través del juicio político -como es el caso de los consejeros del IFE-, ``eso le da independencia y valor a sus opiniones y no está sujeto a una serie de condicionamientos''.
Tampoco existe una autonomía real de presupuesto, ya que los proyectos -tanto del Instituto Electoral como del Tribunal Estatal Electorales- son remitidos al Poder Legislativo por el gobernador, quien puede modificarlo antes de pasar la iniciativa al Congreso.
La necesaria pluralidad en Congresos
Sobre el particular, Jacqueline Peschard señala que la integración de los institutos electorales locales debe darse por consenso de los partidos, porque ``donde hay un predominio del partido oficial, aun cuando se sigan los lineamientos de elección de consejeros (por parte de los Congresos locales), el hecho de que predomine un partido no garantiza que los partidos de oposición reconozcan ese consejo que cumple los ordenamientos legales, pero no es reconocido como válido por la oposición.
Destaca que el problema va más allá de que los consejeros estén indentificados con las directivas de los partidos políticos, sino que depende también de que los congresos locales estén conformados pluralmente para que dichos órganos actúen con independencia.
Incluso, menciona como asuntos pendientes la autonomía de los institutos locales frente al gobierno y el Congreso; fórmulas de registro de candidatos; fórmulas de financiamiento en las que predominen los recursos públicos sobre los privados, así como la fiscalización de recursos federales en las campañas políticas estatales, y el respeto a los topes de campaña.