Junto al sinnúmero de incendios forestales, México sufre una asfixiante propaganda en torno a la ``Ley Zedillo'' (PRI-PAN) sobre los derechos indígenas. Premonitoriamente, aquéllos podrían ser el anuncio del incendio mayor: la reanudación de la guerra abierta en Chiapas.

En los periódicos, en la radio y en la TV avanza el fuego de la desinformación. Todo se oscurece, salvo el mensaje central: la creencia de que la iniciativa del Ejecutivo, a punto de cocinarse en el Senado con los aderezos del PAN, es la última salida hacia la paz. La creencia de que el gobierno ya no puede ni debe hacer más.

Afortunadamente, empero, la sociedad mexicana ha madurado lo suficiente para no ser víctima fácil de la propaganda oficial. A contracorriente de los medios de (des)información, vastos sectores de la sociedad han reaccionado críticamente ante la Ley PRI-PAN ``de paz''. La entienden cada vez mejor como una ley de guerra final. Y además, están definiendo e impulsando sus propias alternativas.

El 17 de marzo, tan sólo dos días después de oficializarse la iniciativa Zedillo, se entregaron al Congreso más de 200 mil firmas demandando castigo a los asesinos de Acteal, el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés conforme a la iniciativa de la Cocopa, y el freno a la militarización de Chiapas. Nada de lo cual es garantizado por la iniciativa presidencial. En la recolección de esas firmas participaron más de 70 organizaciones, tales como el Movimiento Ciudadano por la Democracia, Alianza Cívica, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, Red de Derechos Humanos ``Todos los derechos para todos'', el Barzón Metropolitano, el Frente Auténtico del Trabajo, Causa Ciudadana.

Un día después, el 18 de marzo, la Conai dio a conocer el comunicado tras el cual arreció la campaña gubernamental en su contra. Acaso porque ahí la Conai demuestra que la iniciativa Zedillo ``se aparta de lo acordado en San Andrés''. Y porque exige, entre otras cosas, que el gobierno ``ajuste su actuación a los procedimientos y contenidos acordados'' en torno al conflicto chiapaneco.

El 23 de marzo es el Congreso Nacional Indígena el que ``rechaza tajantemente'' las iniciativas del Ejecutivo y del PAN, ``porque no reconocen nuestros derechos fundamentales''. También ``condena y desmiente la campaña con la que el gobierno pretende hacer creer que ya cumplió con los acuerdos de San Andrés''.

Y exige al Congreso que ``no se preste a aprobar ninguna ley que no tenga el consenso del EZLN [y] de los pueblos y organizaciones indígenas''.

El 31 de marzo aparece el desplegado ``Una nueva oportunidad para el diálogo y la paz'' de un grupo de más de cien personalidades de diversos círculos, incluyendo a Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, Ricardo Rocha, Manú Dornbierer, Gabriel Zaid, Julieta Campos, Carlos Monsiváis, Cecilia Loría, Miguel A. Granados Chapa, Alejandro Aura, Clara Jusidman, Germán Dehesa, Demetrio Sodi, Guadalupe Loaeza, Enrique González Pedrero, María Victoria Llamas, Federico Reyes Heroles. Ahí se proponen dos acciones concurrentes: el reposicionamiento del Ejército fuera de las zonas del conflicto y el encuentro del EZLN con la Conai y/o la Cocopa, a fin de acordar condiciones para la reanudación del diálogo.

Al mismo tiempo se pide al Congreso que posponga la discusión de las iniciativas Zedillo-PAN.

Al día siguiente sobresale en la prensa la propuesta de reactivar la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés (Cosever).

Un día después, diversas organizaciones comienzan a dar cuerpo al Parlamento de la Sociedad Civil a favor de la Paz. Luego, el 4 de abril se constituye en el Zócalo, a convocatoria del PRD, la Asamblea Nacional en favor de la Paz y los Derechos de los Pueblos Indios.

Tres días después un destacado grupo de creadores, académicos e intelectuales (CAI) incluye en sus propuestas el encuentro de la sociedad civil con el EZLN, bajo las garantías necesarias por parte del gobierno.

Y ayer mismo se realizó la marcha más importante en muchos años, convocada por un buen número de organizaciones indígenas y campesinas para recordar como se debe, luchando, el asesinato de Emiliano Zapata. Esta vez, luchando por una paz justa y digna en Chiapas.

Es claro, pues, que existen alternativas frente a la ley Zedillo-PAN. Son alternativas de paz verdadera y no de guerra embozada.