Durante los últimos días, el tema de discusión central sobre la economía del país ha sido el proyecto gubernamental de concederle al Banco de México el poder para definir las políticas monetaria y cambiaria del país, elemento crucial en la definición de la política económica de Estado propuesta por el gobierno.
En último término, con esto se pretende darle continuidad a las actuales políticas económicas, haciéndolas más independientes de los cambios políticos del país.
¿Cuáles son los rasgos fundamentales que podrían adoptar las políticas que defina el banco central?
El perfil de las políticas que en estos ámbitos adopte el Banco estará en función de las tareas prioritarias que debe cumplir. Se afirma que, en primer lugar, el Banco debe asegurar la estabilidad económica, entendiéndose por ello que debe evitar el surgimiento de presiones inflacionarias. Dado que en el caso de México los brotes inflacionarios de las últimas décadas han estado estrechamente conectados con la devaluación, es claro que el Banco tendrá que poner especial atención en evitar que resurjan las condiciones que obligan a una devaluación brusca del peso.
La prioridad que la administración Salinas le otorgó a la reducción de la inflación, determinó la política de deslizamiento del tipo de cambio a un ritmo considerablemente menor al aumento de los precios, lo que condujo a la sobrevaluación del peso, a un déficit en el sector externo creciente, lo que determinaba una política monetaria de elevadas tasas de interés para estimular la entrada de capitales que permitiera el financiamiento del desequilibrio externo y contrajera la inversión, a fin de evitar el agravamiento del déficit en la cuenta corriente del balance de pagos. Con esto, en aras de mantener controlada la inflación se sacrificaba el crecimiento de la economía y la generación de empleos.
Si el objetivo básico del banco central fuera mantener el equilibrio en el sector externo, esto lo conducirá a adoptar una política cambiaria orientada a evitar la sobrevaluación del peso, con lo cual el tipo de cambio tendrá que moverse según la inflación interna, y una política monetaria restrictiva que limite la demanda por importaciones, lo que reducirá la inversión. Así, el costo que tendrá que pagar el país para mantener las cuentas externas manejables será una mayor inflación con un crecimiento lento.
Dados los datos estructurales de la economía mexicana en la actualidad, de lo expuesto se desprende la dificultad que representa conciliar los objetivos de estabilidad de precios y de equilibrio en el sector externo. La causa última de este problema radica en la tendencia al desequilibrio externo que la economía nacional no ha logrado superar en las últimas décadas, y que ha impedido reiniciar un periodo largo de crecimiento sostenido.
Durante los últimos años el país ha mostrado un crecimiento extremadamente dinámico en sus exportaciones, las que, simultáneamente, han cambiado en forma drástica su composición a favor de los productos manufacturados. Sin embargo, el dinamismo exportador ha estado asociado a un crecimiento de las importaciones aún más acelerado. Ello determinó que no se haya podido romper el nudo gordiano que obstaculiza el crecimiento sostenido de la economía.
La más elevada prioridad de la economía nacional debe ser el crecimiento sostenido y elevado, sin lo cual no se generarán empleos y continuará la difusión de la pobreza; así, el diseño de la política económica debe orientarse a romper con la desestructuración creciente que ha adquirido el sector productivo nacional, que está conduciendo a la manufactura nacional a transformarse en industria maquiladora que recibe prácticamente la totalidad de sus insumos desde el exterior. Ese ha sido el resultado de decisiones empresariales tomadas con base en los indicadores del mercado; evitar que la industria nacional se siga deslizando por este camino requerirá la adopción de políticas económicas que modifiquen las señales del mercado.
La resolución de los problemas estructurales que determinan la tendencia hacia el desequilibrio externo debe ser el elemento articulador de una estrategia económica para el país, orientada en función de las prioridades nacionales, a la cual el banco central también deberá estar subordinado.