Crece el rentismo en el agro con la reforma al 27 constitucional

Martha García Ť A partir de 1992, con las reformas salinistas al artículo 27 constitucional, que posibilitaron la venta y el arrendamiento de tierras ejidales, el rentismo se acentuó en el medio rural al grado de que en Sinaloa y Sonora entre 60 y 70 por ciento de terrenos de ejidatarios están bajo este régimen, fenómeno que se expresa en diversos grados en otras regiones del país.

Este proceso ha obligado a millones de campesinos a convertirse en peones en sus propias parcelas y agudiza la migra-ción, señalaron en entrevista dirigentes de centrales campesinas, quienes ven en este fenómeno una nueva forma de concentración de la tierra, es decir, el ``neolatifundismo''.

De acuerdo con los datos que han recabado estas organizaciones acerca de la situación del campo, los precios de arrendamiento se establecen por ciclos y varían dependiendo de los cultivos y la calidad de los terrenos. Por ejemplo, en el estado de Morelos la renta de predios para sembrar cacahuate se fija entre 800 y mil 500 pesos por hectárea.

Informes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) señalan que las parcelas para jitomate y hortalizas son los más codiciados y la renta asciende hasta 4 mil pesos por hectárea. En este caso se trata de tierras de primera, dotadas con sistema de riego.

Otro dirigente de la CNPA y diputado por el Partido de la Revolución Democrática, Emilio Plutarco García, agregó que si bien el rentismo es una práctica antigua, en la actualidad, bajo el cobijo de las reformas al artículo 27 constitucional, no es más que el último eslabón para la privatización.

El rentismo, afirmó, ``cruza por todos los estratos de la sociedad rural, desde el jornalero agrícola que paga el uso de parcelas para sembrar básicos hasta trasnacionales del ramo alimenticio y agroexportadoras''.

Los terrenos que tienen mayor demanda en regiones morelenses son los destinados a sembrar cebolla, jitomate y hortalizas, y la presencia de inversionistas extranjeros es notable, agregó el legislador, tras comentar que se carece de registros sobre las condiciones en que se ha consolidado esta situación en el campo, aunque existen estudios en marcha.

Preferible rentar que vender

Un estudio de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), denominado Globalización y Artículo 27 reformado, se concentra en la región de Tierra Caliente, en Guerrero y Michoacán.

Los autores, Federico Ovalle (secretario general) y el investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, Emilio López (asesor), señalan que el ``fenómeno del rentismo se encuentra en los diferentes estratos de productores (de temporal, de bombeo directo y de riego)''.

A partir de la información que obtuvieron por medio de encuestas, sostienen que en el estrato de riego el rentismo se incrementó de 7.1 a 14.2 por ciento entre 1992 y 1995, pero 86.7 por ciento de ejidatarios ``no está de acuerdo en que las tierras se puedan vender''.

Emilio López explicó que en las parcelas dotadas con bombeo, en la misma zona, el rentismo se incrementó mil 600 por ciento en el mismo periodo, y apuntó que en los arrendamientos de temporal y regadío destacan ejidatarios de mayor poder económico, sobre todo compañías extranjeras.

Asimismo, el asesor de la CIOAC sostuvo que en los arrendamientos de tierras dotadas con bombeo destacan prestanombres, es decir, se renta por medio de contratos ``pero los ejidatarios desconocen sus contenidos'' y, por otra parte, no existe obligatoriedad de registrarlos ante las autoridades, además de que las compañías arrendadoras llegan a acuerdos con los comisariados ejidales pero incumplen las cláusulas.

En este proceso se presentan efectos colaterales entre los pobladores y el hábitat debido al uso de plaguicidas. De ahí que las organizaciones campesinas exijan reglamentar el arrendamiento porque ``no es sustentable'', resaltó el dirigente de la Central Campesina Cardenista, Max Correa.

Causas del rentismo

El estudio de la CIOAC señala que antes de legalizar el arrendamiento, 51 por ciento de ejidatarios recurría a esta práctica por falta de recursos económicos, 20 por incapacidad para sembrar, 8 por migración, 6 porque les dejaba más dinero rentar que sembrar y 5 por ciento prefería esta opción antes que correr el riesgo de la siembra.

Un análisis del diputado perredista Luis Meneses acerca del impacto de las reformas al artículo 27 constitucional en el agro, revela que el rentismo ha dado una nueva configuración a la tenencia de la tierra en entidades de alta producción como Sonora y Sinaloa.

Empresas como Domecq, ``con viñedos propios'', y Bimbo concentran tierras por esa vía y otras compañías tratan de acaparar terrenos a través de sociedades mercantiles, aseguró el legislador, quien consideró que las expectativas de las reformas no se han cumplido.

Meneses, integrante de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), comentó que ante la ausencia de políticas públicas para el sector, la imposibilidad de acceder a créditos de parte de la mayoría de los productores y la descapitalización, el rentismo y no la compra de tierras se convirtió en la principal fuente de acaparamiento.

Informes de las organizaciones campesinas destacan que en Tabasco existen 27 mil hectáreas arrendadas a 26 años, en tanto que Alvaro López, diputado y dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), aseguró que en la región del Bajío la renta de terrenos de maíz, trigo y sorgo llega a 700 pesos por hectárea.

Decrece la inversión extranjera

Las reformas al artículo 27 constitucional han fracaso en sus principales expectativas, sobre todo en lo que se refiere a la inversión privada. Entre 1996 y 1997 el financiamiento externo disminuyó 80 por ciento (de 22 millones a 4.3 millones de dólares), cuando antes de 1992 había aumentado 3 mil veces, recalca la CIOAC en su investigación. Sin embargo, la inversión extranjera en el campo no se destina a la compra de tierras sino a la renta.

Por su parte, Rocío Miranda, asesora de UNTA, dijo que previo a las reformas del artículo 27 la venta de tierras ejidales era de facto y clandestina. Después de la reforma, agregó, continúa esta práctica aunque ``no en las dimensiones que se preveía, debido a que los inversionistas no quieren correr el riesgo de apostar al sector descapitalizado, aun con la ley de su lado''.

Con y sin reforma, se carece de registros puntuales sobre las repercusiones del llamado ``neolatifundismo''. Entre las empresas involucradas en este fenómeno, de acuerdo con las organizaciones campesinas, están Gamesa, Maseca, Del Monte, Campbells y otras compañías que se dedican a la producción de arroz y tabaco.