En medio de las innumerables malas nuevas, esta Semana Santa ha habido al menos tres buenas noticias provenientes del Congreso de la Unión. Por una parte, la iniciativa de Reformas sobre Derechos Indígenas parece que no va a ser aprobada tan fácilmente como el gobierno pensaba. En las propias filas de los senadores del PRI, el Grupo Galileo ha venido planteando, en coincidencia con el PRD, la posposición del asunto. Por otra parte, el Senado eliminó dos aberraciones contenidas en la iniciativa gubernamental de reformas constitucionales en materia de seguridad pública: la emisión de órdenes de aprehensión en base a la pura sospecha y el juicio en ausencia. Por último, la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, la creación de una Unidad de Estudios de Finanzas Públicas (UEFP) en su seno. Se trata de ``un órgano de apoyo técnico y carácter institucional no partidista que integrarán especialistas en el análisis, organización y manejo de la información relacionada con las finanzas públicas'' (La Jornada 08/04/98). Al mismo tiempo, el PRD y el PAN presentaron una iniciativa para modificar diversos aspectos ligados a las finanzas públicas: adelantar las fechas en que el Ejecutivo debe enviar a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y la Cuenta Pública del ejercicio anterior; 2) una provisión que establece que, en caso de no haberse aprobado el PEF y la Ley de Ingresos a tiempo, se tendrá por aprobado un PEF y una ley de Ingresos iguales a los del año precedente, lo que evitará el cuasi pánico que hubo a finales del año pasado ante tal posibilidad. La buena noticia detrás de las tres buenas noticias es que el Congreso ha alcanzado la autonomía, si entendemos por ésta la capacidad de proponerse y llevar a cabo proyectos propios.

La creación de la UEFP y las modificaciones mencionadas constituyen un paquete que puede cambiar las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en materia de finanzas públicas. Con mayor capacidad técnica y más tiempo para el análisis se evitará que en el debate entre los dos poderes, el Ejecutivo venza simplemente porque el Legislativo carece de la información y la experiencia. Si la información es poder, la creación de la UEFP contribuirá a equilibrar el poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. Como dice Granados Chapa: ``la modernidad se posó suavemente sobre el salón de plenos de San Lázaro sin que nadie pareciera darse cuenta'' (Reforma, 08/04/98).

Las finanzas públicas (ingresos y gastos) y las relaciones económicas con el exterior en materia de comercio y movimientos de capital, quedarán, si se aprueban las modificaciones legales que otorgarían al Banco de México facultades exclusivas en el manejo de la política cambiaria, como las únicas áreas significativas de la política macroeconómica que serán responsabilidad del gobierno federal. En materia de ingreso y gasto públicos, sin embargo, las modificaciones que comentamos apuntan hacia un escenario de corresponsabilidad entre la Cámara de Diputados y el Ejecutivo.

Si es verdad que ``información es poder'', las reformas aumentarán el poder del Poder Legislativo y además permitirán que la opinión pública maneje un nivel de información sobre estos temas muy superior al actual. Las sesiones del Congreso son cada vez más materia central de la cobertura de los medios informativos. En la medida que la UEFP permita elevar el nivel del debate parlamentario en la materia, éste se reflejará también en la información y discusión en la prensa y en los medios electrónicos. Ahora que las sesiones del Congreso son transmitidas en vivo en la televisión por cable, lo que las acerca a ser verdaderamente públicas, el efecto será mayor.

Este Congreso revitalizado debería revivir el tema de la autonomía del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. El INEGI es el principal productor de información sobre la realidad mexicana. La percepción que tenemos del país depende, literalmente, de la estadística que produce. La confiabilidad de la estadística requiere que quien la produzca y difunda sea neutral políticamente. Ello no se alcanzará mientras el INEGI dependa del Presidente de la República. Para equilibrar los poderes, el Congreso de la Unión debe formular y aprobar por cuenta propia, lo que el Presidente de la República prometió durante su campaña electoral (y olvidó): la autonomía del INEGI.

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