Pablo Salazar Mendiguchía
Perder la paciencia es perder la paz

En nuestro país parece cada vez más fácil buscar culpables que encontrar razones. La lista de los responsables del agravamiento del conflicto en Chiapas se ha incrementado con el transcurso de los días: el EZLN, la Cocopa (los horrores de su iniciativa), los extranjeros, las ONG, los observadores internacionales, los municipios autónomos, el PRD, y recientemente la Conai y su presidente, el obispo Samuel Ruiz.

Por supuesto, de acuerdo a esta lógica, los culpables siempre son los otros, y acusa quien se cree ofendido o inocente; no existe el menor asomo de autocrítica, el gobierno nada tiene que ver con lo que ocurre en mi estado. Al tanto de la nueva dinámica gubernamental en Chiapas, no deja de sorprenderme, sin embargo, el áspero lenguaje que la Secretaría de Gobernación usa contra el obispo de la diócesis de San Cristóbal. A propósito de esto, alguien me recordaba que en política los cambios son casi siempre pendulares; hemos pasado de la tradicional pero ambigua condena a los ``emisarios del pasado'' o a los ``enemigos de México'', a ponerle nombre y apellidos al adversario.

Ante estas expresiones de la nueva ``estrategia de paz'' me preocupa el poco comedimiento del lenguaje oficial. Es obvio: la palabra del gobernante tiene casi siempre resonancias mucho mayores que las distintas palabras de los gobernados. Y esto se agrava si la palabra oficial intenta manipular el ánimo de la sociedad.

Los estrategas de esta nueva ofensiva contra la paz se niegan a ver que en Chiapas existen comunidades indígenas en las que se entreveran con toda complicidad la ``aculturación'' partido-Estado con los más oscuros intereses caciquiles de la región, y en muchas de esas comunidades la palabra del gobernante es casi palabra de dios.

A partir de este clima de linchamiento originado desde una instancia legalmente responsable de la seguridad y la paz interior del país, me pregunto:

¿Tiene derecho un gobernante a documentar públicamente su aversión contra un mexicano, el que sea?

¿El gobierno federal, ahora experto en Chiapas, está al tanto del peligro de este nuevo ensayo?

¿Están conscientes que el obispo Ruiz es en Chiapas una figura polémica por que su tarea pastoral ha sido factor de equilibrios a favor de grupos indígenas, y que por ello también ha afectado intereses de grupos de poder regional?

¿Habrán evaluado que en medio del clima de polarización existente en Chiapas, una campaña así podría interpretarse como el banderazo de salido o la orden de jalar el gatillo?

¿Calcularían el riesgo de que alguien, aprovechando el impulso de esta estrategia crea que le puede hacer un servicio al gobierno eliminando al mediador?

¿Creen que la sociedad tendrá por inocente de un acto de violencia a quién decidió ponerse al frente de tan desigual batalla verbal?

¿Qué tiene que ver la reiterada ``vocación de diálogo'' con la campaña de linchamiento moral contra el obispo y la Conai?

¿Si no confían en la neutralidad de su mediación por qué no la desconocen unilateralmente?

¿Si tanto le temen a la internacionalización, no creen que la mejor manera de atraer una mediación externa es inutilizando a la mediación y coadyuvancia nacionales?

¿De tener éxito esta ``estrategia'', qué sigue?

Demasiadas preguntas sin respuestas. Concluyo con una breve reflexión.

En circunstancias de emergencia, el gobierno es el más obligado a no perder la paciencia si no quiere perder la paz. Ante esos ``trescientos insurrectos'' el gobierno jamás perderá la guerra, pero de seguir así, tampoco ganará la paz.

El responsable de conducir la política interior es el más obligado a evitar la prepotencia y el autoritarismo. Entre más difícil, más aciaga sea la hora, más mesura, más prudencia, más serenidad. De lo contrario, la oficina a la que se han encomendado los diálogos de paz, no tendrá derecho, como hoy tampoco lo tiene, para alegar inocencia en torno a lo que ocurra en Chiapas.

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