En estos días de receso legislativo, valdría la pena que diputados y senadores meditasen con sumo cuidado el impacto a largo plazo de las polémicas leyes financieras que tienen sobre la mesa. En particular es debatible la formulación legal de la llamada ``Ley de la Comisión para la Recuperación de Bienes'', que constituye el instrumento por medio del cual el gobierno propone liquidar los bienes y títulos de crédito en poder del Fondo de Protección para el Ahorro (Fobaproa).

¿Por qué tiene importancia esta nueva ley y nueva comisión? En primer lugar, porque se trata de convertir la inmensa deuda a corto plazo de esa entidad conocida como Fobaproa en deuda interna pública, que pasaría de representar 22 por ciento del producto interno bruto (PIB) a cerca de 40 por ciento del PIB. El gobierno sostiene que esta cifra es manejable y que el servicio de la nueva deuda representa apenas 0.8 por ciento del PIB. Sin embargo, es más pertinente considerar que este servicio representará anualmente más de 4 por ciento de los gastos federales, lo que constituye el precio que los ciudadanos de México tendrán que pagar durante largos años por la extraordinaria ineptitud y avaricia de los banqueros en los años de jauja de 1990-1994.

La primera pregunta consiste, por lo tanto, en saber si el gobierno y los contribuyentes deben asumir esta gigantesca deuda en los términos establecidos en la propuesta ley. Se trata de un aumento de la deuda pública por la enorme suma de 550 mil millones de pesos --es decir, cerca de 70 mil millones de dólares.

En otras palabras, resolver la crisis bancaria de 1995 implica un incremento de deuda interna que resulta equivalente al total de la inmensa deuda externa contraída por los presidentes Echeverría y López Portillo, la cual llevó al país a la catástrofe financiera.

Dado el tamaño del compromiso, el gobierno tendrá que aclarar mejor si su esquema puede garantizar una liquidación de la nueva deuda. Es una de las máximas responsabilidades de los diputados y senadores el cuidar los dineros que pagan los ciudadanos en forma de impuestos. Estos fondos aseguran que el gobierno pueda cumplir sus funciones: pagando salarios a los maestros, a los médicos y demás trabajadores del sector público de salud, a los millares de empleados administrativos del Estado y a los oficiales y soldados del ejército, así como a la policía. Pero, además, a los ciudadanos se les pide que cubran el servicio de deudas públicas cuya contratación suele ser menos transparente. Sin embargo, no hay razón por la cual deben ser oscuras dichas deudas.

Falta, por lo tanto, que el gobierno explique con claridad y detalle porqué considera indispensable que se transforme la cartera vencida de los bancos en deuda interna, pues es ésta una enorme obligación que todos los ciudadanos habrán de soportar durante años. Más específicamente, es urgente que se aclare de dónde se sacarán los recursos para pagar el servicio de esta deuda que proviene tanto de viejos activos devaluados de los bancos como de una serie de aportes de dineros públicos para ayudar a los bancos a recapitalizarse. Evidentemente el esquema de subastas de bienes raíces y créditos vencidos no alcanzará para cubrir más que una parte de la nueva deuda interna. Cabe preguntar, por consiguiente: ¿propone el gobierno aumentar los impuestos para un nuevo rescate de la banca?