Durante los últimos días se ha intensificado el debate sobre la reforma a los servicios de salud de la seguridad social. Resulta muy positivo que diversos grupos del gobierno, de la legislatura y de la sociedad expresen su opinión sobre este asunto fundamental para el futuro de la nación. El problema es que gran parte del debate ha estado guiado por preconcepciones ideológicas e intereses políticos inmediatos. En general, se ha echado de menos el rigor analítico y la atención a la evidencia sobre los aciertos y fallas de nuestro modelo actual de seguridad social. Si queremos realmente hacer avanzar la seguridad social en salud, es urgente desideologizar el debate y centrar la toma de decisiones alrededor de la información fidedigna.

En especial, se ha venido insistiendo sobre una inminente ``privatización'' de la seguridad social en materia de salud. Al examinar con detalle este argumento, queda la impresión de que lo que se busca es satanizar ciertas propuestas de reforma. En nuestro país basta con llamar ``privatización'' a cualquier proyecto para descalificarlo. Por eso es muy importante analizar, sin prejuicios, si la reforma de la seguridad social realmente es equivalente a su privatización.

El primer punto a considerar es que la producción de servicios de salud es mucho más compleja que la de otros bienes y servicios. Entre los elementos que explican esta complejidad destacan la incapacidad para predecir la pérdida de la salud, la enorme variabilidad individual ante una misma enfermedad, la privacía que rodea al encuentro entre médico y paciente, los efectos a terceros del descuido a la salud (como se evidencia en el caso de las enfermedades infecciosas) y el hecho de que la atención a la salud se considera en México como un derecho social.

Debido a esta complejidad, en salud no se puede hablar simplemente de ``privatización'' como si se tratara de cualquier otro sector de la economía. Por el contrario, es necesario considerar que la producción de los servicios de salud comprende tres funciones. Sólo así se podrá entender si realmente se está dando una ``privatización''. Las tres funciones son: regulación, financiamiento y prestación.

Hasta ahora, ninguna propuesta seria de reforma (ni del gobierno ni de la sociedad civil) ha planteado desregular los servicios de salud como modalidad de privatización. Por el contrario, existe un amplio consenso sobre la necesidad de fortalecer la capacidad regulatoria del Estado, que tradicionalmente se ha descuidado en el caso de la salud. Así pues, en lo que respecta a esta primera función no hay ningún indicio ni riesgo de privatización.

Por lo que hace al financiamiento, la nueva ley del Instituto Mexicano del Seguro Social que entró en vigor el pasado 1o. de julio ha dado lugar a un incremento de seis veces en la aportación del gobierno al seguro de enfermedades y maternidad. Sería muy difícil calificar a este fenómeno como ``privatización''.

Llegamos así a la prestación que, como puede verse, es solamente el último paso en la compleja producción de los servicios de salud. Ninguna propuesta seria ha planteado las formas más convencionales de privatización, como sería la venta de activos (por ejemplo, hospitales y clínicas) por parte del mencionado instituto.

De lo que sí se ha hablado (y no solamente en las propuestas gubernamentales sino en muchas provenientes de la sociedad civil) ha sido de ampliar la libertad para elegir al prestador primario de servicios.

Resulta, además, que esta libertad no es algo nuevo, que súbitamente se va a introducir a la seguridad social. Hoy en día, según datos oficiales, hasta una tercera parte de la demanda de servicios por parte de los derechohabientes de la seguridad social ya se atiende fuera de las instalaciones de la propia seguridad social, principalmente en el sector privado. El problema es que toda la carga de esta libertad recae sobre el usuario, quien se ve obligado a pagar dos veces; primero, su contribución obligatoria al IMSS y, segundo, su pago al médico u hospital privado.

En el ideologizado debate sobre la reforma al IMSS, se ha hablado de una ``privatización silenciosa'' (Proceso, 29/03/98). Esta ya existe desde hace décadas. Su expresión son los miles de derechohabientes que se encuentran tan insatisfechos con el monopolio prestador de servicios que están dispuestos a volver a pagar por su atención.

Si lo que realmente nos interesa es el bienestar de la población, debemos reconocer la libertad de elección que ya se ejerce y dejar de imponer a los usuarios una carga desproporcionada e injusta. En futuras entregas se analizarán las formas específicas en que esto puede lograrse. Por ahora, lo importante es subrayar la necesidad de fortalecer la seguridad social, pero no a base de aferrarse a esquemas obsoletos, satanizando las propuestas de cambio con espantajos como la ``privatización''.

Finalmente, debemos elevar el nivel del debate para así abrir alternativas que garanticen una mejor seguridad social para el futuro.