José Blanco
Ultima llamada

Hay quien cree contradecirnos cuando no hace más que repetir su opinión sin atender a la nuestra.
Goethe

El actual Instituto Federal Electoral (IFE) es un patrimonio invaluable, muy recientemente adquirido por la sociedad mexicana, como parte central de las instituciones necesarias a la vida democrática. A quienes nos interesa seriamente el desarrollo de la democracia en México no podemos sino reclamar de la propia sociedad y de los actores políticos, el mayor de los esfuerzos por resguardar a toda costa este patrimonio.

El IFE ha estado caminando por el filo de la navaja desde hace varios meses y eso, a los ciudadanos, nos resulta inadmisible, si tenemos presente el papel decisivo y la transparencia con que fueron organizados los comicios de julio del pasado año.

Hoy martes se reúne su Consejo General. La reunión tiene como propósito abrir la obstrucción que durante más de dos meses ha sufrido el instituto por un desacuerdo entre los consejeros ciudadanos sobre el nombramiento de su secretario ejecutivo.

Es de esperar que los consejeros y los partidos políticos lleguen a la reunión con la conciencia plena de que estamos probablemente frente a la última llamada. Es de esperar de la diversidad allí representada una convergencia, un acuerdo racional que permita trascender el actual momento crítico. Es de esperar que la razón sea oída por todos e incorporada al pensamiento propio, para que surja una decisión conveniente para todos, para la sociedad como conjunto, no sólo para los actores políticos.

El secretario ejecutivo ocupa una posición clave. Vigilar la observancia de lo normativo electoral y tomar decisiones respecto a la organización de los sufragios, corresponde a los consejeros ciudadanos; ejecutar sus decisiones, al secretario ejecutivo. Este representa legalmente al IFE, coordina al cuerpo directivo ejecutor del instituto y coordina las actividades de su estructura nacional, tarea delicada, extensa y compleja sin cuyo cumplimiento las decisiones de los consejeros caerían en vacío. Hace más de dos meses que el IFE no cuenta con este funcionario indispensable.

Por ley, corresponde al consejero presidente proponer a la persona que ocupe esa posición. Como es evidente, la mayor responsabilidad en la conducción del instituto recae en él, de ahí la imperiosa necesidad de que el secretario ejecutivo sea una persona de su más absoluta confianza. Por tanto, ser aceptado por los consejeros ciudadanos, ser propuesto por su presidente y ser de la total confianza de él mismo, y ser un profesional con todas las capacidades necesarias, son las condiciones que han de ser reunidas para que el consejo confluya en un acuerdo que haga reanudar con normalidad sus actividades.

Es de esperar que los miembros del Consejo General hallen cómo instarse unos a otros, para arribar a la indispensable decisión común o mayoritaria. Comparezcan unos frente a otros, cediendo lo necesario para recordarnos que hemos zarpado en la misma embarcación.

Hoy consejeros y partidos políticos mostrarán a la sociedad su capacidad para ceder y sostener una institución clave para el ejercicio de la democracia en su decisivo tramo electoral. En honor a la verdad pública, el consejero presidente cedió al admitir la renuncia de Felipe Solís, quien había demostrado llenar con creces el perfil profesional que esa posición ejecutiva exigía. En el difícil proceso que esperemos hoy concluya, seguramente otros consejeros han debido ceder en aras de resolver la controversia que ha mantenido al IFE en una riesgosísima cuasi parálisis. Es de esperar que todos continúen poniendo su parte y hoy mismo obsequien a la sociedad una noticia alentadora.

``Ciudadanizar'' el IFE tuvo como propósito precisamente ``despartidizarlo''; no obstante, hoy los partidos tendrán que ser piezas centrales del acuerdo. Es claro que ello habla de un déficit de normatividad interna en el IFE que ha de ser resuelto a fin de dotarlo de los medios legales necesarios para resolver diferencias como las que surgieron de modo tan temprano. Tomen nota los partidos para que el legislador haga su tarea.