A partir de 1994, Gobernación elaboró una lista negra de curas

Juan Balboa, corresponsal /II, San Cristóbal de las Casas, Chis., 6 de abril Ť El Instituto Nacional de Migración (INM) mantiene una campaña permanente para revisar los documentos de cada uno de los religiosos que realizan trabajo pastoral en las tres regiones consideradas de conflicto: Selva Lacandona, Altos y Norte de Chiapas. Las agresiones contra la Iglesia se iniciaron durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y se agudizaron tras la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Las religiosas de Santa Brígida, Miriam Hallzol (irlandesa) y María Teresa Mullock (australiana), de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, fueron detenidas ilegalmente y hostigadas por el INM. Un mes antes, Michel Henri Jean Chanteau, párroco de Chenalhó, fue detenido y expulsado del país, después de que Migración le negó durante cuatro años la regularización de sus documentos migratorios.

Michel Chanteau, quien abandonó hace 33 años Francia --su país de origen-- para realizar trabajo pastoral en los Altos, engrosó la lista de agresiones como encarcelamientos, expulsiones, amenazas de muerte y daños en templos que ha sufrido la Iglesia católica desde desde 1990.

El sacerdote francés formó parte, desde 1994, de una lista negra de la Secretaría de Gobernación, que incluía a la mayoría de los curas extranjeros en la diócesis de San Cristóbal, mismos que podrían ser expulsados del país. A partir del levantamiento armado del EZLN, Chanteau fue uno de los objetivos principales de la violencia que desataron, en el primer semestre de 1997, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En su trabajo pastoral en Chenalhó --el próximo 28 de junio cumpliría 33 años de hacerse cargo de la iglesia de San Pedro-- el religioso fue testigo de la historia de ese pueblo. Con Chanteau, sumaron ocho los sacerdotes extranjeros --muchos de ellos con más de diez años de actividad pastoral en las zonas indígenas-- que han sido expulsados de México, mientras que 15 curas más han sido conminados a abandonar el país.

El sacerdote belga Marcelo Rostaert, párroco del municipio de Soyatitán, fue el primer religioso detenido por cuerpos policiacos. El 22 de julio de 1990, fue arrestado y acusado de ser autor intelectual de invasiones de tierras en el municipio de Venustiano Carranza, según el expediente penal 578-B/990. El primero de agosto fue obligado a salir del país.

A su vez, Joel Padrón González, párroco de Simojovel, fue detenido sin orden de aprehensión el 18 de septiembre de 1991. Fue trasladado a la cárcel estatal de Cerro Hueco, acusado de los delitos de despojo, daños, robo, amenazas, provocación de un delito y apología de éste; también de conspiración, portación de armas prohibidas, asociación delictuosa y hasta pandillerismo, según consta en la averiguación previa 3546\991.

Su proceso estuvo plagado de irregularidades, lo cual generó movilizaciones en Chiapas y en la ciudad de México. Sus acusadores nunca demostraron jurídicamente ninguno de los cargos y fue liberado 49 días después.

El 10 de enero de 1995, el padre Miguel de Alba Cruz sufrió un intento de homicidio en la población de Chicomuselo. Asimismo, seminaristas de San Cristóbal de las Casas fueron hostigados y amenazados de muerte 20 días después.

El 10 de febrero del mismo año, Jorge Santiago Santiago, asesor de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), fue detenido por ser presunto enlace con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se le acusó de los delitos de sedición, motín, rebelión, conspiración y terrorismo. Recuperó la libertad meses después, al no aportar el órgano acusador elemento alguno de prueba para demostrar que era responsable.

En esos días, el sacerdote Víctor Anguiano, párroco de La Trinitaria, fue agredido al igual que el edificio del archivo diocesano. La curia diocesana sufrió también agresiones en febrero de 1995. Un mes después, miembros del PRI hostigaron y amenazaron a frailes y monjas dominicos de la parroquia San Jacinto de Polonia, en Ocosingo.

Otros tres sacerdotes extranjeros de la diócesis de San Cristóbal --Rodolfo Izal Elorz (español), Jorge Alberto Barón Guttein (argentino) y Loren Riebe Estrella (estadunidense)-- fueron detenidos y expulsados del país, acusados de participar en invasiones de tierras y ``organizar'' a los indígenas.

En marzo de 1996, los sacerdotes jesuitas Jerónimo Alberto Hernández López y Gonzalo Rosas Morales fueron detenidos violentamente por elementos de la Policía Judicial y Seguridad Pública del estado. Los acusaron de haber participado presuntamente en una emboscada donde murieron dos policías y cinco más fueron heridos. En el segundo semestre del mismo año, el Instituto Nacional de Migración negó el permiso migratorio FM-3 a otros dos sacerdotes extranjeros del municipio de Salto de Agua: Joaquín Mnich, de Alemania, y Eduardo Machado, de India.