La nueva pieza de la estrategia gubernamental está orientada a simular un arreglo para Chiapas, más que a resolverlo de fondo, y para ello se ha propuesto quitar a la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) del escenario chiapaneco. Otra vez el gobierno quiere tapar el sol con un dedo y borrar del camino a los actores y testigos incómodos, como antes fueron los ``extranjeros'', categoría con la que se recreó una campaña de xenofobia. ¿Realmente cree el gobierno que va a tener éxito en esta empresa?

Es muy probable que la parte gubernamental sepa que no va a tener éxito, porque desconocer los acuerdos y proponer una iniciativa que tiene un sentido diferente a los textos de San Andrés, como lo mostró Luis Villoro (La Jornada, 1 y 2 de abril), además de que jurídicamente se queda muy por debajo de las posibilidades de la propuesta que hizo la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), es una salida falsa. No es mediante la exclusión de las instancias de mediación y de su antagonista, el EZLN (al que ahora acusa de no representar a todas las etnias), como va a pacificar esa región del país. Este clima de linchamiento empeora la crisis de este largo conflicto. Las tácticas de un endurecimiento para mantener una presencia excesiva del ejército en las comunidades, hacer campañas de xenofobia y excluir a los factores de intermediación, en este caso de la Conai y de la presencia civilizatoria del obispo Samuel Ruiz en la región, son ingredientes peligrosos que pueden llevar pronto a un nuevo enfrentamiento. ¿Por qué el gobierno juega esta vía?

El cálculo de sacar adelante, con la ayuda del PAN, la iniciativa constitucional sobre derechos indígenas, es una pieza de corte jurídico, con la cual no se soluciona la situación de los indígenas en el país, ni la de los grupos que viven en Chiapas. Se quiere establecer un cambio de reglas sin ningún acuerdo, y sin pacto no hay proyecto posible. Los argumentos del gobierno en contra de la Conai son que no ha sido una instancia mediadora imparcial, sino que ha tomado partido a favor del zapatismo. Esta visión simplista desconoce el trabajo de acolchonamiento, de defensa de los derechos indígenas, que frente a las redes de caciques y a los intereses perversos de racismo y explotación que predominan en esa región del país, ha hecho el obispo Samuel Ruiz durante varias décadas. Ahora resulta muy fácil para los burócratas de Gobernación descalificar esta tarea. Tener una opción preferencial por los indígenas no quiere decir ser parcial, sino asumir un compromiso con los más desvalidos. Para nadie es un misterio que la Conai ha sido un dique que ha evitado un empeoramiento en la región. Esta comisión ha tratado --por todos los medios a su alcance y dentro de los espacios de legalidad que existen en el marco de la Ley para el Diálogo-- de llevar el conflicto hacia una salida política, negociada y digna para las partes en confrontación. ¿Con quién piensa el gobierno que va a poder pacificar la región si excluye a los actores de la mediación?

Desde el 23 de enero pasado las dos comisiones de intermediación (Conai y Cocopa) establecieron una ruta para reactivar la pacificación de la región chiapaneca, la cual sigue vigente hoy, a pesar de que el gobierno no haya querido escucharla. La diferencia entre haber seguido esta ruta y lo que ha pasado en estos dos meses y medio, es exactamente la diferencia entre querer arreglar de fondo el conflicto y simular un arreglo. Las comisiones propusieron: concretar los acuerdos de San Andrés; darle vigencia al marco jurídico de la Ley para el Diálogo; reducir la presencia militar en la zona de conflicto; desarmar a los grupos paramilitares; acelerar y concluir las investigaciones sobre la matanza de Acteal; dar atención a los desplazados; indemnizar a las familias de las víctimas; liberar a los presos zapatistas; generar mecanismos de conciliación y que la Comisión de Seguimiento y Verificación entre en acción. Prácticamente nada de esta estrategia se ha llevado a cabo. En su lugar tenemos dos iniciativas que no respetan los acuerdos; la presencia militar sigue; las comisiones de intermediación han sido marginadas, debilitadas y golpeadas; el caso de Acteal sigue pendiente. En este cuadro, defender a la Conai es apostar a la negociación y a la paz digna.