Anuncian resistencia civil contra la reforma indígena del Ejecutivo

Georgina Saldierna Ť Militantes del PRD y de organizaciones no gubernamentales anunciaron ayer que realizarán ``acciones de resistencia civil pacífica'' para impedir que se apruebe la iniciativa presidencial sobre derechos indígenas, la cual ``nos aleja de la paz y nos pone al borde de la guerra''.

Reunidos en el Zócalo capitalino en la asamblea por la paz y los derechos indígenas, se declararon en ``alerta nacional'' y destacaron que perseguirán con movilizaciones los diversos lugares donde se quiera aprobar la ``ley espuria'' de Zedillo y el Partido Acción Nacional (PAN). Además, informaron que denunciarán ante la comunidad internacional la posición gubernamental en torno del conflicto chiapaneco.

Insistieron en su propuesta para que el Congreso de la Unión difiera el proceso legislativo que debe seguir la iniciativa presidencial sobre derechos indígenas, y demandaron que se atiendan las cinco condiciones que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha planteado para restablecer el diálogo. La tregua parlamentaria serviría para resolver esos cinco puntos, indicaron.

Como punto de partida propusieron la presentación de una ley basada en los acuerdos de San Andrés y establecer el ``carácter vinculatorio que debe tener la presentación en las cámaras'', pues es fundamental retornar a la bilateralidad y romper con los criterios unilaterales.

El conflicto no es asunto de pericia parlamentaria, sino de guerra o paz

Por el PRD su presidente nacional, Andrés Manuel López Obrador, demandó retomar la vía política para solucionar el problema de Chiapas e hizo un llamado a los legisladores del PRI y del PAN para que tengan presente que el conflicto chiapaneco no sólo es un asunto de tecnología jurídica o de pericia parlamentaria: los problemas de Chiapas son un asunto de guerra o paz, de vida o muerte.

Por eso insistió en su llamado para que entiendan que legislar de manera unilateral, sin acuerdo ni consenso entre las partes en conflicto, equivale a respaldar una política de fuerza. Les pidió también que no actúen bajo consigna, sino bajo el dictado de sus conciencias, es decir, con decoro, racionalidad y humanismo. Parafraseando a Belisario Domínguez, les señaló que más allá de intereses mezquinos e inmediatos, están la dignidad, la paz de la República, el bien de la nación y la historia.

A la asamblea por la paz asistieron miles de personas entre militantes perredistas y miembros de organizaciones no gubernamentales. Destacó la presencia de Rosario Ibarra de Piedra, Javier Elorriaga, Carlota Botey e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRD.

Luis Hernández Navarro, integrante de la Comisión de Seguimiento y Verificación de los acuerdos de San Andrés, fue el encargado de someter a la consideración de los manifestantes la declaración política de la asamblea -que en ese momento se constituyó en nacional ciudadana-, documento que fue aprobado por unanimidad y con una aclamación.

La declaración de cinco cuartillas reitera que al enviar al Congreso de la Unión una iniciativa sobre derechos indígenas, el gobierno viola los acuerdos de San Andrés y regresa a los viejos métodos de legislar a espaldas de la sociedad.

Una modificación constitucional que reorganiza el Estado y la sociedad debe reflejar un acuerdo en lo fundamental para normar la vida social. Es por ello que los regímenes democráticos no pueden modificarse sin acudir a la única fuente de soberanía que es el pueblo ciudadano, a través de medios de consulta democrática directa, como el plebiscito, sostiene.

Considera que el sistema actual de reformas a la Constitución mexicana, establecido en el artículo 135, no es, sin embargo, suficientemente legítimo ni representativo, pues se sustenta en un mecanismo indirecto: confiere la potestad de reformar a la Constitución a un órgano reformador integrado por las dos cámaras federales y las 31 legislaturas locales.

El hecho, además, de que no hayan desaparecido los mecanismos de control político del antiguo régimen, le da al Ejecutivo federal la posibilidad de seguir induciendo este proceso, con la consecuencia de que continúa careciendo de legitimidad.

La declaración considera que aprobar una ley no requiere únicamente que se cumplan los requisitos administrativos para su promulgación, sino también y, sobre todo, de un consenso social, es decir, que lo haga legítimo.

De acuerdo con el documento, el PAN se dispone a sacrificar su trayectoria de oposición al régimen al prestarse a legislar a espaldas de los pueblos indígenas. Por ello se pide a los militantes de ese partido que reflexionen y se percaten de que su pérdida de influencia electoral y su desprestigio son resultado de los acuerdos celebrados a espaldas de la sociedad. Una nueva alianza con el PRI no hará sino profundizar este proceso, subraya.

En lugar de consultar a la ciudadanía y debatir racionalmente las propuestas, denuncia, el gobierno lleva a cabo una vergonzosa campaña en los medios de comunicación en la que busca engañar a la sociedad pintando un panorama totalmente falso. Que nadie se engañe, esa ley -la presidencial sobre derechos indígenas- no pone al país al borde de la paz, sino al borde de la guerra. Los tambores de guerra no vienen de la Selva o de los Altos de Chiapas, sino de Los Pinos, subraya.

Alerta que, a 30 años de 1968, el gobierno pareciera querernos llevar otra vez a la pendiente de la confrontación. Pareciera que quiere, otra vez, hacer jugar al Congreso de la Unión el papel de encubridor de la matanza.

Desmilitarizar la zona y legislar sobre la figura del plebiscito, plantean

En la parte de propuestas demanda que se desmilitaricen las comunidades indígenas y que se legisle sobre el plebiscito y el referéndum, pues una iniciativa de ley que no cuenta con el consenso necesario debería ser puesta a consulta de los ciudadanos en su conjunto.

Como parte del plan de acción, informa de la integración de la Asamblea Nacional Ciudadana como mecanismo de coordinación de las acciones para impedir la aprobación de la ley zedillista. Hace un llamado a participar en la jornada del 10 de abril que organiza el Congreso Nacional Indígena y también para asistir a la movilización que se efectuará el 14 de abril en el Senado, cuando se prevé que habrá un anteproyecto de dictamen de la iniciativa de ley.

En su discurso, Andrés Manuel López Obrador destacó que el gobierno está optando por la fuerza. No importa con qué palabras la disfrace, pero sólo conducirá a mayor represión y sufrimiento. En términos políticos expuso que dicha estrategia no resolverá nada y sí conducirá a un endurecimiento gubernamental en el país entero, que pondrá en peligro los precarios avances democráticos y sembrará en la sociedad la irritación, la desconfianza y una desesperación que podría desbordarse en nuevas expresiones de violencia.

Luego de recordar que su partido acordó no legislar en torno de la iniciativa presidencial, agregó que el PRD se sumará a las movilizaciones pacíficas que se realicen. De igual manera, informó que se enviará una comisión de diputados y senadores al extranjero para denunciar el acoso y la represión. ``A nosotros no nos va a detener el patriotismo ramplón e hipócrita de los hombres del gobierno'', subrayó, aunque dejó en claro que su partido defiende la soberanía nacional y la integridad del territorio.

Durante la asamblea también habló Javier Elorriaga, del Frente Zapatista de Liberación Nacional, quien defendió la legitimidad de la iniciativa sobre derechos indígenas presentada por la Cocopa, y calificó de error político monumental -que quitaría a los gobernantes actuales autoridad política y moral en la segunda mitad del sexenio- la aprobación de la ley enviada por el presidente Zedillo.

También participaron como oradores Marcelino Díaz de Jesús, del Consejo Nacional Indígena, y Rosario Ibarra de Piedra, quienes rechazaron la campaña de prensa que ha comenzado el gobierno y denunciaron que los intereses del gobierno pretenden acabar con la soberanía del país.