Masiosare, domingo 5 de abril de 1998

La situación de Chiapas se agrava cada día. En el último mes se han presentado nuevos hechos violentos en comunidades indígenas, como lo pudo constatar la CCIODH (Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos), que realizó esta semana su segunda visita al estado con el propósito de entregar su informe.

Aunque sólo eran cuatro, se encontraron con una situación que, dicen, podría servir para un nuevo informe, porque la impunidad y agresiones contra las comunidades continúan.

Como consecuencia del trabajo de la CCIODH han sido asesinados dos indígenas que se atrevieron a denunciar las violaciones a los derechos humanos en la zona norte: José Tila López, en el municipio de Tila, y Trinidad Cruz Pérez, en Palenque. A ellos está dedicado el informe presentado ante el Parlamento Europeo el 30 de marzo pasado.

En Roberto Barrios y en Jolnixtié, donde residían las dos víctimas de priístas armados, el panorama se ha deteriorado peligrosamente. ``Hay el riesgo real de que ocurran nuevas matanzas como la de Acteal'', dice Alejandro Golberg, integrante de la comisión observadora.

``Se temen nuevos actos de violencia, los habitantes de la zona se sienten amenazados y se prevén nuevos ataques de paramilitares por el ambiente de impunidad que prevalece. Los indígenas sienten que no hay justicia''. En los últimos años ha habido 60 muertes violentas y ``no hay detenidos''. A esos crímenes se suman los asesinatos de Tila y Trinidad, donde ``sigue habiendo impunidad'', afirma Ignacio García, vocero de la CCIODH.

Amenazas de guerra

En los 20 días recientes ha habido por lo menos 300 sobrevuelos de aviones y helicópteros militares sobre las cabeceras municipales zapatistas de la selva, el norte y Los Altos. ``Estamos viviendo un tiempo difícil. El gobierno nos está amenazando con sus aviones y helicópteros a diario. Por eso queremos que no quede oculto lo que nos está pasando'', dijo Maximiliano, representante de La Realidad, ante los observadores de la comisión que entregaron su informe a las autoridades de la comunidad.

``Estamos trabajando pero viene el helicóptero y asusta a nuestras mujeres y niños. Vemos que el gobierno no quiere cumplir los acuerdos. Nos quieren matar porque alegamos nuestros derechos como campesinos, pero estamos dispuestos a resistir lo poco que podamos'', insistió José, habitante de este pueblo tojolabal.

Cuatro integrantes de la comisión recorrieron comunidades indígenas de Los Altos, la selva y la zona norte. Además de entrevistarse con las autoridades locales y con miembros de organismos civiles.

Sigfrido Miralles, Helena Roux, Alejandro Golberg e Ignacio García, se dividieron para visitar Acteal, Polhó, Oventic, La Realidad, Morelia, La Garrucha, Roberto Barrios y Jolnixtié.

``En esos lugares pudimos constatar la continua e intensa presencia de sobrevuelos, los cuales comprenden tres tipos de aviones y dos de helicópteros, tanto del Ejército Mexicano como de la Policía Judicial'', dijo Golberg.

Los campesinos no pueden trabajar la tierra con tranquilidad, los aparatos ``vuelan tan bajo que se puede apreciar cómo toman fotos y filman''.

En Ocosingo, las autoridades rebeldes de Francisco Gómez informaron que un niño murió y un hombre resultó herido cuando un vehículo del Ejército Mexicano embistió a un camión de pasajeros el pasado 30 de marzo. Los militares huyeron.

Los integrantes de la comisión fueron testigos de que vehículos sin placas viajan sin ser molestados por los agentes del orden. En una de las unidades que pasaron frente al puesto de migración de Ocosingo ``pudimos divisar con claridad que el hombre situado en la parte trasera tenía en sus manos un arma larga''. Cerca de ahí, en Francisco Gómez, recibieron la denuncia sobre la presencia de paramilitares en la zona.

Los representantes de Guadalupe Tepeyac en el exilio recordaron la ocupación militar de su pueblo. Uno de sus representantes intervino: ``El gobernador vino a Las Margaritas a decir que lo apoya la mayoría y que va a pacificar, pero estuvo acarreando hasta niños. (Roberto) Albores quiere regresar al Chiapas de antes del 94 y eso ya no se puede, la gente ya despertó''.

Violencia e impunidad en el norte

Los integrantes de la comisión fueron a la región chol, zona controlada por los miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia.

``Cuando llegamos a Roberto Barrios, Palenque, la tensión era tremenda -relató el español Ignacio García-, ya que desde el asesinato de Trinidad Cruz Pérez (un campesino zapatista), el pasado 14 de marzo, los acontecimientos se han desarrollado vertiginosamente''.

Trinidad Cruz murió por machetazos que le propinaron tres priístas. Dejó cinco hijos. Su mujer, Anita Gómez, dijo con tristeza: ``Mi hija de 5 años necesita atención especial, es sorda y su audífono requiere de baterías. Es muy costosa la educación que debe recibir. Mi esposo fue a Palenque a trabajar para conseguir el dinero para ella cuando lo mataron''.

El 16, la comunidad tomó el acuerdo de expulsar a los presuntos asesinos y a sus familias. ``El pueblo pide justicia, no venganza, por la violencia que quieren generar personas que han sido denunciadas como paramilitares'', reza el acta firmada por 404 personas de la comunidad, incluidos los priístas.

En asamblea, las familias de los presuntos asesinos se comprometieron a pagar los gastos del entierro a la familia de Trinidad.

``Este pueblo es libre de creer en la religión o partido político que crea conveniente, pero rechaza tajantemente la violencia y no quiere caer en la trampa de la destrucción entre hermanos'', se lee también en el acuerdo firmado por indígenas zapatistas y priístas.

Sin embargo, dos días después fue quemada la casa de uno de los presuntos asesinos. Aunque al parecer el incendio fue causado por militantes del PRI, un grupo de ese mismo partido presentó una denuncia en Palenque, responsabilizando a las bases zapatistas del incidente y de romper el acuerdo.

``Esto tensó aún más la situación, por lo que tanto la familia de Trinidad como la comunidad temen una acción de los paramilitares y una intervención de la Seguridad Pública'', denunció la comisión.

``Los asesinos siguen libres en Palenque a pesar de que hay testigo y denuncia penal, por eso consideramos que no hay justicia'' y dice Daniel Cruz, hermano del campesino agredido.

Los observadores hicieron una ofrenda en la tumba de Trinidad y viajaron después al municipio de Tila. Ahí tuvieron noticias de nuevas acciones paramilitares y de la complicidad con la policía estatal.

En Misopá Chinal los recibieron 60 personas que ``señalaron el clima de tensión e incertidumbre generado por la presencia de grupos paramilitares''.

Habitantes de Cerro Misopá denunciaron el robo de ganado y matanza de animales como parte de las acciones de intimidación de Paz y Justicia, que ha hecho disparos al aire y amenazado a simpatizantes del EZLN. Los integrantes de Seguridad Pública ahí destacados no han intervenido.

``El 8 de marzo de 1998, Rosenber Jiménez Torres fue amenazado de muerte por un paramilitar frente al cuartel de la policía, que no hizo nada. Al día siguiente la policía comenzó a patrullar la zona con los priístas armados''.

Luego hablaron los desplazados de Cruz Palenque, quienes abandonaron sus hogares desde agosto del año pasado ante las amenazas de paramilitares. Desde esa fecha han sido asesinados cuatro campesinos por el grupo Paz y Justicia. Los desplazados solicitaron garantías para el retorno a sus casas.

Los indígenas de Misopá Chinal dieron otros ejemplos: se quejaron del retraso y de la mala calidad en la construcción de una carretera. ``Pensamos que el presupuesto fue desviado con otros fines'', señalaron. ``La construcción del camino, en complicidad con los militares destacados en la zona, venden la grava y la arena en Tabasco''. Además, el maestro de la comunidad fue expulsado por Paz y Justicia y los niños de la comunidad no han sido vacunados en los últimos seis meses.

Los observadores llegaron a Jolnixtié después de ser acompañados en el camino por decenas de campesinos que cuidaron de su seguridad. Pasaron frente al sitio donde fue asesinado José Tila López.

Los representantes de Jolnixtié -lugar donde se refugian miles de desplazados por la violencia- señalaron que ``no se ha hecho justicia con los asesinos de José Tila; algunos continúan en libertad''.

El 18 de marzo, ``cinco encapuchados bloquearon el camino'', los reconocieron y presentaron la denuncia ante las autoridades. ``Los paramilitares amenazaron con que va a haber guerra y que van a asesinar a los que presentaron la denuncia del asesinato de José Tila''.

La situación es de verdadero terror, ya que los indígenas zapatistas temen que esta Semana Santa, ``durante los actos religiosos, se presenten acciones de los paramilitares, que pudieran convertirse en una matanza''.

Este temor es fundado. El 20 de marzo, diez personas armadas de Paz y Justicia arribaron a Jolnixtié y ``tiraron dos bombas de clorato para matar los peces del único estanque del lugar, como acto intimidatorio'', dice Manuel Pérez López.

``Nosotros no queremos violencia con los de Paz y Justicia'', afirmaron las autoridades indígenas. En Corozil y en Masojá Sueja, integrantes de Paz y Justicia impiden el libre tránsito y amenazan a los campesinos que pasan por ahí.

``Se entiende el temor constante por la impunidad con que actúan los grupos paramilitares, que no reciben castigo por sus acciones. Por eso los indígenas piden la presencia de observadores internacionales como garantía para la integridad física de las comunidades de la zona norte'', concluyó la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos.