La Secretaría de Gobernación calla.
En el Instituto Federal Electoral alertan sobre ``retrocesos''. La Cámara de Diputados dice que le va a entrar. Mientras, en Estados Unidos se fortalecen las organizaciones de mexicanos que quieren votar, allá, donde fueron a dar ante la falta de oportunidades en su propio país. Van a pelear: ``No estamos discutiendo si vamos a votar o no, eso ya está resuelto. El asunto es que se apuren. Si no, los partidos van a tener que pagar el costo político con sus simpatizantes en EU''.
Vicente Fox quiere echarse ``un tirito''.
Poco antes de su encuentro con la Coalición de Mexicanos en el Exterior Nuestro Voto en el 2000, dijo a la prensa guanajuatense que de hacerse realidad el voto para los mexicanos residentes en el extranjero -posible en la Constitución, atorado por ``enredos técnicos''- le gustaría medir fuerzas con Cuauhtémoc Cárdenas ``para ver quién tiene más votos'' del otro lado de la frontera.
Las de Fox no son habladas. Su gobierno ya tiene oficinas en Chicago, Nueva York y Dallas, dedicadas a promover inversiones, pero que ya se inscriben en la guerra del 2000. La elección presidencial también se va a disputar -se disputa ya- en los barrios mexicanos de varias ciudades de Estados Unidos.
Los mexicanos residentes en el vecino país siempre han pesado en la política local. ¿Cómo no van a ser influyentes si llegan a aportar más de la mitad de los ingresos de sus regiones de origen?
Desde hace muchos años, es común que los aspirantes a las gubernaturas de Zacatecas, Jalisco y Michoacán, entidades ``altamente expulsoras de migrantes'', hagan campaña entre sus paisanos que se marcharon a buscarse una vida mejor. En las semanas recientes, por ejemplo, los aspirantes del PRI y del PRD al gobierno de Zacatecas, José Olvera y Ricardo Monreal, se han paseado largamente en California, dando el banderazo a los comités de apoyo a sus respectivas candidaturas.
Ahora hay un ingrediente más: una rendija para que las influyentes comunidades de mexicanos en EU -que envían entre 5 y 7 mil millones de dólares anuales- voten en las elecciones presidenciales del 2000. Claro, si se deshace una maraña legal que ni el Instituto Federal Electoral (IFE), ni los legisladores, ni los partidos, y menos el gobierno, parecen estar en condiciones de desenredar.
¿Cuánto pesaría el voto de los mexicanos en el exterior (en Estados Unidos, en realidad, porque el de los nacionales en otros países sería cuando mucho simbólico)?
¿Cúantos votos le pueden dar a Cuauhtémoc todos los michoacanos de apellido Cárdenas que viven en California? ¿Cuántos ganaría para sí José Angel Gurría -es un decir- en los suburbios de Chicago? ¿Tendría Manuel Bartlett el voto de los miles de mixtecos neoyorkinos? ¿Cuántos antiguos habitantes del Bajío harían campaña por Vicente Fox?
Los optimistas dicen que serían muchos -millones- de votos en juego.
La Coalición de Mexicanos en el Exterior Nuestro Voto en el 2000 maneja un estudio académico donde se calcula que los nacionales en edad de votar en ese año serán casi 7 millones. En sus cuentas, la coalición considera posibles electores a los residentes permanentes, migrantes temporales legales e indocumentados.
Rodulfo Figueroa, director del Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cree que las anteriores son cuentas alegres. Estima, por ejemplo, que de los 2.5 millones de mexicanos indocumentados apenas ejercerían su derecho al voto unos 750 mil, dados los niveles de abstencionismo comunes del otro lado de la frontera. Legisladores del PRI refuerzan la idea: ¿cuántos indocumentados se atreverían a acudir a una urna, si saben que así los puede detener la Migra?
Amén de la danza de números, las interrogantes siguen sin resolverse: ¿habría urnas en Chicago?, ¿los consulados se harían cargo?, ¿cuál sería el papel del IFE?, ¿cómo se garantizaría la limpieza del proceso?
Los plazos se acortan sin que nadie parezca interesado en resolver el entuerto. Salvo la Cámara de Diputados, que esta semana dio entrada al tema y citó a José Woldenberg, presidente del IFE, y a las autoridades de Gobernación. El punto de acuerdo fue firmado por 97 legisladores de todos los partidos, porque ninguna fuerza política quiere que otra se quede con la medalla de haber conseguido que los mexicanos residentes en el extranjero voten en el 2000.
La posibilidad de que los mexicanos residentes en el extranjero voten tiene una historia reciente.
En 1996, las negociaciones entre los partidos políticos concluyeron en una nueva reforma electoral (``la definitiva'', diría entonces el presidente Zedillo).
Entre los puntos de esa reforma: la modificación de una fracción del artículo 36 constitucional que establecía que los mexicanos sólo podían votar en un distrito determinado.
Sin embargo, esta reforma no se tradujo en instrumentos legales que resolvieran la forma como se ejercería el nuevo derecho. En cambio, el posible voto de los mexicanos en el exterior fue condicionado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) a la creación del largamente pospuesto Registro Nacional Ciudadano (Renaci).
Es decir, para que los nacionales que viven fuera puedan votar primero tiene que existir la Cédula de Identidad Nacional.
Y aquí es donde las cosas se enredan.
Durante muchos años, los partidos de oposición señalaron que uno de los instrumentos para el fraude electoral era el manejo gubernamental de los comicios y una pieza clave de ese control eran las credenciales para votar.
Finalmente, los órganos electorales han sido ciudadanizados y todo el proceso, incluida la expedición de la credencial de votante, ya no está en manos del gobierno.
Pero si para que los mexicanos que viven fuera es necesaria la Cédula de Identidad, esta parte esencial de los procesos electorales tendría que regresar a las manos del gobierno, puesto que el Renaci depende de la Secretaría de Gobernación.
Quizá por eso José Woldenberg, presidente del IFE, insiste en que el asunto es ``muy importante y muy delicado''.
¿La credencialización otra vez en manos del gobierno, tras largos años de camino para lograr la ciudadanización de los procesos electorales?
``Nos haríamos un flaquísimo favor si precisamente en la etapa de construcción de confianza de los procesos electorales, pudiéramos erosionar eso por una mala decisión'', dijo Woldenberg el 26 de marzo, unos días después de que el gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, cuestionara en su presencia la efectividad de los órganos electorales ciudadanizados.
En el Cofipe también se establece que se creará una comisión de especialistas para estudiar posibles modalidades del voto de los mexicanos en el exterior. En una interpretación, dicho grupo se debería integrar solamente cuando el Renaci se encuentre funcionando, con todo y las cédulas de identidad. Pero diversos consejeros electorales sostienen que la comisión puede comenzar a trabajar y que una de sus funciones podría ser, precisamente, proponer alternativas ante la inexistencia del Renaci.
Se plantea una realidad: gran parte de los archivos municipales de nacimientos -la materia prima de un registro ciudadano- se encuentran en mal estado e incluso han sido destruidos. El anterior director del Registro Nacional de Población, Max Evian, sostenía que era imposible tener el registro funcionando en el año 2000.
Un Surumuato
Jesús Martínez nació en la hacienda Surumuato, del Bajío, en una zona altamente expulsora de migrantes. Como eran tantos migrantes de ahí, les pusieron los Surumuatos. Sus padres se lo llevaron del otro lado apenas cumplió los 10 años. Hoy, a sus 36, es profesor de la Universidad de Santa Clara y quiere volver a México. Antes, sin embargo, quiere contribuir a que los mexicanos que se quedan allá puedan hacer algo que él nunca pudo: votar en una elección mexicana.
Jesús Martínez es hoy un cabildero de una veintena de organizaciones que decidieron constituir la Coalición de Mexicanos en el Exterior Nuestro Voto en el 2000.
En febrero pasado, Martínez estuvo aquí con otros 16 mexicanos, líderes de organizaciones, residentes en California, Texas, Illinois e Iowa. Entonces se entrevistaron con José Woldenberg .
En la víspera de la entrada en vigor de la Ley de No Pérdida de la Nacionalidad, vigente a partir del 20 de marzo, el profesor Jesús Martínez regresó con Raúl Ross, del American Friends Service Comitte de Chicago, para intensificar el trabajo en favor de su demanda. En este segundo viaje tuvieron encuentros los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox, así como con Porfirio Muñoz Ledo. Su objetivo fue pedir a los líderes partidistas que una comisión legislativa ayude a ``destrabar'' los obstáculos para que el voto en el exterior se haga realidad.
En el primer viaje, la coalición se reunió también con dirigentes priístas, entre quienes, dicen, no han encontrado mucho eco.
Escenarios
Juan Molinar Horcasitas, consejero electoral del IFE, sostiene que los pasos para hacer realidad el voto de los mexicanos en el extranjero son necesarios los siguientes pasos:
Primero, que la Secretaría de Gobernación informe a la brevedad si tiene capacidad para elaborar el Registro Nacional Ciudadano y la Cédula de Identidad Ciudadana, que sería usada como la nueva credencial de elector en el 2000.
Segundo, que la Cámara de Diputados tome cartas en el asunto para crear los mecanismos legales que hagan realidad el voto. Esto ocurrió el pasado miércoles.
Independientemente de este proceso, dice Molinar, el IFE instalará en abril la comisión de especialistas establecida en el artículo octavo del Cofipe. Esta comisión estudiaría la forma de armar el padrón electoral, si el IFE instalaría casillas en los consulados y cómo podrían votar los residentes no autorizados o indocumentados, entre otros puntos espinosos.
Sin embargo, hay otras voces. El senador priísta Eduardo Andrade, representante del Poder Legislativo ante el Consejo Electoral del IFE, sostiene que el Registro Nacional Ciudadano no estará listo antes del 2000 y habría problemas logísticos para manejar ``millones de votos''. Su conclusión es simple: no será posible que los mexicanos en el exterior ejerzan el voto en los próximos comicios presidenciales.
El senador panista Norberto Corella cree que una alternativa parlamentaria se atoraría inevitablemente: ``Salvo que el PRI ya hubiera hecho sus cuentas y que pensaran que ya tienen el voto mayoritario. De otra manera, adiós posibilidades''.
Si el nudo no se desata, ¿de quién será la culpa?
``Si finalmente esto no se lleva a cabo no será porque el IFE no esté preparado. Es una prioridad del instituto'', argumenta el consejero Jesús Cantú.
Jesús Martínez y Raúl Ross, de la coalición, regresarán a México la segunda quincena de junio para promover su demanda en la Conferencia Nacional de Estudios Chicanos, que por primera vez se hará en México.
El corte de caja será a fin de año.
``Si para entonces no avanzó -dice Raúl Ross-, ya se chingó el asunto. Ahorita estamos en la negociación, pero también somos remañosos. Podemos organizarles desde allá algún boicot de envíos o tomarles los consulados. No estamos discutiendo si vamos a votar o no, eso ya está resuelto. El asunto es que se apuren. Si no, los partidos van a tener que pagar el costo político con sus simpatizantes en Estados Unidos''.
Que voten contra el
gobierno que los expulsó
``Si se van, deben tener la posibilidad de sancionar a un gobierno que no les ha dado empleo aquí. Por eso tengo comprometido mi voto. No respondería a un interés de partido distinto'', define Germán Martínez, diputado panista que se cuenta entre los promotores de la idea de que, desde el Congreso, se puede lograr que se acelere el paso para el voto de los mexicanos en el exterior.
Originario de Quiroga, Michoacán, Martínez dice que el suyo sería un voto de conciencia, porque la mitad de su pueblo está del otro lado del río Bravo.
Si se lograra para los comicios del 2000, Martínez asegura que el PAN iniciaría una agresiva campaña electoral. Punto de arranque tienen. Entidades gobernadas por Acción Nacional se cuentan entre las principales expulsoras de migrantes: Jalisco y Guanajuato.
Quizá por eso, en las elecciones simbólicas organizadas por diversas organizaciones de mexicanos en Chicago, el PAN ha logrado ``quedar muy parejo con el PRD'', según informa Raúl Ross.
Desde hace más de una década, el PAN ha ido aumentando su presencia en Estados Unidos, sin la estridencia perredista pero quizá con igual fortuna.
Con Carlos Castillo Peraza en la presidencia nacional se estrecharon los lazos panistas en los círculos académicos. En 1994, Diego Fernández de Cevallos se dio su vuelta y Felipe Calderón lo hizo cuando contendió por la presidencia partidista.
El PAN ha hecho proselitismo de manera informal en Chicago, Texas, Nueva York y California.
La pinza la cierran los gobernadores y alcaldes del blanquiazul, que constantemente viajan para estar en contacto con los migrantes de sus estados, y para solicitarles apoyo a fin de realizar obras públicas.
Cocinando
la grande
Desde su nacimiento, el PRD tuvo entusiastas militantes en Estados Unidos. Al reciente congreso de Oaxtepec llegaron, como en otras ocasiones, antiguos campesinos de Michoacán y La Laguna que hoy hacen sus vidas en los suburbios de muchas ciudades californianas.
Cuauhtémoc Cárdenas ha sido uno de los políticos mexicanos que con mayor constancia acuden a Estados Unidos: participa en foros y conferencias, se reúne con empresarios y políticos, es invitado por universidades. Llama la atención de los estadunidenses, pues.
Pero otra de las razones de su constante presencia en EU es el trato que tiene con los mexicanos residentes en aquel país: en diez años -es decir, desde su primera candidatura presidencial- Cárdenas se ha reunido unas veinte veces con organizaciones de migrantes.
Entre los perredistas residentes en EU -que han vivido escisiones y trifulcas igual que los de aquí- se prepara ya la campaña del 2000. En mayo habrá congresos regionales en California norte y sur.
El PRD se precia de haber sido el primer partido en incluir en su agenda la demanda del derecho al voto de los mexicanos en el extranjero.
Desde la Fundación para la Democracia, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, hijo del jefe de gobierno del DF, se propone realizar estudios para saber de la presencia del PRD en Estados Unidos, su número de militantes, así como la relación que tienen con otras organizaciones políticas y congresistas latinos.
Una vez conocido el terreno, dice Cárdenas Batel, el PRD abrirá oficinas en lugares claves.
El ``hipotético''
uso electorero
-Hay la idea de que el voto mexicano en Estados Unidos sería un voto opositor -se le sugiere al senador priísta Eugenio Ruiz Orozco.
El senador se acomoda en el sillón de vinil, cruza la pierna y suelta su acento jaliscience: ``Eso es un supuesto, es como decir que la luna es de queso''.
El senador, representante de uno de los principales estados migrantes, desconocía la posibilidad del voto mexicano en el exterior. Aún así, opinó que el voto debe ser sólo para quienes están aquí ``informados e involucrados en la política del país, porque los otros ya se fueron''.
Pese a la postura del senador, su partido cuenta con algunos ``representantes honorarios'' en Okland, San Diego, Los Angeles, San Antonio, Chicago y Atlanta.
Tiene algo más importante.
Diversas organizaciones de migrantes consideran que los programas de la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigidos a los mexicanos residentes en EU son una forma de proselitismo destinado no sólo a favorecer la imagen del gobierno, sino también al PRI. Es una especie de ``proselitismo clandestino a favor del PRI'', que ``equilibraría'' la balanza en el 2000, dice Raúl Ross, residente en Chicago.
Es el caso del Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero, iniciado hace tres años, y que hoy tiene una red de 443 Clubs de Oriundos, además de una base de datos de 19 mil 172 líderes comunitarios mexicanos a lo ancho de la Unión Americana. Este programa cuenta con un órgano de difusión cuyo tiraje envidiaría cualquier publicación nacional: 450 mil ejemplares.
-¿Existe la posibilidad de que este programa se use con fines electorales?
-En un terreno hipotético se podría decir `a ver, que Figueroa se vaya a su casa y vamos a poner a un grillo del PRI'. Pues sí, hipotéticamente sí,-responde Rodulfo Figueroa, responsable del programa y poseedor de una larga carrera diplomática.
El diputado Alfredo Phillips Olmedo, coordinador general de Asuntos Internacionales del PRI y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, rechaza que los programas gubernamentales puedan ser usados a favor del PRI.
En entrevista, Phillips Olmedo rechazó decir cuál sería la posición del grupo parlamentario de su partido en cuanto se discutiera la posibilidad de acelerar los pasos para que los mexicanos en el extranjero puedan votar en el 2000. En las negociaciones en la Cámara baja, la propuesta del PAN y el PRD fue que el tema se remitiera a las comisiones de Población y de Gobernación. El PRI presionó para que el punto de acuerdo también fuera remitido a laComisión de Relaciones Exteriores, que preside justamente Phillips Olmedo.
-Si los mexicanos que viven allá llegan a votar en el 2000, ¿cuál será la estrategia del PRI?
El diputado Phillips no quiso responder. La estrategia ya existe, reconoció. Pero los detalles son secretos.
Residentes autorizados: 4.7-4.9 millones de personas.
Residentes no autorizados: 2.3-2.4 millones de personas.
Total de la población nacida en México:
7.0-7.3 millones de personas.
Alrededor de 22% llegaron en los últimos cinco años.
Entre 73% y 94% de los migrantes temporales son hombres jóvenes, y más de la mitad trabajan en la agricultura.
300 mil indocumentados cruzan la frontera norte anualmente.
Los migrantes mexicanos se concentran sobre todo en California, Texas e Illinois. 50% de los migrantes van a California.
Las remesas enviadas por los mexicanos van de 5 a 7 mil millones de dólares anuales.
Tradicionalmente los migrantes provenían de Guanajuato, Michoacán y Jalisco. El flujo de estas entidades ha disminuido mientras crece el de Durango, Zacatecas, estado de México, DF, Chihuahua, Tamaulipas y Guerrero.
Para el año 2000 habrá cerca de 7 millones de mexicanos en edad de votar en Estados Unidos.
En el año 2006 serían 7.7 millones.
Fuentes: Informe del Estudio Binacional de Migración, SRE, 1997; Dinámica poblacional y el voto de los mexicanos en el extranjero: el caso de los residentes en los Estados Unidos, Paulina Grobet, Centro de Estudios de Población, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
La reforma a la fracción III del artículo 36 constitucional, de 1996, eliminó la obligatoriedad de que los electores voten en sus distritos. De ahí derivó el artículo octavo transitorio del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que en su tercer párrafo dice:
``Con el propósito de estudiar las modalidades para que los ciudadanos residentes en el extranjero puedan ejercer el derecho al sufragio en las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo General del Instituto Federal Electoral designará una comisión de especialistas en diversas disciplinas relacionadas con la materia electoral, para que realice los estudios conducentes, procediéndose a proponer, en su caso, a las instancias competentes, las reformas legales correspondientes, una vez que se encuentre integrado y en operación el Registro Nacional Ciudadano y se hayan expedido las células de identidad ciudadana.
El párrafo segundo contempla la posibilidad de que el Registro Nacional Ciudadano no estuviera listo para el 2000:
``Si al aplicarse los procedimientos técnicos y administrativos que tiendan al logro del propósito señalado en el párrafo que antecede (la creación del Registro Nacional de Ciudadanos), se presentaran inconsistencias en la información de los registros civiles del país que impidieran la adecuada expedición o utilización de la Cédula de Identidad Ciudadana en las elecciones federales del año 2000, se harán al efecto los planteamientos de ajuste que se requieran''.
La Ley de No Pérdida de la Nacionalidad Mexicana entró en vigor a partir del 20 de marzo de 1998.
Está dirigida a aquellos mexicanos que optaron por la ciudadanía de otro país. En Estados Unidos beneficiará a 1 millón 500 mil personas naturalizadas.
Entre los beneficios están poder conservar o recuperar todos los derechos que tiene cualquier mexicano, como por ejemplo: adquirir bienes inmuebles en zonas restringidas (playas, fronteras) o los ejidos; se puede tener acceso a cualquier cargo público o institución educativa; y pueden realizar cualquier tipo de actividad o inversión en áreas reservadas a mexicanos por nacimiento como las relacionadas con vías generales de comunicación, servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, gas y petróleo, y uniones e instituciones de banca de desarrollo.