Divulga Gobernación documento que ``prueba la parcialidad'' de la Conai

José Gil Olmos Ť La Secretaría de Gobernación distribuyó un informe ``confidencial'' de la Comisión Nacional de Intermediación para ratificar su acusación de ``parcialidad'' y de que esta instancia llamó a la ``participación internacional, inclusive de gobiernos y organismos internacionales'' para resolver el conflicto chiapaneco.

Sin explicar cómo se consiguió este documento interno de la Conai, fechado el 12 de enero y firmado por el obispo Samuel Ruiz, así como por Gonzalo Ituarte y Miguel Alvarez, en su calidad de secretarios ejecutivos, la instancia gubernamental lo distribuyó profusamente entre los reporteros, aun cuando ayer el director de Comunicación, Ignacio Lara, dijo que no lo tenían en su poder, y el coordinador para la paz, Emilio Rabasa Gamboa, señaló la semana pasada haberse enterado de su contenido por lo publicado en dos diarios.

En el Informe Narrativo Semestral Julio-Diciembre 1997, la Conai señala que el gobierno federal ha implementado una nueva ``estrategia de debilitamiento y aislamiento'' del EZLN, pasando de una situación de impasse en el diálogo a impulsar un clima de polarización entre las comunidades indígenas. Esto es, ``trasladar la guerra a un ámbito meramente local, entre indígenas, recuperando para el gobierno el papel conductor y ya no de parte''.

Ante ello, y para salvaguardar de la crisis el modelo de diálogo de San Andrés, es que la instancia mediadora presidida por el obispo Samuel Ruiz ha propuesto a ambas partes ``su disponibilidad de dejar paso a otro colectivo mediador''. Sin embargo, agrega, y a pesar de las desconfianzas, a la fecha y por diversas razones ambas partes han preferido continuar con la Conai, ``que se ha visto obligada a bajar su visibilidad pública para cuidar la eficacia en aquellas tareas que no cualquier actor puede realizar''.

En su informe, la Conai explica la transformación de esa táctica de esta manera: ``Poco a poco, en el fondo se trata de procesar un cambio en el status del conflicto. En lugar de una guerra entre el gobierno federal y su Ejército contra el EZLN, pasar a un conflicto del gobierno de Chiapas y de los poderosos contra el movimiento rebelde; y luego, por la acción entre las bases priístas a las que se paramilitariza, pasar al conflicto entre comunidades, ante el cual el gobierno y el Ejército ejercieran un papel reconciliador y ya no de parte. Se trata entonces de crear una distorsión en el status del conflicto y la composición de sus partes, actores y roles''.

Asimismo, el documento señala que el problema central del agravamiento del proceso ``es la estrategia reductora y contrainsurgente del gobierno federal'', y agrega que esta estrategia, ``insuficiente y equívoca, se basa en la lógica y contención militar, haciendo que sea la lógica y avance (de) lo político la que se supedite al control militar, y no al revés como debe ser en un real proceso de paz. Además, intenta vaciar de contenido y representatividad al diálogo y negociación con el movimiento indígena (que es el actor real), para desarticularlo y romper toda interlocución que obligue al Estado a negociar soluciones de las causas''.

En síntesis, indica que la estrategia ``intenta un diálogo con vencidos, una cosecha rápida, coyuntural y sin profundidad del diagnóstico de victoria política y militar que algunos funcionarios ya hacen'', y la cual, en lugar de evitar, administra la polarización y la violencia.

Además, dice, se desentiende de las cinco condiciones mínimas para reanudar el diálogo ``y trabaja en la opinión pública la convicción de que quien debe ceder es el EZLN''.

El gobierno, asegura la Conai, ``no quiere aprobar la ley de reformas indígenas por temor a un daño al Estado juarista, pero insiste que quien debe entender, porque no tiene representatividad, tamaño ni peso para pedir más, es el zapatismo. Con esa convicción, el gobierno continúa la vía militar en Chiapas: una guerra declarada, no resuelta, activa pero negada''.

La Conai pregunta entonces: ``¿Es esta la `nueva estrategia' que rompe con todo lo que habíamos creado?'' Luego señala que aun antes de la masacre de Acteal el proceso había llegado a una situación límite, y plantea: ``Ahora estamos ante un trance doloroso y definitivo. O con el dolor y la sangre inocente se regeneran condiciones para la salida política; o caemos en una etapa negra en que se destruyan por un buen tiempo las condiciones de interlocución y negociación''.

Incluso dice que el deterioro al ``circuito de interlocución'' es muy serio y que al atentar contra lo acordado de crear las condiciones políticas previas para que el diálogo fuera productivo políticamente ``el gobierno quiere ahora un diálogo incondicional. Está en juego el modelo y formato del diálogo y la negociación''.

La participación internacional

Ante esta situación conflictiva y variable, la Conai reconoce una ``incapacidad'' de planificar su acción con base en su propia estrategia y dice que ``impulsar una mayor participación internacional que sea capaz de presionar y llevar al gobierno a racionalidad, va pareciendo cada vez más como una importante necesidad y esperanza''.

Es esta expresión de la Conai la que el gobierno ha utilizado para acusarla de ``llamar y buscar la injerencia externa''. En tanto que de la ``parcialidad'', en un comunicado emitido ayer sostiene que en este informe la mediadora califica ``indebidamente'' a una de las partes en el conflicto: el gobierno, y omite decir que el EZLN fue el que suspendió unilateralmente el diálogo y la negociación en agosto de 1996, además de establecer retenes, cobrar cuotas de peaje y, sobre todo, propiciar los llamados municipios autónomos.

``Cuando la instancia de intermediación se convierte en juez de una de las partes y sólo defiende las posiciones de la otra (la iniciativa de Cocopa, etcétera), está actuando parcialmente'', y por ello el gobierno federal tiene todo el derecho de señalar y reclamar a la Conai esa parcialidad, ya que el reconocimiento que se le hizo fue para que actuara con imparcialidad, objetividad, equidistancia entre las partes.

Acerca de la ``injerencia externa'', Gobernación cuestiona si ``incorporar la participación internacional, inclusive de gobiernos y organismos internacionales'', como lo expresa la Conai en su informe confidencial, ``¿acaso no equivale favorecer formas de intervención extranjera en asuntos que sólo competen a los mexicanos en los términos señalados por nuestra Constitución?''

En el comunicado la representación del gobierno federal insiste en mantener ``su estrategia integral'' para resolver por la vía pacífica, del diálogo y la negociación, el conflicto con el EZLN, y para ello valoran los instrumentos legales y políticos ``que hemos construido los mexicanos para resolver el conflicto''.

En su informe, la Conai reconoce que ha experimentado ``el propio desgaste del conjunto del proceso'', y señala los ataques que ha sufrido, incluso del EZLN, al vincularla con el nuncio apostólico Justo Mullor, a quien los zapatistas acusan de ser la punta de lanza de la nueva estrategia gubernamental. Además, dice que no ha podido influir en la única línea permanente del Estado a lo largo del conflicto: la militar.

Ante esta situación explica que se ha abierto a otras áreas y terrenos de las necesidades del proceso que no estaban inscritos en la dinámica inmediata de la negociación, como impulsar la participación civil y la reconciliación ``que molestaban profundamente al Estado'', que, a su vez, ha venido impulsando la crisis del modelo de diálogo establecido en San Andrés.

Asegura que no hay condiciones objetivas ni subjetivas para el diálogo y la negociación y ``más que llamar al EZLN y presionando al diálogo, urge exigir al gobierno la generación de condiciones favorables para que la negociación pueda darse como vía confiable de resultados reales''. Afirma que el punto central no está en la capacidad militar del EZLN ni en su desarme, ``sino en la desproporcionada y agresiva acción del Ejército Mexicano en contra de las comunidades, organizaciones y autonomías indígenas''.

Luego de señalar que ``toca presionar al gobierno'' para que atienda las cinco condiciones establecidas por el EZLN para reanudar el diálogo, ``desparamilitarizar'' y reducir los efectivos militares, así como respetar la ley para el diálogo y castigar a los asesinos de Acteal, refiere que ``a esta presión conviene incorporar la participación internacional, inclusive de gobiernos y organismos internacionales (no para sustituir a las partes, sus contenidos, mecanismos ni acuerdos, sino para coadyuvar a que se reoriente y dinamice políticamente el proceso de paz).