Exhorta el tricolor al mandatario a poner fin a la intolerancia
Ciro Pérez Silva y Mireya Cuéllar Ť Por primera vez en lo que va de la presente legislatura, los diputados priístas no salieron en defensa del gobernador de Morelos, Jorge Carrillo Olea, y advirtieron que ``respetarán la decisión final que se llegue a tomar'' sobre los asesinatos y secuestros promovidos por funcionarios de la entidad. El legislador priísta por Morelos, Juan Jaramillo Fricas, hizo incluso un llamado ``a los compañeros diputados'' a que antepusieran el interés por su estado, y permitir que en el marco del derecho ``se defina lo que pueda ocurrir''.
Esta convocatoria se extendió al propio Carrillo Olea, como preámbulo ``a lo que viene'': Como priísta, dijo, ``hago un exhorto respetuoso al gobernador de mi estado, a los presidentes de los partidos políticos, a los diputados locales y federales a que pongamos un alto ya a este clima de intolerancia. Que la razón y que el derecho hablen por sí solos''.
El cambio en la postura priísta fue respondido de inmediato por el PRD. José del Carmen Enríquez Rosado propuso un acuerdo de gobernabilidad en el estado, ``para limpiar las instituciones públicas, empezando por aquellas encargadas de la procuración de justicia'', y culminar la reforma política de la entidad e ``integrar un gobierno que restablezca la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas''.
Enríquez Rosado dejó claro, sin embargo, que no está en el interés del PRD cubrir con un miembro de su partido un eventual interinato en el estado de Morelos, y adelantó que en ese lugar pudiera ubicarse un ciudadano distinguido, ``para culminar este gobierno en la entidad''.
Jaramillo Fricas se mostró conforme con la propuesta, cuando el perredista afirmó que ``no se tomará ningún acuerdo por encima de la ley ni por encima de las instituciones encargadas de impartir justicia''.
La intervención del legislador priísta tuvo lugar ayer en la sesión de la Cámara de Diputados, luego de que el panista Marco Antonio Adame Castillo reiterara en tribuna la determinación de su partido de encaminar un juicio político contra el mandatario estatal y propusiera un punto de acuerdo para que la Suprema Corte de Justicia designe ``comisionados especiales'' a fin de dar seguimiento a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre ``las graves violaciones a las garantías individuales'' de los morelenses.
Enviada a las comisiones unidas de Gobernación y Justicia para su dictamen, la propuesta del PAN considera que debe investigarse el contenido de la recomendación 25/98 de la CNDH, en la que se considera que existen ``graves, sistemáticas y reiteradas'' violaciones a los derechos humanos.
Sobre el DF, debate sin propuestas
Esta ánimo por frenar el clima de enfrentamiento entre los partidos, que por momentos contribuyó a colocar el debate en un nivel pocas veces visto en esta legislatura, no soportó por mucho tiempo los embates del bronx priísta ni la inexperiencia de los diputados perredistas que permanecen alejados del grupo que coordina los trabajos legislativos de su partido.
Al tema de Morelos, siguió el debate sobre la situación político-administrativa del Distrito Federal.
Los priístas, encabezados por Enrique Jackson y Guillermo Barnés, sostuvieron en tribuna que, desde el día que asumió su cargo, el jefe del gobierno capitalino prometió cambios significativos en el corto plazo, pero la violencia, los asesinatos, el robo de autos y de bancos se han incrementado, por lo que exigieron ``cumplir con hechos y no con promesas'', y afirmaron que la capital del país carece de proyectos y acciones concretas.
Por el PRD, Armando López Romero salió a la defensa del gobierno capitalino. Explicó que no existe gobierno alguno que en 120 días de iniciada su gestión obtenga los resultados que hoy se exigen.
Apenas comenzada su intervención, la elegancia del bronx priísta, instigada desde la burbuja del PRI por su coordinador, Arturo Núñez, y los vicecoordinadores, Rafael Oceguera y Fidel Herrera, se hizo sentir en un salón de plenos que nunca tuvo el quorum necesario siquiera para iniciar la sesión de ayer.
Los gritos, las acusaciones y los señalamientos contra el PRD y su dirigencia eran coreadas desde sus curules por los diputados del PRI marginal, el que no sube a la tribuna y ha hecho de la provocación su aportación al debate parlamentario. Actitud a la que se sumó la inexperiencia parlamentaria de algunos perredistas que, con sus preguntas al orador priísta en turno, descalificadas incluso por su vicecoordinador Pablo Gómez, abrían mayores espacios para los ataques.
No hubo modo de regresar a la civilidad parlamentaria, y al desorden siguió la ``trivialización del debate'', como calificaron los panistas a las acusaciones mutuas entre priístas y perredistas. Se dejó de lado la discusión sobre otros problemas como la seguridad pública y la falta de agua y de servicios de transporte, ``de tantas cosas que hace falta resolver'', sintetizó el PAN.
Iniciativas
Durante la sesión de ayer, se presentaron diversas iniciativas de reformas constitucionales en varias materias: derechos humanos; prerrogativas a partidos políticos; en favor del municipio, y para modificar la Ley del Seguro Social y la Ley de Pesca, todas las cuales fueron enviadas a las comisiones respectivas para su dictamen.