Sami David*
Los partidos ante la nación

Los partidos políticos representados en el Congreso y el gobierno de la República se aprestan a reanudar las conversaciones para profundizar la reforma del Estado. Enhorabuena. México requiere fortalecer sus instituciones con la iniciativa y el voto de la sociedad y de todas sus fuerzas políticas.

El cambio político está en marcha. Nada lo detiene. Pero es preciso marcarle las coordenadas, para que ni los intereses de grupo ni las inercias del acontecer cotidiano suplanten lo que tiene que ser un ejercicio de amplio debate y altura de miras.

El país requiere mirar hacia adelante, con visión estratégica, no agotarse en la contingencia, la opresión del corto plazo. La responsabilidad es compartida. No sólo del poder público.

La política no es ni puede ser sólo lucha electoral, disputa de espacios políticos. Importa mucho a la nación el reacomodo de fuerzas en este decisivo año, pero más importa el esfuerzo convergente para dotar de una nueva estructura al Estado mexicano: la relación de la sociedad con los tres poderes, el equilibrio entre ellos, los instrumentos para fiscalizar y acotar el poder, y para dar fluidez a la toma de decisiones en las diversas instancias de gobierno.

Asimismo, la descentralización del poder; el auténtico federalismo y el nuevo municipio, más allá de lo estrictamente fiscal; el Estado ante los medios de comunicación y, algo que toca las fibras más sensibles de los mexicanos, la nueva relación del Estado y la sociedad con las comunidades indígenas.

En materia electoral, inmersos en escaramuzas y autoflagelaciones, poco hemos apreciado una conquista colectiva del desarrollo político de México: nos hemos sacudido el estigma de la sospecha.

Estamos hablando de un producto genuino de la reforma del Estado, un fruto de la voluntad de cambio de la sociedad civil y de todas las fuerzas políticas nacionales.

Sin embargo, es tiempo de ir más lejos. No sólo la elección democrática de representantes y gobernantes, sino la reforma de los poderes del Estado.

Y reformar al Estado no sólo es reducirlo a su mínima expresión, ceder espacios a los poderes de facto y a la dictadura del mercado, como advierten algunos analistas especializados en el tema, sino al contrario, darle eficacia para responder a los enormes retos de un país con tantos activos pero al tiempo con tantos pasivos como el nuestro.

La lucha de los mexicanos, preferencias ideológica a salvo, debe ser en favor de un Estado nacional con capacidad para encabezar los esfuerzos por un desarrollo equilibrado, justo, que integre a la nación y dé certidumbre al futuro. La justicia social no puede ser dejada al libre juego de los factores de la producción, el capital y el trabajo.

Aunque suene a pasado, es presente: el Estado mexicano es un Estado socialmente comprometido. Lo otro sería la abdicación ante fueros y privilegios.

Hacia un fortalecimiento del poder por el camino de la democracia debe apuntar la reforma del Estado.

Para empezar, la reforma del Poder Legislativo, no sólo para fortalecerlo ante el Ejecutivo, sino para darle agilidad a sus órganos de gobierno, en estos tiempos de pluralidad. Que la riqueza de las deliberaciones no se traduzca en parálisis ni en desvío de los cometidos fundamentales del Congreso.

En la relación del Legislativo con el Ejecutivo, fortalecer la función de fiscalización y contraloría, dotando de mayores atribuciones a la Contaduría Mayor de Hacienda, lo que no significa que el gobierno incumpla su responsabilidad de vigilar y sancionar el cumplimiento de sus programas y su código de responsabilidades.

En lo relativo al fortalecimiento del federalismo, revisar la distribución de los recursos, pero antes precisar las facultades de cada instancia de gobierno: no se trata ni de llano regateo de porcentajes de participación fiscal ni de desconcentrar por desconcentrar la toma de decisiones. Antes que cifras, criterios de asignación: no debe olvidarse que la justicia es dar trato desigual a desiguales.

Ni la población, ni la aportación tributaria alicuota de cada entidad federativa deben ser referentes únicos de la distribución de las partidas presupuestales. Eso sería profundizar los desequilibrios y las iniquidades.

La prensa es uno de los principales factores de fiscalización y contrapeso del poder. Tiene también una responsabilidad en el proceso de democratización de la vida nacional. Tiene derechos y obligaciones. Ningún proceso de reforma del Estado puede pasar por alto la revisión de su relación con el llamado, no gratuitamente, cuarto poder.

Finalmente, para hablar sólo de algunos puntos de la agenda de la reforma, tiene que arribarse a un consenso para definir la nueva relación del Estado y la sociedad mexicana con las comunidades indígenas. Ninguna reforma al sistema de convivencia política de los mexicanos puede pasar por alto la suerte de millones de nuestros conciudadanos, que quieren respeto a su cultura y ratificación de su nacionalidad mexicana.

Hay que escuchar la voz de los indígenas en Chiapas y fuera de Chiapas. El México de fin de siglo no puede ser obra de iluminados. Los partidos, como entidades de interés público, tienen un compromiso mayúsculo con la nación.

* Senador de la República