Luis Villoro
Legislar para la paz

(Segunda y última)

El Ejecutivo ha sostenido que su propuesta de ley sobre derechos indígenas no forma parte de un plan de guerra sino, por lo contrario, aspira a realizar la paz. Una vez más, tratemos de juzgar el punto con la mayor objetividad posible. Para ello, no debemos atender a las intenciones sino a los hechos. Para juzgar de la pertinencia de una acción política, no importan los deseos del agente sino la función que su acción cumple en la realidad. Hay que analizar las consecuencias inmediatas que pueden racionalmente preverse de la acción. ¿Cuáles son las consecuencias racionales previsibles, de la aprobación de la propuesta del Ejecutivo?

1. Los Acuerdos sobre derechos indígenas son sólo una parte de un largo proceso de negociación política, destinado a concluir con la paz y con la inserción del grupo rebelde en las prácticas políticas democráticas. Al promulgarse la Ley, se actúa conforme a derecho, pero sólo a costa de interrumpir definitivamente el proceso de negociación política. Se dirá que el EZLN ya lo ha interrumpido con su silencio. Eso es discutible, pues el EZLN ha aceptado regresar al diálogo si se cumplen ciertas condiciones que, en su concepto, lo hacen imposible. Pero aun si fuera así, el acto del Legislativo haría prácticamente innecesario reanudar la negociación, elevaría a norma obligatoria la voluntad de una sola de las partes y eliminaría definitivamente el objeto principal del diálogo. Se abriría entonces la probabilidad de restaurar el estado de hostilidades previo a la negociación.

2. En el artículo anterior (La Jornada, 01/04/98), vimos que tanto la propuesta del Ejecutivo como la del PAN difieren en varios puntos de las Propuestas conjuntas de San Andrés. Por consiguiente, si se aprobara una combinación de ambas, el EZLN la desaprobaría. Pero, hay algo más grave: las comunidades indígenas se verían divididas. Algunas, controladas por el PRI, le prestarían su apoyo, otras, en cambio, las más independientes, ya se han manifestado en contra y en favor del estricto cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. El organismo más representativo, el Congreso Nacional Indígena, se ha declarado en ese sentido. La aprobación de la iniciativa de ley traería la división extrema de los pueblos indígenas a lo largo del país.

3. Ninguno de los grupos de ciudadanos que han manifestado, repetidas veces, su apoyo a los Acuerdos de San Andrés y a la iniciativa de la Cocopa estaría conforme con la nueva ley. El PRD se ha pronunciado claramente en su contra. Muchas ONG harán lo mismo. La aprobación de la iniciativa gubernamental o de cualquier variante que difiera de los Acuerdos, traería la división extrema en el interior del Congreso de la Unión y en toda la sociedad civil.

4. Nadie pone en duda la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para promulgar leyes. Todos tendríamos que aceptar la validez jurídica de cualquier decisión mayoritaria de ese poder. Aún así, su consecuencia racionalmente previsible sería la división en dos del país y el aplazamiento de todo consenso entre las partes. ¿Es eso legislar para la paz?

5. ¿Cuál sería entonces la alternativa? Después de las iniciativas de ley del Ejecutivo y del PAN, es claro que ya no existen condiciones para la aceptación por consenso de la iniciativa de la Cocopa. Ante el acoso militar contra las comunidades zapatistas y el silencio del EZLN, tampoco es posible, en estos momentos, el renuevo de las negociaciones. En cambio, sí es posible y necesario un periodo de reflexión: examen de las propuestas de ley a la luz de los textos de San Andrés; y un periodo de escucha: audiencias abiertas a los pueblos indígenas y a los miembros responsables de la sociedad civil.

Para evitar dividir en dos al país y abrir una posibilidad de paz, sólo queda una salida: dar tiempo, para que una nueva legislación sobre derechos indígenas sea el resultado de un consenso, tenga la aceptación de todos los pueblos indígenas, culmine un proceso de concordia. Para ello es indispensable una suspensión temporal de la tarea legislativa, una tregua para encontrar un consenso. Sólo entonces legislar.

El Congreso de la Unión no debe ser ``rehén'' de ningún grupo, pero sí lo es de sus electores. Es rehén del pueblo de México. Y el pueblo de México no quiere que legisle para su división. Quiere que legisle para la paz.